Mediados de los noventa. Dos recuerdos de la regla en un instituto de Andalucía: ver cómo muchas de mis compañeras adolescentes llevaban las compresas envueltas en papel albal para que pareciese un sandwich. Y la frase “estoy mala” susurrada en voz baja, como eufemismo. Vergüenza, estigma y asunción normalizada del dolor como natural.
Afortunadamente, décadas de lucha feminista, décadas de introducir nuestros cuerpos en el debate social y político, han cambiado gran parte de este panorama. Hoy hablamos de la regla y ponemos en cuestión la normalización del dolor. Y aún así, aún hoy, miles de mujeres siguen padeciendo la minimización, el menosprecio o incluso la negación de su sufrimiento cuando acuden a una consulta médica para quejarse de que la regla les duele. Aún hoy, miles de mujeres reciben como respuesta que eso es así, que se tomen un nolotil, que tampoco es para tanto. Aún hoy, a miles de mujeres se les sigue negando el derecho a recibir un diagnóstico. Solo un dato: la endometriosis, una de las posibles causas del padecimiento, afecta en torno a un 10% de las mujeres cisgénero en edad menstruante – aunque es bastante inhabitual, se han diagnosticado también algunos casos de esta enfermedad en hombres cisgénero. Y, por supuesto, afecta también a hombres trans– y tarda una media de siete años en diagnosticarse.
Desde junio de 2023, gracias a la aprobación de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, fruto del trabajo del anterior Ministerio de Igualdad y del Ministerio de Trabajo, se reconoce el derecho a la baja laboral por menstruación incapacitante, asociada a patologías como “endometriosis, miomas, enfermedad inflamatoria pélvica, adenomiosis, pólipos endometriales, ovarios poliquísticos, o dificultad en la salida de sangre menstrual de cualquier tipo”.
Un avance enorme para eliminar los sesgos negativos de género en el mercado laboral. Y, sin embargo, pese al revuelo mediático –y machista en muchas ocasiones– que levantó la aprobación y puesta en marcha de esta medida, solo se han producido 2.183 incapacidades temporales derivadas de menstruación incapacitante desde su puesta en marcha. Un número ínfimo que no se corresponde con la cantidad de mujeres que podrían y deberían acceder a este derecho. Un número ínfimo que nos obliga a reflexionar en torno a qué está fallando en su implementación.
Y aquí volvemos al estigma, la vergüenza y la normalización del dolor. El miedo a ser estigmatizadas, a ser tachadas de vagas, de aprovechadas, en un contexto laboral además en el que las mujeres sufrimos mayor precariedad que los hombres. Y la asunción del dolor como natural, algo que lleva a muchas mujeres a menospreciar sus propios síntomas, pero sobre todo a que el sistema sanitario siga sin darle la importancia que requiere a este tema y a otros muchos, como la menopausia, relacionados con la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Estigmas y enfoques sexistas que también afectan y mucho a las personas trans.
Lo hemos gritado mil veces en las calles, el feminismo ha venido a cambiarlo todo, también el mundo del trabajo, también el mundo sanitario. Por eso, la baja por menstruación incapacitante ha sido un avance legislativo enorme en el ámbito de los derechos laborales. Necesitamos que se cumpla y que se amplíe, que incluya el impacto en la salud, física y laboral del que sigue siendo el gran tabú de la regla, la menopausia.
Amanda Andrades es secretaria de Feminismos de Sumar.