El caso Neurona ha sido uno de los episodios más mediáticos y judiciales que han rodeado a Podemos en los últimos años. Desde 2020, el partido liderado entonces por Pablo Iglesias e Irene Montero fue objeto de una investigación por parte del juez Juan José Escalonilla a raíz de una denuncia del antiguo abogado del partido, José Manuel Calvente. Durante más de tres años, se especuló sobre la posibilidad de que Podemos hubiera cometido delitos relacionados con la financiación ilegal, la creación de una ‘caja B’, sobresueldos a sus dirigentes y el pago de cantidades infladas a la consultora mexicana Neurona Consulting.
La larga sombra de estas acusaciones afectó significativamente la imagen pública del partido y generó una crisis interna y externa. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ha puesto fin a este proceso al desestimar definitivamente las alegaciones de Vox, el partido de extrema derecha que persistió en mantener las acusaciones pese a la falta de pruebas contundentes.
¿Qué es el caso Neurona?
El caso Neurona tuvo su origen en 2019, cuando Podemos contrató los servicios de la consultora mexicana Neurona Consulting para las elecciones generales de aquel año. El contrato estaba destinado a cubrir servicios de asesoría y estrategia electoral. No obstante, José Manuel Calvente, antiguo abogado de la formación, denunció presuntas irregularidades en el pago a Neurona. Acusó al partido de haber inflado los precios y de haber desviado fondos de manera fraudulenta.
A partir de esta denuncia, el juez Juan José Escalonilla abrió una investigación que se extendió durante tres años. Entre las líneas de investigación del caso Neurona figuraban acusaciones que iban desde la financiación irregular hasta la existencia de una ‘caja B’ y la utilización de fondos para fines personales, como el pago de servicios domésticos para los hijos de los líderes del partido, Pablo Iglesias e Irene Montero.
Irene Montero | EFE
A medida que la investigación avanzaba, las acusaciones se tornaron más complejas, involucrando a altos cargos del partido como Juanma del Olmo y Juan Carlos Monedero. Vox desempeñó un papel clave en prolongar el proceso judicial. El partido de Santiago Abascal presentó múltiples recursos ante los tribunales e intentó mantener viva la acusación de que Podemos había cometido un delito de financiación ilegal.
Sin embargo, las pruebas presentadas por Vox fueron continuamente rechazadas por el juez Escalonilla, quien concluyó que no había indicios suficientes de los delitos que se le atribuían al partido. En varias ocasiones, el magistrado dejó claro que muchas de las acusaciones se basaban en rumores o testimonios de terceros sin fundamento.
La absolución judicial de Podemos
Finalmente, el año pasado el juez Escalonilla archivó gran parte del caso, exonerando a Podemos y sus dirigentes de los delitos de financiación ilegal y falsedad documental. En su auto, el juez concluyó que no existía ninguna evidencia que demostrara que el partido hubiera desviado fondos o que los pagos a Neurona Consulting estuvieran inflados. Además, el magistrado resaltó que los servicios contratados por Podemos fueron prestados a un precio inferior al del mercado en aquel momento. Eso contradecía la teoría de que se hubiera pagado de más a la consultora mexicana.
El exportavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados Pablo Echenique | EFE
La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado estas conclusiones en 2024, cuando desestimó el último recurso de Vox y cerró definitivamente el caso Neurona. La sentencia final estableció que no había existido delito de financiación irregular, ni una caja B, ni sobresueldos ilegales. Además, se concluyó que Juan Carlos Monedero, fundador del partido, había prestado efectivamente los servicios de asesoría por los que había sido remunerado.