“Yo estoy bien, no me van a mover de lo importante”. Es el escueto comentario de Pedro Sánchez intentando restar importancia al ataque sufrido el domingo en la visita oficial con los Reyes y Carlos Mazón a Paiporta, zona cero de la DANA. El presidente no ha emprendido, por el momento, acciones legales contra los ciudadanos que, según Interior, le agredieron. Si bien, la Abogacía del Estado se suele personar en estos casos, según avanzan las fuentes jurídicas consultadas por Artículo14.
Lo que iba a ser una visita oficial para escenificar el apoyo de las altas instituciones del Estado a los afectados por la DANA, acabó con el presidente del Gobierno “agredido”, su coche oficial destrozado y un escolta de la Reina Letizia con la cara ensangrentada. Fue tan delicada la situación que el equipo de seguridad de Pedro Sánchez tomó la decisión de desalojarle aunque los Reyes decidieron mantener la visita.
Una situación de tensión y violencia que ya está investigando el juzgado de instrucción número 3 de Torrent, en Valencia, por tres posibles delitos atentado contra la autoridad, desórdenes públicos y daños al patrimonio público. La instrucción se inicia después de que la Guardia Civil redactara un atestado del incidente. Documento que se asume como diligencias previas en el caso y en el que basará sus pesquisas el juez.
En cuanto a la agresión del presidente del Gobierno, las imágenes son confusas y no se aprecia si Sánchez recibió algún golpe o no. Si bien, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo confirmó: “El presidente recibió un golpe. El hecho de poner la mano encima de una persona es grave y más aún cuando se trata de una alta institución del Estado. Sánchez es el presidente del gobierno de todos los españoles, y debemos entender que poner la mano encima de una figura como el presidente, los Reyes, o cualquier autoridad de alto rango es una agresión a la dignidad no solo personal, sino de la institución”, denunció el ministro.
El magistrado Ignacio González Vega explica que al ser delitos graves los que se investigan “no requieren que nadie interponga una denuncia”. La clave para que la investigación prospere y haya responsables que asuman responsabilidades estará en “lograr identificar”, con las imágenes grabadas, a los presuntos culpables.
Los atacantes se podrían enfrentar a un delito de atentado contra la autoridad penado con hasta cuatro años de prisión. La misma pena que el agresor del escolta de la Reina Letizia, al que vimos con la cara ensangrentada. Por último, los que destrozaron el coche del presidente podrían enfrentarse a un delito de daños contra el patrimonio público penado contra hasta tres años de prisión.
Los desórdenes públicos que investiga el juzgado valenciano responderían a una posible organización previa de los hechos, según estimó Marlaska: “Vamos a dejar que la investigación siga su curso y podamos basarnos en datos objetivos, pero es obvio que razonablemente había un mínimo de organización por parte de unos grupos marginales violentos que hay que condenar de forma tajante”.
El sindicato ultraderechista Solidaridad auspiciado por Vox ofreció ayuda jurídica a los posibles multados o detenidos por apalear el coche de Pedro Sánchez. Si bien, fuentes consultadas por Artículo 14 confirman que nadie les ha pedido esa asistencia gratuita legal.
