El juez Juan Carlos Peinado queda respaldado por la Audiencia Provincial de Madrid, la instancia superior de los juzgados de Plaza Castilla donde se instruye el caso Begoña Gómez. El auto publicado este martes determina que “no ha lugar a acordar el archivo interesado”. Por tanto, queda desestimada la petición del abogado de Begoña Gómez que instaba al cierre del caso. La mujer del presidente del Gobierno seguirá siendo investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Eso sí, la Audiencia determina que en el objeto de la investigación hay que dejar fuera todo lo relativo a sus conexiones con Globalia porque “no aparecen hechos verdaderamente nuevos de contenido incriminatorio”. El juez sospechaba que Gómez podría haber mediado para que Air Europa -filial de Globalia- fuera rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez, su esposo, en lo peor de la pandemia.
Todo venía por las relaciones empresariales que estableció Gómez mientras estaba al frente del África Center, un departamento del Instituto de Empresa desde el que mantuvo vínculos con directivos del entramado empresarial de Globalia. Precisamente, en este marco de la investigación está llamada a declarar para el próximo 16 de octubre la jefa de recursos humanos del Instituto de Empresa. Fuentes jurídicas consultadas por Artículo14 estiman que, en principio, esa testifical debería quedar desestimada atendiendo a lo dictado este lunes por la Audiencia. Pero la decisión final compete a Peinado.
Por tanto, obedeciendo a la resolución del tribunal, ahora la investigación quedaría delimitada a las adjudicaciones públicas concedidas a Juan Carlos Barrabés y todo lo relativo a la Cátedra que impartía Gómez en la Universidad Complutense. El compañero de máster de Gómez y empresario está también imputado en el caso. Barrabés habría recibido para su compañía Innova Next dinero público de la empresa estatal Red.es: “La llamativa variación, cuantitativa y cualitativa, que experimenta la relación de las empresas del grupo Barrabés con la administración pública en proximidad temporal con la obtención de la Cátedra y despegue de los masters es verdaderamente significativa”, reza el auto.
Esto es, la Audiencia ve conexiones entre la cátedra que impartía Begoña Gómez en la Complutense y las adjudicaciones a Barrabés porque de esa cátedra “partieron las cartas de declaración de interés y apoyo, suscritas por la Codirectora encausada, que fueron aportadas por la UTE The Valley-Innova Next., resultando necesario investigar su actividad”, explica el documento. Esto es, Begoña Gómez firmó desde su cátedra cartas de recomendación para que Barrabés adquiriera ese dinero público.
La Cátedra también es objeto de la investigación. Se trata de dilucidar si Begoña Gómez se valió de su estatus de ‘esposa’ del presidente del Gobierno para conseguir la Cátedra y para obtener financiación. Por este asunto está también imputado el rector de la Universidad, Joaquín Goyache.
La resolución supone un aval para la instrucción de Peinado y lanza un mensaje la defensa de Begoña Gómez. El abogado alegó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que se está llevando a cabo una investigación prospectiva contra su defendida. Pero, en el documento de este martes, la Audiencia subraya la definición de prospectiva: “Prospectiva es la investigación que se inicia de forma indeterminada en búsqueda de posibles conductas delictivas sin una mínima concreción y sospechas fundadas, pero no aquella que partiendo de una conducta racionalmente sospechosa (ejercicio de influencia o promesa de ejercicio para condicionar la toma de decisiones públicas a cambio de ventajas indebidas), inicia una amplia indagación que permita conocer con detalles todas aquellas”, defiende el tribunal.
Esta semana está previsto que se pronuncie el TSJM sobre si admite a trámite la querella que podría apartar del caso a Peinado, pero la Audiencia con el auto rompe una lanza a favor del magistrado señalando que no corresponde a nadie “asumir funciones exclusivas del juez instructor”.
Por otro lado, la Audiencia deja la puerta abierta a que las pesquisas de Peinado puedan seguir extendiéndose porque entiende que “la instrucción no deja de ser un procedimiento vivo, que no puede quedar anclado a los hechos inicialmente denunciados como cometidos”. Esto podría motivar que Peinado abra otra línea de investigación. La relativa al software de la cátedra.
Recientemente, la Audiencia de Madrid dejó libertad al magistrado para investigar a Gómez por un tercer delito: el de apropiación indebida. Telefónica, Indra y Deloitte desarrollaron un software de manera gratuita para la cátedra. La herramienta está valorada en 150.000 euros que ni Gómez ni la Universidad abonaron a dichas empresas. Sin embargo, la mujer del presidente registró en la Oficina Española de Patentes la aplicación informática a su nombre y pasó a controlar el 100% de una empresa que ofrece este software y de la que la Universidad Complutense de Madrid dijo no tener conocimiento.
Gómez se defendió de esta denuncia interpuesta por Hazte Oír. Redactó misivas en julio a los medios negando que se hubiera lucrado por este programa informático: “No pretendo hacer negocio con la plataforma a través de una empresa propia. Este software está en desarrollo, es gratuito y no tiene ni integra opciones de venta, ni de comercialización, ni aloja ninguna posibilidad de transacción comercial”, rezaba la carta.
Pero la Universidad Complutense ya solicitó en julio a Peinado que investigara a Gómez por apropiación indebida tras realizar indagaciones internas: “Las actividades desarrolladas se han encaminado a procurar determinar si hubiera existido una apropiación indebida de determinados productos que se entienden titularidad de esta Universidad (plataforma o software); y más en concreto, el producto objeto de licitación de los siguientes contratos y gastos celebrados en el marco de la mencionada Cátedra”, rezaba el escrito enviado al juzgado.
Ahora, la Audiencia deja claro que dada la “fase inicial en que nos encontrábamos de que pudieran aparecer nuevos hechos objetivos y verificables de contenido incriminatorio e intermedie la resolución judicial motivada al respecto”, respaldando a Peinado por si decidiera abrir una pieza separada que incluiría un delito más a la lista de la mujer del presidente del Gobierno.