Un 66% de los ciudadanos de Cataluña está de acuerdo o muy de acuerdo con que el Gobierno haya perdido el control de quien entra en nuestro país y un 59% cree que hay demasiada inmigración en la comunidad. Los electores de Vox (un 92% de ellos) y de la Aliança Catalana de Sílvia Orriols (un 84% de ellos) lideran esta percepción de que sobran extranjeros, pero la sensación también es mayoritaria entre los votantes de PP (80%), Junts (70%) y PSC (58%).
Son datos del Centro de Estudios y Opinión (CEO) de la Generalitat, el CIS catalán, y ayudan a explican por qué Junts llevaba meses negociando con el Gobierno la transferencia de competencias en inmigración. El rechazo a la extranjería abanderado por Aliança Catalana, siempre a punto para abrir fuego contra la fiesta del cordero o el uso del velo islámico, está provocando una continua sangría electoral a Junts y disparando las opciones de Orriols (ahora con dos diputados en el Parlament y con la expectativa de alcanzar los siete).
La Cataluña de los 8 millones
Lo cierto es que la Cataluña de hoy en día, la de los 8 millones de población, no se entiende sin fijarse en los 1,4 millones de personas nacidas en el extranjero (el 18,02% de la población total). Echar un vistazo hoy a las estadísticas del Instituto Catalán de Estadística (Idescat) no solo deja una inacabable lista de países que nutren la demografía autonómica, sino también un dato muy elocuente: la tasa de crecimiento total de la población total de un año a otro es del +13,86% y no es precisamente porque las familias se hayan decidido a tener hijos (el descenso de la natalidad es continuo en Cataluña desde el año 2009), sino porque la llegada de ciudadanos más allá de nuestras fronteras prosigue a buen ritmo.
Ningún país aporta a Cataluña un flujo de migrantes como Marruecos, de donde proceden +240.000 personas. Pero cabe subrayar las bolsas de población de otros países como Colombia (+95.000), Rumanía (+85.000), Italia (+85.000), Honduras (+65.000), China (+60.000) y Pakistán (+60.000).
La cuestión, claro, es cómo está encajando Cataluña este potente flujo migratorio que ha modificado por completo la composición de una comunidad que en 1987 apenas tenía un 1% de la su población de origen extranjero. Era la Cataluña de los 6 millones, la que basaba todos los sectores de su economía en los ciudadanos autóctonos y la que acudía las urnas sin plantearse algo parecido al control de las fronteras.
Paro y delincuencia
Esa sociedad de hace 40 años ya no existe. Hoy sería impensable mantener en marcha los bares, las panaderías, los restaurantes, el reparto y la agroalimentación —por citar algunas actividades económicas— sin la fuerza de la población venida de fuera. Pero hay ángulos bastante diferentes para observar el fenómeno migratorio, como el de la seguridad y el desempleo.
Los últimos datos oficiales relacionados con detenciones (2023) indican que uno 58% son extranjeros. Más datos, en este caso de los 123.000 cometidos a lo largo de ese mismo año, fuera un hurto, un asesinato, una estafa, una agresión sexual o un robo. Más de 55.000 de estos delitos fueron cometidos por personas extranjeras o, lo que es lo mismo, son menos del 20% de la población pero cometen más del 40% de las ilegalidades.
En todo caso, los gobiernos catalanes (el anterior de ERC y el de ahora del PSC) han tratado de no incendiar el ambiente y, de hecho, han optado por lo contrario subrayando las bondades del fenómeno migratorio: el 50% cotiza y trabaja. En cambio, los datos de paro por nacionalidad suelen pasar más desapercibidos, pero muestran que los extranjeros representan el 20,8% de las personas registradas en paro (unas 70.000 personas). El verdadero problema, claro, no es el paro registrado, sino el invisible.