El juez Juan Carlos Peinado investiga si la concesión de la cátedra que impartía la mujer del presidente del Gobierno estuvo motivada por el hecho de ser quien era y, por tanto, si se incurrió en un delito de tráfico de influencias. Por ello, tanto Begoña Gómez como Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense, están imputados en el caso. En ese marco, este martes estaban citados dos directivos de las empresas que ponían el dinero para financiar la cátedra: Marc Simón, subdirector general de la fundación La Caixa, e Ignacio Mariscal, consejero delegado de Reale Seguros.
En un escrito al que ha tenido acceso Artículo 14, Simón ratificó que La Caixa sufragó la Cátedra de Begoña con quince mil euros anuales, pero negó cualquier contacto con el presidente del Gobierno y anunció que seguirá financiando la cátedra “siempre que reciba el acuerdo de renovación por parte de la Universidad Complutense” porque tuvo “resultados satisfactorios” para la Fundación. Simón admitió que conocía a Begoña Gómez desde 2018 y fue en 2020 cuando la mujer del presidente fue a buscar financiación a la Caixa: “La propuesta fue aprobada por el Comité de dirección de la Fundación en una de sus reuniones semanales”, reza el escrito. Además, niega que se reuniera con ella en ningún momento en el Palacio de la Moncloa.
Pero los patrocinadores de la cátedra no fueron los únicos que pasaron por los Juzgados de Plaza Castilla este martes. En la instrucción contra Begoña Gómez también está bajo la lupa el rescate del Gobierno a Air Europa, una corporación que forma parte del conglomerado empresarial de Globalia. Por eso, a primera hora de la mañana, Peinado llamó a declarar a Leticia Lauffer, la exdirectiva de la empresa Wakalua, una filial de Globalia que, según las acusaciones, patrocinó el IE África Center que dirigió Gómez.
El objetivo de su declaración era dilucidar los vínculos entre Begoña Gómez y Globalia. Además de su influencia en el rescate por parte del Gobierno en plena pandemia de Air Europa que costó 475 millones a las arcas públicas. Lauffer ya negó en la Comisión por el caso Koldo del Senado que hubiera un nexo entre la mujer del presidente del Gobierno y ella para negociar o interferir en el rescate. Si bien reconoció que conocía a Gómez, dijo que nunca vio “nada raro”, en el sentido de que “quisiera conseguir o sacar algo” de su relación.
Otra de las patas de investigación que se trató en la jornada de este martes fue la que apunta a que el dinero público otorgado por Red.es a la empresa de Juan Carlos Barrabés pudiera haberse concedido gracias la intermediación de la mujer del presidente. En el marco de esas sospechas se citó a Luis Miguel Ciprés, uno de los directivos de las empresas de Barrabés. Era la segunda vez que Ciprés declaraba porque en su primera testifical Peinado consideró que no fue lo suficientemente concreto.
En la jornada de este martes Peinado estuvo especialmente molesto con las filtraciones a la prensa y, según fuentes jurídicas consultadas por Artículo14, “se puso muy serio con este tema”, de ahí que se conozcan menos detalles de estas testificales.
Impulso al caso Gómez
El juez Peinado volvió de las vacaciones determinado a dar un impulso al caso contra Begoña Gómez. Para empezar, desestimó en una providencia la petición de la Fiscalía de no pasar a las partes la testifical de Pedro Sánchez. El ministerio Público sostenía que, ante la negativa de Sánchez a declarar, enviar el video a las partes “carecería de utilidad material o procesal” y temía que pudiera ser objeto “de filtraciones y divulgaciones”.
El juez determinó que ese vídeo es parte de la instrucción y que las partes “tienen derecho a disponer de copia de todos los documentos que se contienen en las diligencias previas”. Eso sí, se pronunciaba en la providencia en el mismo sentido que durante las testificales y advertía que dar acceso a la prensa a esas declaraciones de testigos viola la ley de enjuiciamiento criminal.
Además, Peinado ordenó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registrar al compañero de máster de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés. La UCO intervino dispositivos electrónicos en busca de recabar información que determine si el empresario y la mujer del presidente incurrieron en un delito de tráfico de influencias. Un registro que se produjo en la vivienda del empresario, en la sede social de sus empresas y en el hospital, ya que Barrabés está ingresado por su grave estado de salud. Estas diligencias están bajo secreto y por el momento, se desconoce el pormenor de lo que buscaba la UCO con los registros.
Mientras la instrucción sigue su curso, el Tribunal Superior de justicia de Madrid tendrá que decidir a lo largo del mes de septiembre si admite a trámite las querellas contra el propio juez Peinado por prevaricación y revelación de secretos interpuestas por la Abogacía del Estado en nombre del presidente del Gobierno y la defensa de Begoña Gómez. De abrirse diligencias contra el juez Peinado podría quedar apartado del caso.
También queda pendiente que la Audiencia Providencial de Madrid, el órgano jerárquicamente superior al juzgado de Plaza Castilla decida el 30 de septiembre cierra la causa contra Begoña admitiendo los recursos de la Fiscalía y del abogado de Gómez. Por tanto estamos a las puertas de un mes clave para ver si la polémica instrucción de Peinado prospera.