El Gobierno de coalición está lejos de romperse, pero las diferencias entre PSOE y Sumar han ido a más en las últimas horas. Y además públicamente, a pesar de que suelen llevar sus discrepancias con bastante discreción, sin crear grandes polémicas. Así, además de los toques de atención de sus socios parlamentarios, ahora Pedro Sánchez también ha tenido que enfrentarse a los del partido que tiene sentado en su consejo de ministros.
La crisis diplomática con México es uno de los motivos de fricción en el seno de la coalición. Claudia Sheinbaum, la presidenta del país, anunció que no iba a invitar al Rey Felipe VI a su ceremonia de investidura porque el monarca no contestó una carta del anterior presidente, Andrés Manuel López Obradror, en la que le solicitaba un perdón por la conquista del siglo XV.
La respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue rotunda al rechazar la representación española en el acto de toma de posesión por considerar “inaceptable” la exclusión del jefe del Estado. Yolanda Díaz, el principal rostro de Sumar, se ciñó a las directrices de Exteriores -tal y como informó su equipo a Artículo14-, si bien sí que acudirá diputado Gerardo Pisarello porque, a su parecer, cuando López Obrador instó al Rey a pedir disculpas por la conquista, Felipe VI “podía haber actuado con respeto, pero optó por la arrogancia”.
Para Pisarello, que forma parte del conglomerado de formaciones de Sumar, el monarca “está pagando un precio por esa enrome torpeza democrática”. Aina Vidal, la portavoz adjunta de Sumar, secundó la mirada del diputado porque consideró que su presencia “servirá para estrechar más las relaciones”. Y añadió “que era importante asistir a una compañera, a una amiga, y a un hecho histórico como el hecho de que México vaya a tener una presidenta mujer tan increíblemente fantástica como lo va a ser Claudia Sheinbaum”.
Esta posición no fue bien vista por el PSOE. Su portavoz parlamentario, Patxi López, reconoció que “personalmente” no le había gustado el gesto: “No se puede rechazar la presencia del jefe del Estado y, entonces, el Gobierno ha actuado con coherencia“, aseveró. Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo no tener “nada que decir” sobre Sumar pero recordó que la política exterior “la marcan el presidente del Gobierno y el ministro de Asuntos exteriores”.
En paralelo, el tema de la vivienda también confronta a los dos partidos de izquierdas. Sumar da especial relevancia a la crisis del sector, con el argumento de que ahoga a los españoles. Incluso la ponen en el centro de la continuidad del Ejecutivo: “Yo creo que una buena parte de la suerte de la legislatura depende de la vivienda”, defendió en una entrevista El diario, Íñigo Errejón. Apenas dos días después, la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, apeló a la solidaridad de los propietarios para contener el precio de los alquileres: “Yo les pido es que se hagan cargo de esta causa, de esta necesidad social, y que valoremos estas rentabilidades en términos sociales. Que los precios sean acordes a las capacidades de los españoles”.
La reflexión no sentó bien a las filas de Sumar. Aina Vidal, su portavoz adjunta en el Congreso, calificó las palabras de Rodríguez como un “insulto para los españoles”. “Esto ya no va de solidaridad. Esto no va de que nos arrastremos yendo de camino hacia Lourdes con los pies en llagas pidiendo por favor a los rentistas o a las grandes empresas (…) o fondos buitre, que están abusando”, sentenció. Errejón también contestó a la ministra de Vivienda reconociendo “grandes diferencias” en esta cuestión entre PSOE y Sumar: “Cuando había que subir el SMI no apelamos a la solidaridad de los empresarios, lo subimos por ley”, añadió el portavoz de Sumar.
Tampoco confluyen los caminos de los dos partidos de Gobierno en el punto del plan de regeneración democrática que trata sobre eliminar del Código Penal las injurias a la Corona. Ya en la comparecencia posterior al consejo de ministros, en la que presentaron las medidas, se vieron las discrepancias entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, del PSOE; y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar. Evitaron entrar en el enfrentamiento directo, pero fue muy difícil concluir si finalmente eliminarán este delito del Código Penal o no.
El ministro de Justicia no quería decirlo abiertamente, si bien deslizó que “ya se llegaría a la cuestión específica en el desarrollo de la ley”. Urtasun fue algo más claro, pero tampoco quiso concretar del todo: “Lo que hemos acordado es que los artículos que sean objeto de esa reforma integral son los que se refieren a difamaciones a las instituciones del Estado”. Hizo referencia a dos sentencias concretas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que habían tumbado condenas de calumnias al Rey por considerarlas “libertad de expresión”.
Por ello, apeló Urtasun a adecuar la ley española con la europea, de lo que se deducía que eliminar el delito de injurias a la Corona estaba dentro del plan de regeneración. De hecho, preguntado este jueves en La Sexta,Urtasum volvió a mencionar dichas sentencias para insistir en que el delito se eliminaría del Código Penal: “blanco y en botella” añadió.
Pese a las discrepancias, el Gobierno de coalición evita que una crisis interna cope los titulares, aunque las últimas discrepancias hacen imposible no ver grietas en el mismísimo corazón del consejo de ministros.