La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este miércoles que la propuesta de ley del PSOE para limitar las acusaciones populares es una “especie de amnistía preventiva” a la familia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno. En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, la presidenta ha alertado de que la llamada por el PP como ley Begoña, en alusión a la mujer del presidente del Gobierno, va a tener “consecuencias muy graves que van más allá de la impunidad que se busca para el entorno personal y político del presidente”.
“Al igual que en una dictadura, esa defensa de los intereses personales de un grupo de gobernantes inmersos en diferentes causas judiciales se traduce en una vulneración de los derechos fundamentales de la Constitución y el menoscabo de las instituciones que deben estar a su servicio”, ha afirmado la dirigente autonómica.
Así, ha criticado que con esta ley se quiera “expulsar” de la acusación popular a los partidos políticos, a las asociaciones y fundaciones, algo que cree que es “paradójico” porque pretende “atar las manos a los jueces”.
Sánchez, “capaz de todo”
De esta forma Díaz Ayuso ha reprochado que Sánchez pretenda acabar “con una institución jurídica de historia centenaria en España” todo por “blindarse y mantenerse en el poder“. “Y justo cuando han utilizado a la más alta institución fiscal para atentar contra el adversario político, contra la alternativa democrática, a costa de las garantías más básicas del Estado de derecho y de la confianza en las instituciones”, ha apostillado.
Además ha subrayado que esta reforma de la ley es “contraria el Estado de Derecho” al querer el PSOE “eludir los dictámenes del Consejo de Estado, del Poder Judicial y otros órganos e instituciones afectadas”.
“Sánchez sabe que si convoca a elecciones va a tener que irse, y por eso da un golpe en el tablero, para dejar sin castigo sus actos y para asegurarse de la impunidad futura. Nos encontramos ante un golpe a la Constitución y la convivencia”, ha denunciado la dirigente autonómica.