Las diligencias del juez Juan Carlos Peinado siguen desentrañando la actividad económica y empresarial de la mujer del presidente del Gobierno. Por muy obvias que parezcan, las pesquisas de Peinado van esclareciendo si Begoña Gómez se aprovechó de su condición para favorecer sus negocios y relaciones laborales.
Por un lado, el magistrado reclamó el acta matrimonial que certifica que Gómez está casada con el Jefe del Ejecutivo. Quería saber en qué régimen estaban casados para conocer si Pedro Sánchez podría haberse beneficiado del enriquecimiento de su pareja. Según el documento, se casaron el 9 de junio de 2006 y firmaron una separación de bienes. Si bien, el acta tiene una errata en la fecha de nacimiento de Sánchez. Dice que nació el 20 de febrero de 1972 cuando en realidad es del 29 de febrero.
Por otro, en el tomo al que ha tenido acceso Artículo 14, obra la relación de cuentas bancarias que aportó el BBVA al juez. En su día el Punto Neutro judicial, certificó que Gómez apenas tenía 40 euros en la cuenta. Sin embargo, el banco alude a una “incidencia técnica” que llevó al error al aportar estos datos. Por tanto, ahora corrige esta información y aporta una lista de 7 cuentas bancarias en las que la mujer del presidente sumaría unos 21.000 euros.
Otro de los elementos esclarecedores es la transcripción de la declaración como investigado de Juan José Güemes, el actual director del Instituto de Empresa para el que trabajó la mujer del presidente y ex consejero del PP. En ella aseveró ante el juez que no se contrató a Gómez por ser esposa de Sánchez, que ninguna persona del gobierno le instó a hacerlo y que consideró que tenía la suficiente experiencia para estar al frente del Africa Center.
De hecho, Güemes aseguró que su labor fue “satisfactoria” y que “los términos del contrato que firmó la Sra. Gómez son los mismos que se firma cualquier otra persona, a excepción del apartado 5, que tenía prohibida la captación de fondos de la administración pública”, afirmó el director del IE ante el juez. Una cláusula que, según declaró Güemes, la mujer del presidente respetó. Por tanto, su comparecencia niega todo tipo de tráfico de influencias en la contratación de Begoña Gómez por el IE.
Por su parte, Begoña Gómez en su última cita con el juez sí declaró y ahora tenemos acceso a la transcripción recogida por los juzgados de lo que dijo. Gómez relató su trayectoria profesional. Según explicó ante Peinado, comenzó en el año 1997 en el Grupo Inmar, en el 2018 cogió una excedencia y en ese momento pasó a ser directora para el I.E. Ratificó que le contrató Juan José Güemes, al que conoció en el 2017, momento en el que ya le surgió la posibilidad de poder entrar a trabajar en el IE, pero como estaba en Inmar y en la Universidad Complutense, no podía.
Por eso, hasta 2018 no hablaron de que sí que tenía tiempo para hacer la colaboración y se incorporó al Instituto de Empresa. Un nombramiento que, afirmó Gómez, se produjo en agosto cuando su marido aún no había ganado la moción de censura contra Mariano Rajoy y aún no había llegado a la Moncloa.
Aseguró que la cátedra que dirige en la Complutense no tenía retribución que se realizaba de manera “altruista” y que por el máster que codirigía solo recibió 15.000 euros para poder desarrollarlo. En los documentos, se certifica que Google dio 110.000 euros para el desarrollo de un software desarrollado para la elaboración de este master. Una plataforma que Begoña negó quisiera adueñarse. Aseguró ante el juez que registró el dominio a su nombre porque el objetivo “era para proteger que mientras se estaba desarrollando ese producto tecnológico (el software) , nadie se hiciera con él hasta el final del proyecto”. Añadió que la plataforma se creó “sin ánimo de lucro y para poner a disposición de la Universidad Complutense”.
Asimismo, en su declaración, Gómez negó las acusaciones sobre un trato de favor a su compañero de máster y también imputado en el caso, Juan Carlos barrabes. Presuntamente, la mujer del presidente firmó cartas de recomendación en favor de Barrabes para que su empresa, Red.es consiguiera adjudicaciones. Ante el juez la mujer del presidente rechazó que hubiera hecho algo para que esa empresa u otra ganara en los procesos de licitación y que se enteró de esas adjudicaciones “a raíz de la causa”.
El papel de Cristina Álvarez
Eso sí, los documentos a los que ha tenido acceso este medio recogen los mails que envió Cristina Álvarez, su amiga y asesora en el Palacio de la Moncloa en los que utilizaba correos institucionales para pedir financiación privada para la Cátedra de Gómez: “Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patrones de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis”, añadía en los mensajes.
En su cita como testigo ante el juez, Álvarez contó que en 2018 comenzó a trabajar en el cargo que ocupa actualmente como empleada pública adscrita a Presidencia del Gobierno. Explicó que entre sus funciones estaban “buscar un entorno seguro, eficiente y discreto a la mujer del presidente, controlar toda su agenda, informar a los servicios de seguridad, el tema de los desplazamientos, las instalaciones donde va a acudir ella, el departamento de protocolo para informarla de las normas de régimen protocolario, etc”. Dijo que su contrato es “como un nombramiento” que pertenece al nivel 26 y que “Begoña me comentó que era un puesto de confianza, que era lo que había ocurrido siempre en otros gobiernos con las mujeres de los presidentes”.