Quedan cinco días para que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso del abogado de Begoña Gómez solicitando el cierre del caso. Pero, tal y como avanzó este periódico, parece improbable que archive la causa, y todo apunta a que se limitará a acotarla, según fuentes jurídicas. De hecho, los últimos movimientos de la Audiencia de Madrid ratifican este pronóstico. Este miércoles, el tribunal permitió que el juez Juan Carlos Peinado investigue también la presunta apropiación indebida del software que desarrollaron Indra, Telefónica y Deloitte para la cátedra que codirigía Gómez de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense.
La herramienta está valorada en 150.000 euros que ni Gómez ni la Universidad abonaron a dichas empresas. Sin embargo, la mujer del presidente registró en la Oficina Española de Patentes la aplicación informática a su nombre y pasó a controlar el 100% de una empresa que ofrece este software y de la que la Universidad Complutense de Madrid dijo no tener conocimiento.
La denuncia interpuesta por Hazte Oír nace de unas publicaciones que apuntaban a esta apropiación indebida. Gómez redactó misivas en julio a los medios negando que se hubiera lucrado por este programa informático: “No pretendo hacer negocio con la plataforma a través de una empresa propia. Este software está en desarrollo, es gratuito y no tiene ni integra opciones de venta, ni de comercialización, ni aloja ninguna posibilidad de transacción comercial”, rezaba la carta.
La aplicación informática sirve para realizar ‘informes impacto’ para la pymes y facilitarles el acceso a financiación. “La plataforma se enmarca entre los proyectos objetivo de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la UCM que dirijo como una herramienta que está en desarrollo, sin finalizar”, aseguró Gómez en la misiva.
La Universidad Complutense ya solicitó en julio a Peinado que investigara a Gómez por apropiación indebida tras realizar indagaciones internas: “Las actividades desarrolladas se han encaminado a procurar determinar si hubiera existido una apropiación indebida de determinados productos que se entienden titularidad de esta Universidad (plataforma o software); y más en concreto, el producto objeto de licitación de los siguientes contratos y gastos celebrados en el marco de la mencionada Cátedra”, rezaba el escrito enviado al juzgado.
Por todo ello, al menos dos de las acusaciones particulares personadas en el caso confirman a Artículo 14 que ya están valorando pedir las declaraciones como testigos de los responsables de Indra, Telefónica y Deloitte: “Todavía no podemos por temas burocráticos, pero nos parece interesante plantearlo”, aseguran las fuentes consultadas. De ser así, aparte de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, la mujer del presidente pasaría a estar investigada también por un delito de apropiación indebida, dando un impulso más a la investigación a días de que la Audiencia decida si se archiva.
Tampoco parece que el juez Peinado vea cerca el cierre de la causa. La semana pasada emitió seis providencias pidiendo nuevas diligencias para recabar más información sobre otras patas de la investigación. Quiere saber cuánto ganaba Begoña Gómez por el máster que impartía en la Universidad Complutense, cuántos alumnos tenía. Por otro lado, llamó a declarar a la jefa de Recursos Humanos del Instituto de Empresa para dilucidar si se incurrió en tráfico de influencias al poner a Begoña Gómez al frente del África center, un departamento de la corporación.
Lo relevante es que llamó a declarar a la testigo para el 16 de octubre, dos semanas después de que se pronuncie la Audiencia sobre si archiva el caso de lo que se deduce que Peinado tiene esperanzas de poder seguir adelante con su instrucción. Por último, pedía a la UCO la información que aportó la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el marco de la investigación a la supuesta influencia de la mujer del presidente en el rescate de Air Europa.
Todas estas nuevas pesquisas fueron rechazadas este miércoles por Antonio Camacho, abogado de Gómez que interpuso un nuevo recurso. En él insistía en la investigación de carácter prospectivo y, por tanto, contrario a la ley que lleva a cabo el juez Peinado. Además, recuerda que la Audiencia de Madrid solo vio indicios de delito en las supuestas cartas de recomendación que firmó Begoña Gómez para que su amigo y compañero de máster, Juan Carlos Barrabés obtuviera dinero público para sus empresas. Pero en sus alegaciones, Camacho va más allá y tilda las nuevas diligencias de Peinado de “impertinentes”. “Se está́ atendiendo a meras especulaciones interesadas que tienen motivos ajenos a la causa”, añade el escrito del abogado de la esposa del presidente.