Felipe VI arranca el curso en la semana judicial más convulsa. A última hora del día de ayer, el Consejo General del Poder Judicial fracasó en su cuarto y último intento de nombrar a su nuevo presidente tras años de estancamiento, pero finalmente este martes se ha salido del estancamiento con el nombramiento de Isabel Perelló Doménech. A primera hora de la mañana del miércoles, el Monarca la recibirá en audiencia en Zarzuela. Seguidamente, hará lo mismo con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, y al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en ese orden.
García Ortiz se presentará ante el Jefe del Estado en una situación sin precedentes en democracia: el juez Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco José Goyena, pidió su imputación al observar delito de revelación de secretos.
Ambos juristas le entregarán al Monarca la memoria anual tanto del Tribunal Constitucional como de la Fiscalía General del Estado, y mantendrán al Rey informado de la situación que vive la Justicia española.
En este escenario, un día después, el Rey presidirá la Apertura del Año Judicial en el Salón de Plenos del Palacio de Justicia, sede del Tribunal Supremo.
Se presenta un curso político y judicial movido: la falta de acuerdos para sacar adelante los Presupuestos pone en jaque la perdurabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez en esta legislatura, en la que se añade a esta inestabilidad la ley de amnistía. Pese a que Felipe VI la sancionó tras las elecciones europeas de junio como establece la Constitución, los distintos recursos presentados ante el Tribunal Constitucional, como los llevados a cabo por Aragón y Galicia, y el Partido Popular estudia sus recursos de inconstitucionalidad antes de que finalice el plazo el próximo 11 de septiembre.
La Justicia afronta un otoño caliente que condicionará el curso político. El papel que tendrá el Jefe del Estado será el de ceñirse siempre a la Constitución, aunque suponga un “coste personal”, tal y como afirmó en su discurso en el Palacio Real en el décimo aniversario de su proclamación, días después de sancionar la ley de amnistía.