“El tiempo pondrá las cosas en su sitio”, es uno de los últimos pronunciamientos de Pedro Sánchez sobre la causa judicial abierta contra su mujer Begoña Gómez. Apenas dos meses después, trata de reformar la ley de tal modo que quede sin efecto el caso de su esposa y el que investiga a su hermano, David Sánchez.
Este viernes el PSOE presentó por sorpresa una Proposición de Ley en el Congreso que, entre otras cosas, busca retirar poder a las acusaciones populares porque considera que se hace un “uso abusivo” de ella para “atacar sistemáticamente a sectores sociales no afines y a adversarios políticos”, reza el escrito presentado en las Cortes. La reforma impediría a los partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos ejercer la acusación popular. Una medida que el Consejo General del Poder Judicial avaló este mismo mes. Asimismo, la norma impulsada por los socialistas pretende impedir que se puedan admitir a trámite querellas basadas en recortes de prensa.
El quid de la cuestión está en que el PSOE ha añadido una disposición transitoria que dice: “Las modificaciones realizadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial serán de aplicación a los procesos en curso en el momento de la entrada en vigor”. Esto es que la ley tiene carácter retroactivo. Por tanto, las acusaciones populares personadas en todos los casos vigentes quedarían apartadas. Se eliminaría la acción popular de los procedimientos que más molestan actualmente al PSOE: el caso Koldo y el del fiscal general.
Además, los casos que ahora se instruyen a raíz de denuncias o querellas basadas en recortes de prensa quedarían archivados. Una estrategia perfecta para dar carpetazo a las causas contra la mujer y el hermano del presidente: “Solo si el juez encargado presentara una cuestión de inconstitucionalidad podría evitarse el archivo, mientras se resuelve la causa quedaría en suspenso”, indican fuentes del Tribunal Supremo consultadas por Artículo 14. En el Alto Tribunal preocupa que la norma salga adelante porque sería muy difícil revocarla: “Las leyes solo las puede frenar el Constitucional o los españoles echando al nepotismo político”, señalan las fuentes que subrayan lo dilatorias que son estas cuestiones en el Tribunal de Garantías
Puigdemont podría volver sin ser detenido
Por eso, en el Supremo sospechan incluso que el planteamiento de Pedro Sánchez al promover esta reforma podría ser aún más enrevesado y pudiera afectar a la detención de Puigdemont: “Hoy solo tiene medidas cautelares porque las pide la acusación popular. Ni las pide el fiscal, ni las pide la abogacía del Estado. La detención y prisión que hay decretada, la tiene que pedir una acusación. Y hoy solo se sostiene por la acusación popular sustentada por Vox”, explican. Por tanto, de entrar en vigor la reforma presentada este viernes por el PSOE y quedar apartada la acusación popular, la detención de Puigdemont quedaría sin efecto lo que conduce al Supremo a pensar que: “Quizás es lo que está detrás de la proposición: exigencia de Puigdemont para apoyar los presupuestos hasta que se posicione el Tribunal Constitucional. Y el PSOE disimulando“, aseveran las fuentes consultadas por Artículo 14. Una estratagema que serviría a apuntalar la legislatura de Sánchez consiguiendo sacar las cuentas adelante y contentando a Puigdemont sin que nadie repare en ello.
Pero es que las consecuencias van mucho más allá de los casos políticos y mediáticos. Afecta a todo tipo de supuestos. El magistrado Joaquim Bosch, lo explica: “En caso de aprobarse, provocará la exclusión o notable limitación de las acciones judiciales ejercidas por colectivos anticorrupción, entidades feministas, grupos de protección de la infancia, plataformas ecologistas o asociaciones vecinales“. Añade Bosch que la modificación “puede vaciar de contenido la figura de la acusación popular y el artículo 125 de la Constitución, por lo que la proposición presenta serios elementos de inconstitucionalidad”.
Fuentes del sector conservador del Tribunal Constitucional también rechazan la propuesta socialista: “Impresionante, apañarse una ley para archivar los procedimientos de la familia y con absoluto descaro. Ya hemos tocado fondo, a partir de aquí esto es un hundirse en el fango”, sentencian. Y las asociaciones de jueces han salido en masa a criticar una reforma que consideran está diseñada “con nombres y apellidos”. Incluso Jueces y Juezas para la Democracia, afines a los movimientos de la izquierda, ve “desacertado” impedir que los partidos ejerzan la acusación popular, y que ésta no pueda participar en la fase de instrucción. Los jueces consideran, además, que no se puede legislar sobre casos que ya están en curso.
Por su parte, las asociaciones que ejercer ahora acción popular en muchos casos han emitido respectivos comunicados rechazando la medida. Para Alexis Aneas de la Asociación Liberum es un “auténtico atentado contra el ordenamiento jurídico”. En Manos Limpias lo tildan directamente de “fraude de ley” . Desde Hazte Oír consideran que estamos ante una ley de “Punto Final que pretende instaurar el pensamiento único en el ámbito judicial, un primer paso hacia una dictadura silenciosa”.