Las Illes Balears se han convertido en una ruta migratoria cada vez más utilizada, especialmente desde Argelia, pero el Gobierno de España parece incapaz de reaccionar con la rapidez y firmeza necesarias. Negando una realidad que los datos se encargan de confirmar día tras día con las cifras más altas de llegadas de pateras a nuestras costas de la historia. Esta dejadez ha colocado a nuestra comunidad autónoma en una situación dramática, donde los recursos son insuficientes para atender a los más vulnerables: los niños y adolescentes que llegan solos en condiciones extremadamente difíciles.
La situación, sin llegar a las cifras de Canarias, empieza a ser insostenible. La sobreocupación de los centros de acogida previstos para este perfil de menores es alarmante, alcanzando un 850% por encima de su capacidad, y la falta de espacios y recursos adecuados para atenderlos solo puede desembocar en una crisis humanitaria de proporciones aún mayores. El Gobierno central debe ser sensible a las realidades de todas las Comunidades Autónomas.
Es vergonzoso que el gobierno de Pedro Sánchez no haya proporcionado una solución a largo plazo y que haya trasladado la responsabilidad casi por completo a las Comunidades Autónomas. Esta falta de previsión y planificación es un insulto a aquellas regiones que, como Baleares, se ven obligadas a gestionar una situación que no han creado y para la cual no tienen los recursos necesarios. La respuesta del Gobierno es que las competencias en la protección de menores son de las autonomías, obviando, tendenciosamente, que la responsabilidad en la política migratoria es del estado y negando que la situación migratoria actual nada tiene que ver con la situación en el momento en que se transfirieron. Nadie esperaba fenómeno de tal magnitud.
Además, la propuesta del Gobierno Central de establecer un reparto vinculante de los menores entre las Comunidades Autónomas ante situaciones de contingencia migratoria extraordinaria solo evidencia una política de imposición y de nula planificación. No es tolerable que se tomen decisiones de este calibre sin tener en cuenta las realidades específicas de cada comunidad, especialmente cuando la situación en Baleares ya es crítica. Esto no es cooperación ni coordinación; es imposición pura y dura.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado una preocupante incapacidad para gestionar una de las crisis humanitarias más graves que ha vivido España en los últimos años. Las Illes Balears no pueden seguir siendo el destino final de menores no acompañados sin el apoyo y la colaboración efectivos del Gobierno Central. Una carencia especialmente relevante en el caso de la isla de Formentera, donde todos los agentes implicados en la atención de las personas inmigrantes han puesto sobre la mesa sus dificultades. Es imprescindible que el Gobierno asuma su responsabilidad y ofrezca soluciones reales, con una financiación adecuada y una planificación que responda a las necesidades de estos menores, así como a las capacidades de las comunidades que los acogen. Urge un trabajo coordinado de todos los ministerios que tienen competencias en la gestión de la política migratoria, así como también una acción clara basada en el diálogo con todas y cada una de las Comunidades Autónomas, especialmente con aquellas en las que la llegada de personas procedentes mayoritariamente del continente africano es constante en estos últimos tiempos.