Felipe VI preside este jueves la entrega de despachos a los 137 nuevos jueces de la 73ª promoción de la Carrera Judicial en Barcelona. Un acto enmarcado en un tiempo convulso en cuanto a las relaciones entre el mundo de la judicatura y el Gobierno.
Como es tradición, Felipe VI pronunciará unas palabras en el Auditorio Fórum del Centro de Convenciones Internacional, y lo hará entre dos mujeres: la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló; y la directora en funciones de la Escuela Judicial, Clara Carulla -quienes también intervendrán en el acto-.
Porque si es habitual que se reivindique una balanza equitativa entre el número de mujeres y hombres en los puestos de trabajo para alcanzar una proporcional representación femenina, en el mundo de la judicatura sucede al contrario. De los 137 nuevos jueces, 92 son mujeres y 45, hombres. Lo que significa un 67,15% del total. Y, lo que es más llamativo según un informe publicado por el Consejo General del Poder Judicial, esta mayoría de mujeres no es algo nuevo, sino que sucede desde 1997. Según dicho estudio, la jurisdicción penal -incluyendo violencia sobre la mujer, menores y vigilancia penitenciaria- es la más atractiva para los nuevos jueces: seis de cada 10 eligen este orden al ser preguntados.
En el discurso de la apertura del año judicial el pasado septiembre, Perelló centró parte de su mensaje en una reivindicación hacia la igualdad. “Nací en una España en la que las mujeres no podían acceder a la carrera judicial, y ahora somos mayoría, el 80% de los aspirantes que superan las pruebas de acceso a la carrera judicial son mujeres”, aseveró. No obstante, sí puntualizó que el sexo femenino aún sigue siendo minoría en los altos cargos.
El rey Felipe VI, y la presidenta del CGPJ Isabel Perelló, en el Tribunal Supremo durante la apertura del año judicial
Cerco del Gobierno a los jueces desde el “Caso Begoña”
La apertura del “caso Begoña” ha marcado un antes y un después en las relaciones entre el Ejecutivo y los magistrados, quienes denuncian, desde distintas voces y asociaciones, que Pedro Sánchez está haciendo un cerco a la independencia judicial. La misma Perelló lanzó una advertencia en el acto de apertura desde el Tribunal Supremo: “Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces sobre cómo interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico”, afirmó. Porque, recordó, “sólo aquellos Estados en los que la separación de poderes está garantizada puede son realmente Estados de Derecho”. La recién electa presidenta del CGPJ fue más allá y directamente señaló a los aludidos: “De ahí la importancia de salvaguardar la independencia judicial frente a injerencias externas. Quiero hacer un llamamiento a las diferentes fuerzas políticas y a los poderes del Estado, que respeten el trabajo que los jueves y magistrados realizan”.
No obstante, las peticiones de la magistrada no han surtido el efecto deseado, a tenor de la intensa actividad de Sánchez en cuanto a aprobar leyes que conciernen a la labor judicial. Las más novedosas, una batería para “democratizar” la Justicia, entre las que se encuentra la creación de una Comisión Ética formada por cinco jueces y cuatro catedráticos elegidos por el Congreso. También se incluye la proposición de ley para regular la Acusación Popular. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, no dudó en definir directamente a la figura procesal penal como “una feria de ultras”.
Es habitual en sus discursos que el Rey defienda los valores constitucionales que definen a nuestro país, dentro de su papel de árbitro y moderador de las Instituciones que establece la Carta Magna. Y sus últimos mensajes en defensa de la separación de poderes han tenido mucha repercusión dada la coyuntura actual. En la pasada Conferencia de Embajadores, el Monarca afirmó ante el presidente del Gobierno que la separación de poderes es “Una responsabilidad que concierne a todos, autoridades y ciudadanos, de manera cotidiana, con acatamiento de sus normas”. El pasado junio el Jefe del Estado tuvo que afrontar uno de los retos más difíciles: firmar la ley de amnistía a los secesionistas catalanes, aprobada por el Gobierno de Sánchez y sus socios. Una obligación que, como símbolo de la unidad del país, le puso en un brete y le causó muchas críticas por parte de algunos sectores afines a la Corona que le pedían no hacerlo, pese a que la alternativa a no estampar su rúbrica hubiera sido la abdicación.
Sánchez promete su cargo tras condicionar sus apoyos a la ley de amnistía
En la entrega de despachos de 2024, el Rey mantuvo que “La independencia de la Justicia es esencia del Estado de Derecho. Y todos han de preservarla y respetarla”, matizó. “La independencia del Poder Judicial como institución es imprescindible para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia, así como la de cada juez en el ejercicio de su función jurisdiccional”. Y está previsto que en su mensaje de este jueves mantenga la misma esencia en su mensaje.
El presidente Salvador Illa asistirá a la entrega de despachos
Este año, además, el acto contará con un interés informativo añadido: por primera vez desde 2016, asistirá el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ya que la cúpula judicial llevaba un lustro bloqueada hasta el nombramiento de Perelló. El último presidente de la Generalitat en acudir al acto fue Carles Puigdemont. También está previsto que asistan el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el delegado del Gobierno, Carlos Prieto.