La Audiencia Provincial de Madrid acordó en su día acotar la instrucción del juez Juan Carlos Peinado sobre la mujer del presidente, Begoña Gómez. En concreto, consideró que no había motivos suficientes para indagar sobre su participación en el rescate de Air Europa, la compañía aérea, filial de Globalia, que recibió 475 millones de euros del erario público para que no cayera en bancarrota tras el parón de la pandemia. Aunque esto podría cambiar, según las fuentes consultadas por este periódico.
Una de las actividades profesionales de Gómez fue dirigir el IE Africa Center para promover el desarrollo sostenible en el continente africano. Es por ello que acudió a un acto en San Petesburgo de la Organización Mundial de Turismo en el que coincidió con Javier Hidalgo, CEO de Globalia. En esa reunión, también habría estado presente Víctor de Aldama, el ‘nexo corruptor’ del caso Koldo. Además, la mujer del presidente mantiene una relación personal con Leticia Lauffer, directora de Wakalúa, otra filial del conglomerado de Globalia, que también aportó dinero a la cátedra de Gómez.
Ha habido novedades en este sentido. Recientemente se publicó una captura de pantalla del móvil de Lauffer que llegó a manos de Victor de Aldama en la que Gómez y Lauffer hablaban de dos reuniones que tuvieron lugar en 2020 con Hidalgo en la sede de Globalia, cuando la compañía buscaba ser rescatada. Según ha podido conocer este periódico, Lauffer es “amiga íntima” de Gómez y eso explicaría su aproximación a todo lo que tenga que ver con Globalia.
Tras publicarse estos últimos datos, las acusaciones sopesan mover ficha y están estudiando solicitar al magistrado que abra la pata que en su día archivó la Audiencia Provincial, para así indagar la influencia de Gómez en este rescate. Opción que Peinado no descartaría, según fuentes jurídicas, aunque necesita una motivación clara y sustentada para hacerlo porque no puede arriesgarse a recibir otro varapalo de la Audiencia.
Nuevas diligencias
En paralelo, y de momento, el juez Peinado centra sus últimas diligencias en las relaciones laborales con la Complutense. En concreto, sus últimas pesquisas están dirigidas a dilucidar si trató de adueñarse de un software que desarrolló el sector privado para la Cátedra que codirigía Gómez, razón por la cual el próximo día 26 acudirán como testigos responsables de estas empresas. Y por otro lado, si se valió de la asesora de Moncloa que tenía asignada, Cristina Álvarez, para que consiguiera financiación para su cátedra.
A colación a esto, también investiga el juez si el nombramiento de Álvarez fue a dedo, ya que, según la declaración de la asesora, Gómez le llamó para pedirle que ocupara el cargo porque eran amigas antes de que Sánchez llegara a la Moncloa.
Por ello, Peinado solicitó al Palacio de la Moncloa toda la información relativa al nombramiento de Álvarez. En los documentos a los que ha tenido acceso Artículo14, certifican que Álvarez ocupa desde julio de 2018 un puesto denominado “directora de programas ” con un salario de unos 50.000 mil euros brutos anuales, cuyas funciones son “de colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo en el marco de la atención a la esposa del Presidente del Gobierno en las que predominan las notas de afinidad inherentes a la confianza”.
En el marco de este bloque de la investigación, Peinado justifica la citación como testigo de Alfredo González, el encargado de su contratación y vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno en el momento de la designación de Álvarez.
El caso se extiende entre el personal de la sede presidencial. La imputación de Álvarez la celebran las acusaciones que aglutinan Manos Limpias, Iustita Europa, Vox y Hazte Oir, pero andan con cautela y plantean a Peinado “aportar mayor motivación y argumentación con respecto a la decisión”, reza un escrito presentado. No creen que el motivo sea “insuficiente”, sino que temen que la instancia superior del juzgado de instrucción 41 se lo tumbe: “A día de hoy conocemos que la Audiencia Provincial de Madrid ha anulado ciertas diligencias de investigación por considerar”, argumentan.
Toques de atención al juez
Lo cierto es que Peinado ha recibido recientemente dos toques de atención. Por un lado, la Audiencia anuló el registro de los despachos y el domicilio de Juan Carlos Barrabés, compañero de máster de Begoña Gómez, también imputado en el caso porque, supuestamente, la esposa del presidente firmó cartas de recomendación para que las empresas del empresario consiguieran dinero público.
Asimismo, la Audiencia, en un segundo fallo, suspendió el volcado de móvil de Barrabés y pidió que se destruyera el contenido porque “no se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad. Solo aquello que es compatible con la defensa del elemento nuclear de los derechos fundamentales, así la dignidad, la intimidad, etcétera dentro de los parámetros fijados en la ley”, argumentó la Sala.
La Audiencia de Madrid recordó a Peinado que la investigación sobre la adjudicación de contratos públicos a la empresa de Barrabés la lleva la Fiscalía Europea y que el caso que instruye solo puede indagar en lo relativo al máster de la Complutense.