Los presidentes autonómicos llevan tres años esperando a que Pedro Sánchez les convoque, en el marco de la conferencia de presidentes. El jefe del Gobierno aseguró que les citará tras las vacaciones de verano, en teoría en septiembre. Si bien, Moncloa se resiste a dar la fecha concreta para enfado de los barones, principalmente los del PP, que además quieren ampliar el orden del día.
“El tema fundamental” de la conferencia de presidentes “será la vivienda”, avanzó el jefe del Ejecutivo. Un extremo que rechazan los líderes territoriales del PP. “La financiación y la crisis migratoria estarán encima de la mesa”, avisan desde sus gabinetes. Así lo reclamarán en los contactos preparatorios del foro, cuando el Gobierno convoque formalmente la cita.
Las fuentes consultadas en el PP recuerdan que la última cumbre de este tipo se celebró en marzo de 2022, en La Palma. “Estas reuniones se tendrían que celebrar dos veces al año. Sánchez se está saltando la propia normativa que regula estos foros”, precisan desde la Comunidad de Madrid, que ya activó una respuesta judicial para lograr su celebración. También la Región de Murcia presentó un recurso contencioso-administrativo. “No se pueden seguir tratando en los despachos ni la financiación autonómica ni la crisis migratoria. Son temas fundamentales para todos o los españoles y esto se tiene que abordar en la conferencia de presidentes”, afirmó recientemente Isabel Díaz Ayuso.
Otras comunidades autónomas, incluso de signo socialista, creen que hay que abordar otras cuestiones más allá de la vivienda. “Aquí ha habido una negociación bilateral con Cataluña, con Euskadi… y se han cerrado temas que afectan a todos. Sánchez tendrá que escucharnos”, enfatizan, prácticamente a coro. En Castilla y León, por ejemplo, también quieren abordar la falta de médicos. Madrid se suma a esta reclamación.
Cantabria, sin noticias de Bolaños
En teoría, Sánchez tiene previsto que este foro se celebre el mes de septiembre, en Cantabria. Pero el Gobierno autonómico ha desvelado que Moncloa aún no se ha puesto en contacto con ellos para la logística. “Vamos mal en la preparatoria para que se pueda celebrar en septiembre”, según la denuncia de la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, que añadió: “A mí no hace falta que me lo traslade Pedro Sánchez, pero hombre, una llamada del ministro Bolaños no estaría mal, que es el que es responsable de que esa Conferencia de Presidentes se realice”.
Los barones, de hecho, no se fían. Y de ahí que en cada comparecencia pública estén exigiendo que se convoque ya la cumbre. Este mismo miércoles, Fernando López Miras insistió en este sentido, como también el portavoz del gobierno de Ayuso, Miguel Ángel García. “Cuando vea yo la convocatoria y estén sentados alrededor de un mesa nos lo creeremos”, apostilló Ana Alós, vicesecretaria general de los populares, en una reciente entrevista en Artículo14.
Para Génova, la celebración de esta reunión es precisamente una de las condiciones para llegar a un acuerdo con el Gobierno en materia de migración. Tal y como avanzó este periódico, el Gobierno y los populares han reactivado los contactos pese a la tensión política. Pero no han logrado avances. “Apoyaremos una ley de Extranjería que cuente con el concurso de las comunidades, que sea razonable y que responda al problema, no que lo engorde”, en palabras de Borja Sémper. “Si están dispuestos a asumir nuestras exigencias, podemos llegar a acuerdos”, avanzó Alós.
El clima político no ayuda al consenso. Alberto Núñez Feijóo acusó a Sánchez de alentar el “efecto llamada” por prometer 250.000 puestos de trabajo a mauritanos para frenar el repunte migratorio. Félix Bolaños replicó que al líder gallego que “el único efecto llamada es el que produce Vox sobre el PP”.
Para abordar estas cuestiones antes de la cita con Sánchez aún sin fechar, el líder gallego ha convocado a sus barones el próximo seis de septiembre. Sobre financiación autonómica, Génova y las comunidades están alineadas, y rechazan una negociación bilateral con el Gobierno. En el caso de la migración, la posición no es unánime y cada vez más voces reclaman de puertas para adentro un “acuerdo de Estado”.