José Luis Ábalos vuelve al Tribuna Supremo. Fuentes jurídicas consultadas por Artículo14 apuntan a que “lo lógico es que este jueves se acoja a su derecho a no declarar”, dado que le falta información para defenderse. “Lo normal es que se espere a conocer el informe del patrimonio y el informe de la UCO con el contenido encriptado del móvil de Aldama”, avanzan a este periódico.
El exministro acude al alto tribunal cuando se cumple un año de que estallara la operación Delorme, que se renombró como caso Koldo y acabó trasmutando en caso Ábalos, tras su imputación. Días después de que saltara la noticia, el PSOE suspendió de militancia al que fue mano derecha de Pedro Sánchez. “Quien la hace la paga”, aseveró el presidente del Gobierno. Desde entonces, asegura que la ruptura ha sido total con sus antiguos compañeros. Hasta tal punto que cree que le están utilizando como “cortafuegos”.
La primera vez que acudió Ábalos al Tribunal Supremo lo hizo de forma voluntaria. Quería “superar los meses de indefesión” a los que, a su juicio, había sido sometido mientras se procesaba el suplicatorio en el Congreso de los Diputados. Trámite indispensable para poder ser investigado porque, como cualquier diputado, gozaba de la condición de aforado. Por tanto, tenían que ser las Cortes quienes dieran el visto bueno primero.
Las firmas en el Ministerio
En su primera comparecencia ante el juez Leopoldo Puente, negó la comisión de todos los delitos que se le imputan: tráfico de influencias, cohecho, malversación y organización criminal. Aseguró que él no recibió ningún tipo de comisión y que no se benefició económicamente de los contratos para obtener material sanitario que el ministerio de Transportes firmó con las empresas de la esfera de Víctor de Aldama, el conseguidor de la trama, en lo peor de la pandemia. “Yo me limité a firmar una orden ministerial en la que ordenaba la adquisición de material sanitario. A partir de ahí no participo en nada”, aseveró.
Días después de esa declaración, denunció a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ante la fiscalía general porque considera que le empezaron a investigar antes de que el Congreso aprobara el suplicatorio. Se refería a un episodio de noviembre de 2023, cuando la UCO ya investigaba los tejemanejes de la trama. Siguieron al hermano de Koldo, Joseba García, que viajó a Valencia a entregar una documentación a Ábalos.
Los agentes abrieron el sobre que venía a nombre del exministro. Además, se quedaron esperando a que bajara: “Los hechos son de suma gravedad por cuanto vulneran mi derecho fundamental al secreto de las comunicaciones dado que yo era el destinatario de dicha documentación y nunca consentí el que abriera dicha documentación como tampoco al día de hoy existe en el procedimiento resolución judicial del Tribunal Supremo (por ser aforado) que motive la apertura de correspondencia”, se quejó en una rueda de prensa.
“Una inquisición general”
Ahora su condición de investigado permite al juez investigar el dinero que tiene y acceder al volcado de su teléfono móvil. El magistrado ya ordenó un informe de su patrimonio que el exministro recurrió quejándose de que se está realizando una investigación prospectiva contra él. Alegó que no se indaga solo sobre el objeto primero de investigación (las presuntas comisiones de la compraventa de material sanitario) sino sobre su vida y obra sometiéndole a una “inquisición general”.
En el escrito, opinó sobre la parcialidad del juez porque considera que la citación de este jueves está motivada y “existe una predisposición a celebrar una comparecencia”. Además, en el recurso acusaba a la UCO de actuar con inquina. De hecho, en las conversaciones del exministro mantenidas con este periódico en los últimos meses, siempre menciona que el cuerpo policial no actúa de manera imparcial y que tiene intereses de por medio. Este recurso presentado por la defensa de Ábalos tampoco se ha resuelto.