La última vez que el presidente del Gobierno convocó rueda de prensa en Palma de Mallorca tras despachar con el Rey fue en 2022. El verano pasado, dado que el Gobierno aún estaba en funciones tras las generales del 23-J, el habitual encuentro se celebró en Zarzuela como la reunión habitual que mantienen cada semana, sin declaraciones posteriores.
En los encuentros los años anteriores, el contexto político dentro de nuestras fronteras era más estable. En 2022, Sánchez le trasladó al Monarca su objetivo de agotar la legislatura para que el Parlamento y el Ejecutivo tuvieran capacidad de “dar respuestas prontas a cualquier incertidumbre o vicisitudes” que pudieran surgir de la guerra de Ucrania y, por tanto, celebrar las elecciones después de 2023. “Es importante que la legislatura dure cuatro años para dar la estabilidad necesaria”, dijo. Finalmente, el destino político no quiso que fuera así. El año anterior, un positivo Sánchez transmitió al Jefe del Estado la “buena recuperación del país” tras la pandemia.
Este año, el escenario político es muy distinto y el despacho entre el Rey y el presidente del Gobierno probablemente no tendrá el mismo perfil. Aún se desconoce la fecha, pero lo que es seguro es que se produzca después del 29, día en que tendrá lugar la recepción a las autoridades en el Palacio de Marivent. Este año, además, comienzan los Juegos Olímpicos el día 26 y la Familia Real, incluyendo la Reina Sofía, se desplazará a París de forma sucesiva para apoyar al equipo español.
Sánchez, en calidad de presidente de Gobierno, puede declarar ante el juez por escrito e incluso podría negarse a hacerlo, ya que la ley exime a los cónyuges. Sea como fuere, se en la reunión con el Jefe del Estado tendrá que informarle de su situación. Por ley, el Monarca tiene que estar informado por parte del Gobierno de todo aquello que concierna al país.
Además de la investigación judicial abierta contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, hay más polémicas a tratar. Una de ellas es la ley de la amnistía, que Don Felipe tuvo que rubricar tras las elecciones europeas el pasado junio. Según publicó la Audiencia Provincial de Palma, al menos 91 personas han sido beneficiadas tras entrar en vigor la ley. Y las partidas pactadas por ERC y PSOE para investir a Illa ya han comenzado: el Gobierno ya ha anunciado que dará 1.520 millones a Cataluña. Una situación que al Jefe del Estado preocupa, como garante de la unidad de España. En su discurso por el décimo aniversario de su proclamación, aseguró que su máxima era cumplir su función constitucional “pese al coste personal”.
La última situación de conflicto, al menos mediático, entre el Ejecutivo y el Gobierno central fue en la gira del Rey por los Bálticos para apoyar a las tropas españolas allí desplegadas. Pese a ser un viaje oficial, el Ejecutivo no mandó a ningún ministro para que acompañase al Monarca. Tras la presión, Sánchez rectificó y la titular de Defensa, Margarita Robles, se desplazó a Letonia en el último día del viaje. Desde entonces, la presencia de los ministros en los actos de la Familia Real se ha potenciado. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, acompañó a la Princesa a Portugal, durante el primer viaje oficial de la Princesa en solitario.
