El abogado de la mujer del presidente del Gobierno reclama al juez Juan Carlos Peinado que la información bancaria de su representada no es necesaria en el caso que le investiga por un delito de tráfico de influencias, corrupción, intrusismo y apropiación indebida. Asimismo, en un escrito presentado este martes reivindica que los datos aportados por el Punto Neutro Judicial están mal: “El contenido de la citada información es absolutamente erróneo tanto en cuanto a la identificación de las cuentas de la que es titular, puesto que aparecen cuentas que no son en la actualidad titularidad de la misma y, sobre todo, es errónea en cuanto a los saldos. Puesto es que es totalmente incierto que esas cuentas tengan casi todas ellas un saldo 0″, reza el documento al que ha tenido acceso Artículo 14 y que rebate al órgano dependiente del CGPJ que notificó 11 cuentas bancarias en las que Gómez figuraría como titular o autorizada y en las que solo habría 40,25 €.
Si bien, el abogado no aporta la información bancaria correcta porque considera que “la numeración de las cuentas bancarias no constituye un dato que sea necesario conocer a las partes”. Peinado solicitó esa información junto con el certificado matrimonial de Gómez en el marco de las pesquisas para averiguar si Gómez pudo obtener beneficio económico con las empresas que colaboraron con el master que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Una información que reclamó Hazte Oir personada como acusación popular en el caso.
Asimismo, la defensa de la mujer del presidente critica que Peinado no salvaguarde los datos bancarios de su representada. Considera que incumple los principios básicos de la protección de datos”. Por eso pide a Peinado “que se proceda a anonimizar todos aquellos datos que, no siendo necesarios a efectos de la investigación”, reza el escrito.
En este momento la investigación de Peinado se centra en los dos últimos delitos añadidos a la causa el de apropiación indebida e intrusismo por el software que encargó desarrollar Gómez a Google, Indra y Teléfonica como herramienta didáctica para la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía. La plataforma está valorada en 150.000 euros que no abonó a dichas empresas. El objetivo es dilucidar si Gómez realizó acciones que no entraban dentro de sus competencias para encargar el software lo que podría constituir un delito de intrusismo profesional y; si se adueñó del software posteriormente sin tener derecho a ello lo que supondría una apropiación indebida. Por ello, la mujer del presidente del Gobierno está llamada a declarar por segunda vez el próximo 18 de diciembre.
Las relaciones con la Complutense también están en el punto de mira de Peinado. Se sospecha que Gómez utilizó a Cristina Álvarez, una asesora del Palacio de la Moncloa, en su beneficio para obtener financiación para su cátedra así como para registrar el software a su nombre. De ahí que Álvarez esté llamada a declara el 20 de diciembre.
Otra de las novedades en el caso es la imputación de Juan José Güemes, dirigente del PP de Madrid que ordenó la contratación de Gómez para dirigir el Instituto de Empresa. El juez llamó al exconsejero a declarar como testigo y a los minutos lo imputó en el caso siendo el tercer testigo citado por Peinado que después de su declaración se convertía en investigado junto con el compañero de máster de Gómez, Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache. Hecho que subrayaron desde la Fiscalía que recurrieron la decisión porque considera el ministerio público que no hay “motivación” para imputar a Güemes y que no se precisó cuál fue el delito atribuido a Güemes ni su presunta participación.
Cuenta atrás para las acusaciones
Mientras tanto, las acusaciones populares pelean por ver quién se queda con el liderazgo: Hasta ahora Vox ejercía la dirección letrada de las acusaciones populares, en las que están personados: Hazte Oír, Manos Limpias, Iustitia Europa y el Movimiento de Regeneración Política de España. El juez les ha dado 10 días para que lleguen a un acuerdo y designen a quién llevará la batuta en el caso a partir de ahora. De no haber consenso, Hazte Oir asumiría la función por ser la primera en haber presentado una querella contra la mujer del presidente del Gobierno.