El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha utilizado la imputación de su mujer, Begoña Gómez, para movilizar a su electorado de cara a las europeas. En una nueva misiva dirigida a la población, pide “respuesta en las urnas contra la cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista”. Según el líder del Ejecutivo, la decisión del juez Peinado de imputar a su mujer y citarla a declarar el próximo 5 de julio no corresponde a un criterio judicial, sino a una motivación política que hay que combatir.
Esta crítica por lo que se considera un juego sucio de oportunismo electoral choca con una situación paralela: la ley de amnistía. Ésta se aprobó el pasado 30 de mayo, y sin embargo el Rey aún no la ha firmado. Según establece la Constitución, desde que se aprueba una ley en el parlamento, el Jefe de Estado debe sancionarla y promulgarla en un plazo de 15 días. Para ello, dicha ley debe ser publicada en las Cortes, y después Moncloa debe enviarla a Zarzuela para que el Jefe del Estado la sancione y se publique posteriormente en el BOE.
Si la ley se publicó en el parlamento el jueves día 30, Don Felipe puso rumbo el fin de semana a El Salvador para asistir a la toma de posesión del presidente electo, Nayib Bukele. El domingo ya estaba de regreso en España, por lo que el mismo lunes podría haberla sancionado.
El hecho de que aún no se haya plasmado la rúbrica responde a una estrategia del Gobierno. Este medio, en conversación con constitucionalistas, publicó recientemente un artículo en el que aseguraban no haber encontrado un precedente de una ley que atentara tanto contra el orden constitucional. “No hay otra ley que suponga una fractura de lo que es la Constitución y el Estado de Derecho”. En definitiva, una ley polémica que el presidente sabe no ha calado bien en parte del votante socialista. Las encuestas realizadas en distintos medios desde que se puso sobre la mesa la ley de amnistía, arrojan que desde un 40% en adelante el electorado socialista no estaría a favor. Sánchez sabe que la firma del Rey traerá de nuevo la ley a la primera línea de la actualidad política y no le interesa de cara al 9-J.
En este escenario, la Casa del Rey llenó la agenda del Jefe del Estado de actos públicos esta semana: casi una decena. Uno de ellos con un mensaje claro. En la entrega de premios de periodismo el lunes, afirmó sin fisuras que “Es preciso que la sociedad civil y las instituciones democráticas de todo el mundo defiendan la libertad de información“. No sólo el Monarca ha tenido una actividad pública notoria, sino que las mujeres de la realeza refuerzan la Corona: Doña Doña Letizia se encuentra en Guatemala en viaje de cooperación, la Reina Sofía presidirá un acto el sábado en La Alhambra para presidir el Festival Internacional de Música y Danza y la Infanta Elena aparece en la agenda pública de la Familia Real -al ser hermana del Rey pertenece a la Familia del Rey y no tiene asignación por parte de los Presupuestos Generales del Estado- para presidir el jueves la entrega de Premios del “Concurso de pintura Infantil y Juvenil” para centros escolares de Patrimonio Nacional y el domingo presidirá la Corrida de la Beneficiencia en Las Ventas. Por primera vez, Don Felipe ha delegado en su hermana asistir a la tradicional corrida.
El que el Rey sancione la ley la semana próxima supone un desvío de atención de cara al 9-J, pero pone en el foco el papel del Monarca justo en los días previos al aniversario de su proclamación. Si el plazo para que la ley se publique en el BOE termina el 14 de junio, el día 19 se cumplen 10 años desde que Don Felipe se proclamara Rey de España. En un mensaje claro ante las Cortes, el Monarca no dejó duda de cómo sería su reinado: “Un Rey debe atenerse al ejercicio de las funciones que constitucionalmente le han sido encomendadas”, expuso, al igual que respetar el principio de la separación de poderes y, por tanto, “cumplir las leyes aprobadas por las Cortes Generales”.
Y, a escasos días de que cumpla diez años de reinado, es lo que hará cuando tenga la ley de la amnistía delante. El Rey, pese a que desde algunos sectores se clame que no lo haga y se escude en su papel constitucional de garante de la unidad del país, el artículo 59.2 es implacable: “Las Cortes podrían inhabilitar al Rey si se niega a cumplir sus funciones”.
En caso de que Don Felipe no quisiera firmar la ley sólo le quedaría la posibilidad de inhabilitarse del cargo temporalmente, como hiciera el Rey Balduino de Bélgica cuando se aprobó la ley del aborto. No tendría efectos prácticos, ya que la ley saldría adelante igualmente, simplemente sería una manera de hacer ver su disconformidad. En una Monarquía parlamentaria con un gobierno estable esto se podría producir, pero dado que el Ejecutivo está integrado por partidos separatistas y republicanos no parece que sea la mejor decisión, ya que con toda probabilidad dichas fuerzas políticas saldrían en tromba contra el Rey.
Pese a que las misivas a la ciudadanía últimamente estén de moda, dirigirse a la nación de nuevo como hiciera en 2017 tras el referéndum ilegal por la independencia realizado por la Generalitat tampoco parece viable, ya que sería erigirse directamente contra el Gobierno de España. Así que, si todo sigue el orden normal, Don Felipe firmará su regalo de aniversario tal y como juró que haría hace una década.