Un total de cero mensajes hay en el móvil de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, entre el 8 y el 14 de marzo, los días clave en la filtración de datos personales de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso. Es la conclusión del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil encargado por el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado. Un documento que los periodistas esperaban extenso y enrevesado, pero que quedó en tan solo dos páginas.
El fiscal general está imputado en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. González Amador se querelló contra García Ortiz a principios de abril por la publicación de un comunicado por parte de la Fiscalía en el que se aclaraba que fue el propio González Amador quien ofreció un acuerdo al Ministerio Público y en el que reconocía el fraude. En el hilo de correos electrónicos González Amador se ofrecía a pagar y aceptaba la sanción penal. La nota de prensa emitida por la Fiscalía de Madrid desmentía que hubiera sido la Fiscalía quien ofreciera ese acuerdo de conformidad. Por ello, el Alto Tribunal también imputa a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que supuestamente envió al fiscal general del Estado datos para la elaboración de la citada nota.
El juez Ángel Hurtado no encontró indicios de delito en la publicación de la nota de prensa como tal porque en el momento de la publicación de la circular la información ya había sido publicada por otros medios. Sin embargo, sí quiso investigar el magistrado quién fue el responsable de la filtración de los datos sensibles de González Amador a la prensa. Para ello ordenó varias diligencias. Entre ellas, el volcado del móvil de García Ortiz que resultó fallido dado que se habían borrado los mensajes de aquellos días.
De esta forma el juez no podrá saber si el fiscal general compartió información sobre la filtración de la paraje de Ayuso con personal de La Moncloa, que según acreditan los mensajes del móvil de Juan Lobato habrían participado en la publicación de datos sensibles González Amador. Concretamente la UCO apunta a los secretarios de Estado de Comunicación, Francesc Vallès y Ion Antolín.
Desde la fiscalía general alegan que el borrado es un procedimiento “habitual”. Hacen referencia a varias normas internas sobre protección de datos que aconsejan no almacenarlos “indefinidamente”. También hacen referencia como parte de las “obligaciones” del Ministerio Fiscal a la “destrucción de forma segura de documentos y dispositivos en desuso utilizando, para la documentación en soporte papel, las destructoras o contenedores cerrados previstos al efecto”. Las fuentes preguntadas por este periódico aseguran que el borrado se realiza periódicamente: “Imagina que pierde el móvil o se lo roban…”, argumentan. Explican que el borrado del ordenador se lo realizan los informáticos a García Ortiz. Sin embargo, desde la carrera fiscal califican esta teoría de “cuento chino”: ¿Desde cuándo te borran el móvil personal en una administración?
Pero el juez Ángel Hurtado sí tiene mensajes guardados de esos días de García Ortiz. Constan en un informe de la UCO y los intercambió con Pilar Rodríguez la fiscal jefe provincial de Madrid. En el informe relatan cómo fue el desarrollo de los acontecimientos.
El 3 de marzo, el diario El Mundo publicó a las 21:29 horas una información en la que explicaba que la Fiscalía había ofrecido a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales. Pero esto fue a la inversa fue el abogado de González Amador quien le ofreció ese pacto a García Ortiz. Por ello, el fiscal general del Estado se puso en marcha a través de whatsapps dirigidos a la fiscal jefe provincial de Madrid para hacerse con las comunicaciones que mantuvo el abogado de González Amador con la fiscalía de Delitos Económicos. A las 21:34h, García Ortiz ya estaba telefoneando a Pilar Rodríguez y esta, a su vez, iniciando comunicaciones con Julián Salto —recordemos, fiscal de Delitos Económicos— para hacerse con todos los correos intercambiados con el abogado de la pareja de Ayuso.
Estos son los mensajes que obran en el informe de la UCO de estas horas en las que García Ortiz intenta hacerse con toda la información:
— Pilar Rodríguez: Hola. ¿A qué correo te mando los correos cruzados de Julián y el abogado?
— Álvaro García Ortiz: alvxxxxxx@gmail.com
Al cabo de un rato, el fiscal general del Estado vuelve a ponerse contacto con la fiscal jefe provincial de Madrid.
— Álvaro García Ortiz: Hola, nos falta el mail que Julián le manda el 5 del marzo al abogado. Pídeselo, por favor. Es del que habla la prensa comunicándole la presentación de la denuncia.
La ansiosa búsqueda de este correo acaba incluyendo a una figura más del estamento de la fiscalía, en este caso a la fiscal decana de la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, Virna Alonso. Las comunicaciones prosiguen entre varios miembros con la sospecha de que el correo que se está buscando no tenga fecha de 5 de marzo, sino de 12 de marzo. A las 23.43h, el fiscal general del Estado insiste a la fiscal jefe provincial para que lo localice y se lo haga llegar:
— Álvaro García Ortiz: Lo necesitamos para cerrar el círculo.
El correo en cuestión aparece y a las 23:51h, la edición digital de la cadena SER ya publica el mail filtrado por la Fiscalía en el cual el abogado de Alberto González Amador se dirigió a Delitos Económicos. “El novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto declarándose culpable de dos delitos para evitar un juicio”, titula la información filtrada.
Tras la publicación en la web de la SER, el objetivo pasa a ser redactar la nota de prensa. Después de un intercambio de mensajes limando la circular, Pilar Rodríguez se comunica con García Ortiz para decirle que tanto ella como Virna Alonso opinan que la nota de prensa “está perfecta”. Aquí es cuando todos respiran aliviados según los mensajes intervenidos
— Álvaro García Ortiz: Dale las gracias a Virna, a Julián (y un abrazo por soportar esto) y sobre todo a ti
— Pilar Rodríguez: Se lo transmito. Gracias a todo el equipo Fortuny (en alusión a la calle que es sede de la Fiscalía General del Estado).
De todo ello, la UCO concluye que el fiscal general del Estado “comenzó a impartir órdenes” tras la publicación de la noticia mencionada de El Mundo “para recabar los correos mantenidos entre el abogado de la defensa y la Fiscalía”. De ahí que su conclusión sea que García Ortiz tuvo una “participación preeminente del fiscal general del Estado” en la filtración para cercar a González Amador.