La Sala 23 de la Audiencia Provincial de Madrid no prevé dar carpetazo a la investigación a Begoña Gómez. El día 30 tiene fijado pronunciarse sobre los recursos interpuestos por el abogado de la esposa de Pedro Sánchez y la Fiscalía para que se archive o acote la investigación. Las fuentes consultadas por Artículo 14 apuntan a que será esto último por lo que optarán los magistrados encargados de la decisión, que en “ningún caso” se plantean un archivo total de la causa.
De esta forma está previsto que se inste al juez, Juan Carlos Peinado, a que “delimite el objeto de investigación principal” y a partir de ahí si hay otros hechos presuntamente delictivos, con indicios, que abra piezas separadas para cada uno de esos hechos.
La Audiencia provincial de Madrid considera, según las fuentes consultadas, que Peinado no puede tener abierta una macro causa, por lo que se inclina por decretar el sobreseimiento de lo que claramente no sea constitutivo de delito o no revistiera apariencia o no tenga indicios en que apoyarse, y continuar la investigación de lo demás.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece desde 2015 que deben evitarse las macro causas. De esta forma, Peinado tendría que separar las investigaciones relacionadas con la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, de lo relacionado con el empresario Juan Carlos Barrabés dónde está por determinar si la esposa del presidente del Gobierno “prevaliéndose de su estatus personal” habría “venido recomendando a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas”, como denuncia la acusación de Manos Limpias.
La sección 23 de la audiencia madrileña ha pedido a Peinado que remita “testimonio íntegro de la causa” antes de pronunciarse sobre el archivo que solicitaba la defensa y la Fiscalía.
Las fuentes consultadas señalan que el “archivo parcial” puede afectar precisamente al presunto tráfico de influencias de Begoña Gómez en relación con las cartas de recomendación a empresarios que posteriormente habrían recibido licitaciones públicas.
La pieza secreta y las pruebas pendientes mantienen viva la causa
“Es muy difícil cortar, sin más, una investigación en marcha con pruebas pendientes que practicar”, argumentan las fuentes consultadas que inciden en el hecho de que incluso hay una parte de la investigación declarada secreta.
A la espera del pronunciamiento de la Audiencia Provincial, el juez ha seguido dictando providencias. Ayer mismo, reclamó a la Universidad Complutense de Madrid la relación de alumnos matriculados en cada edición de la cátedra que codirige Begoña Gómez y los pagos que recibió por su trabajo “especificando el número de cuenta”. Además, solicitó a la Fundación La Caixa y a Reale Seguros los expedientes que tramitaron para patrocinar la cátedra. Sobre el Instituto de Empresa, ha citado a declarar el próximo 16 de octubre a una responsable de Recursos Humanos.
Además, Peinado ha urgido a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a remitirle el informe de la documentación que aportó la SEPI sobre el rescate de Air Europa: “Visto el estado de las actuaciones, líbrese oficio a la UCO a fin de que informen sobre la evolución del informe relacionado con la documentación aportada por la SEPI en fecha 30 de junio de 2024”.
La defensa ha denunciado una “causa universal”
En su recurso de apelación, la defensa de Begoña Gómez pidió al tribunal que archive la causa, dado que “no existe elemento alguno que permita abrir la investigación universal” de la que estima está siendo objeto la esposa del presidente. Fue su recurso al auto del juez en el que señaló que “los hechos objeto de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial”.
Es en este punto en el que la Audiencia Provincial dará un aviso al juez instando a acotar el objeto de la investigación. De esta forma, y pese a no lograr el archivo de la causa, la defensa de Begoña Gómez, verá parcialmente reconocida su denuncia de que existe una “investigación prospectiva, que está proscrita en un sistema procesal democrático”.