Todos los caminos de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados llevan a Junts y a sus siete escaños, aunque excepcionalmente encuentra bifucarciones en las que trata de aferrarse al PP. El Gobierno sufrió una severa derrota parlamentaria hace un mes, cuando los votos de sus socios catalanes hicieron saltar por los aires su reforma de la ley de extranjería. La norma perseguía establecer un reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas ante la saturación por nuevas llegadas de migrantes que padecen especialmente en Canarias, Ceuta y Melilla.
La presión al Gobierno aumenta. El martes, el presidente canario, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), comunicó que se reunirá con Sánchez en La Palma. Y aprovechó para recordar que, en su opinión, el Ejecutivo debería actuar por la vía urgente para aliviar la situación que viven en las islas. El miércoles volvió a reiterar este mensaje. Escasos días antes, el Gobierno de Ceuta, en manos del PP, acordó remitir una carta urgente al Ejecutivo central y a las comunidades para expresar su “petición de socorro” ante el “drama humano” que les sobrepasa. La situación es hoy insostenible para estos territorios.
Cuando naufragó la proposición de ley de reforma de la ley de extranjería, desde el Gobierno dejaron caer que podrían actuar desde el Consejo de Ministros, aunque hoy no quieren desvelar sus pasos inmediatos. El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, directamente advirtió de que éste sería el camino a seguir de registrarse esta nueva derrota parlamentaria (que, además, coincidió con el fracaso de los objetivos de estabilidad presupuestaria). “En todo caso el Gobierno lo traería por decreto y lo sacaremos”, afirmó Errejón desde los pasillos de la Cámara. Grupos como el PNV insistieron en la urgencia de actuar, más allá del “parche” que suponía esta reforma, y ERC consideró “imprescindible” mover ficha.
La vía del decreto
Ha pasado un mes y las mayorías son las mismas. Entre el Ejecutivo y algunos de los grupos hay conversaciones discretas para tratar de llevar al BOE un reparto más justo, según fuentes parlamentarias. Para todos es prioritario abordar este reparto al arranque del nuevo curso, pero varios socios aseguran desconocer hoy la hoja de ruta del Gobierno. En las filas de uno de ellos aventuran que Sánchez podría realizar un anuncio sobre esta materia tras reunirse con Clavijo, el viernes. El presidente canario también ha admitido que está en contacto con distintos partidos y administraciones autonómicas, sin dar más pistas.
El problema es que un real decreto ley que impusiera un reparto de menores migrantes entre las distintas comunidades necesitaría los votos que no lograron hace un mes para que la norma echara a andar. Los decretos ley entran en vigor con su publicación en el BOE, pero deben ser convalidados por la Cámara Baja en su totalidad, sin opción a enmiendas, en el plazo de un mes. De lo contrario, decaen.
En las quinielas, hay quienes apuestan porque el Ejecutivo vuelva a jugar la carta de aprobar un decreto y comprometerse a tramitarlo como proyecto de ley, para que los grupos puedan efectuar cambios. En la anterior legislatura, decenas de decretos fueron aprobados por esta vía, si bien en la mayoría de casos estas modificaciones nunca llegaron a cristalizar, y los decretos siguieron en vigor tal y como habían salido del Consejo de Ministros.
La previsión es que Sánchez reúna a su Gabinete en Moncloa, después de tres semanas, el próximo 27 de agosto, el mismo día que iniciará una nueva gira internacional por Mauritania, Senegal y Gambia, precisamente para reforzar la colaboración migratoria con estos países. El decreto es la vía más rápida, pero al igual que ocurre con los proyectos de ley (a iniciativa del Gobierno) y las proposiciones de ley (a instancias de los grupos), necesitará, al menos, los 7 votos de Junts, que hace un mes consideró que el reparto invadía las competencias catalanas. Tendría 30 días para garantizárselos.
El PSOE devuelve el balón al PP
Por su parte, en el PSOE no esconden su enfado con el PP, con el que sí lograron un acuerdo para reformar el CGPJ tras cinco años de bloqueo, pero no pudieron pactar algo tan trascendental como su apoyo a la proposición de ley firmada también por Sumar y Coalición Canaria. Aseguran que los conservadores no aportan alternativas, que su discurso en la materia se parece demasiado al de Vox. “El PP no es que haya perdido el norte, es que ha perdido la humanidad”, afirmó el martes el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López. Los conservadores gobiernan en la mayor parte de las CCAA, y su aval facilitaría la aplicación de nuevas normas.
Algunos recuerdan que el PP también es blanco de la presión, toda vez que gobierna en Ceuta y Melilla y es un apoyo parlamentario fundamental para el Ejecutivo canario. Precisamente, los territorios que sufren esta realidad con mayor intensidad. Que la petición de ayuda de estas regiones caiga en saco roto también erosiona a los conservadores, entienden, y si estas llamadas siguen incrementándose sostienen que será difícil explicar su rechazo a la primera receta fallida. “La emergencia se ha convertido en la normalidad, y eso es algo que no podemos permitir”, avisó Clavijo este martes. Prevé la llegada de entre 3.000 y hasta 7.000 menores en los próximos meses, y alerta de que su Gobierno no quiere “almacenar” niños en carpas, “como si fueran botellas o naranjas”.
La guerra con las Autonomías
La norma tumbada en el Congreso establecía el reparto de menores cuando Canarias o las ciudades autónomas superasen el 150% de su capacidad de acogida. La mayoría de comunidades, como recuerdan en el PSOE, no han cumplido con el reparto voluntario pactado hace dos años, que se ha demostrado “fallido”, y por eso hay que establecer obligaciones.
Públicamente, el PP tampoco ha dado visos de cambiar de rumbo. En su día, reclamaron la convocatoria inmediata de una Conferencia de Presidentes, la declaración de alerta migratoria en todo el país, y que el Ejecutivo se comprometiera a sumir los gastos necesarios para atender a esos menores hasta la mayoría de edad, fundamentalmente. El martes, Génova comunicó el registro de una proposición no de ley en el Congreso, una iniciativa no vinculante que recoge algunas de sus recetas, y que forzará a los grupos a posicionarse cuando llegue al Pleno.
Recoge sus anteriores exigencias, y apuesta por crear un fondo de contingencia para las comunidades autónomas, utilizar infraestructuras estatales en desuso para “alojar” a los migrantes, o solicitar fondos a la Unión Europea. El parón estival ha rebajado los decibelios, pero todos los partidos son conscientes de que el nuevo curso tendrán que buscar vías de actuación, o esta realidad seguirá erosionándoles, y dando alas a los discursos más racistas de la ultraderecha.