Caos en en los juzgados de Plaza Castilla. En teoría, el juez Juan Carlos Peinado iba a tomar declaración a siete testigos en el caso Begoña Gómez. El magistrado investiga a la mujer del presidente del Gobierno por tráfico de influencias, corrupción, intrusismo laboral y apropiación indebida. En el punto de mira están su relaciones empresariales. En concreto, este miércoles el tema que quería abordar Peinado era el del software que elaboraron empresas privadas para su máster.
En concreto, estaban llamados a declarar los representantes de las compañías implicadas en la elaboración y registro del software: Google, Mainpower, Indra y Arsys Internet. Los dos primeros gigantes tecnológicos no pudieron declarar, paradójicamente, por “problemas técnicos” en las videoconferencias.
De las otras dos empresas acudieron dos apoderados y Peinado se negó a interrogarlos si no eran representantes legales. También estaba llamada a declarar una interventora de la Universidad Complutense llamada Elvira, pero el juez se confundió y citó a Elvira Sánchez Trompeta, una testigo del caso pero en otra rama de la investigación, la que indaga sobre las adjudicaciones públicas a su compañero de máster Juan Carlos Barrabés. Así que, se fue del juzgado sin declarar.
Por tanto, solo declararon el ex vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, y el que ocupa el cargo actualmente, José María Coello de Portugal. También recogió la testifical del responsable de Telefónica.
“Un completo despropósito”
Una mañana que para fuentes presentes en la declaración ha sido “un completo despropósito” y añaden que la investigación está perdiendo fuelle “por la incompetencia de Peinado”.
La orden del día estaba clara: continuar con las pesquisas para averiguar si la mujer del presidente del Gobierno incurrió en tráfico de influencias y apropiación indebida en el desarrollo del software que tres empresas privadas realizaron para el máster que codirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid como herramienta didáctica.
Lo elaboraron, de forma gratuita, Indra, Telefónica y Google y está valorado en 150.000 euros. Sin embargo, Gómez registró en la Oficina Española de Patentes la aplicación informática a su nombre y pasó a controlar el 100% de la empresa que contenía este software. La esposa del presidente, en su última declaración, aseguró ante el juez que registró el dominio a título propio porque “era para proteger que mientras se estaba desarrollando ese producto tecnológico (el software), nadie se hiciera con él hasta el final del proyecto”. Añadió que la plataforma se creó “sin ánimo de lucro y para poner a disposición de la Universidad Complutense”.
Las consultas a Telefónica
En las testifical de este miércoles, Nicolás Oriol, director jurídico de Telefónica España, relató que Rosauro Varo, miembro del Consejo Asesor de Telefónica España, fue el nexo entre Gómez y José María Álvarez Pallete, hasta la semana pasada CEO de la compañía de telecomunicaciones. La esposa de Sánchez habría contactado con el empresario para exponer su proyecto y consultarle si Telefónica podría colaborar en el software.
Quería una plataforma digital para medir los objetivos de impacto sostenible y Varo se interesó por ello. Organizó una reunión con Sergio Oslé, número dos de Telefónica España; y Pallete. Se sucedieron tres reuniones con el mismo objetivo que se celebraron en la sede de Telefónica en diciembre de 2021 y enero de 2022. Por parte de la Universidad Complutense, asistieron Begoña Gómez y Blanca de Juanes, mientras que por Telefónica acudían Gonzalo Martín Villa, responsable de las start up del grupo; y Luis Miguel Olivas, directivo de la Fundación Telefónica. La compañía acabó ayudándolos con recursos valorados en 55.000 euros.
Por su parte, los vicerrectores declararon que tanto la cátedra como el máster que codirigió Begoña Gómez siguieron los cauces legales. Doadrio reconoció que hablaba tanto con Gómez como con su asesora, Cristina Álvarez y que tendrá en su bandeja de entrada un centenera de correos con ambas.