Marta Rovira, secretaria general de ERC, ha propuesto un “plan B” en caso de que el Congreso de los Diputados rechace la financiación singular que su partido ha negociado con el PSOE. Según ha revelado El Español, el plan contempla la creación de un consorcio tributario entre la Agencia Tributaria Catalana y la Agencia Tributaria del Estado. Eso permitiría a Cataluña gestionar, recaudar y liquidar todos los tributos en la región, avanzando hacia una desconexión fiscal. Sin embargo, una vez declarado el consorcio en el Parlament, tendrían que esperar a que el Gobierno español no recurriese la medida.
El principal obstáculo para la implementación de este plan radica en la necesidad de reformar varias leyes orgánicas y de financiación autonómica. Por tanto, requeriría mayorías absolutas en el Congreso que actualmente no están garantizadas. Además, la aprobación de estas leyes de desconexión fiscal por el Parlament de Cataluña podría provocar que se recurran estas normativas ante el Tribunal Constitucional.
¿A qué problemas se enfrenta la financiación singular en Cataluña?
El acuerdo de investidura entre ERC y el PSC prevé un modelo de financiación singular que apunta a la plena soberanía fiscal de Cataluña, basado en una relación bilateral con el Estado. Sin embargo, para que esto se materialice, se necesitan cambios profundos en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y en otras normativas relacionadas con la cesión de tributos.
En este contexto, Marta Rovira ha declarado que el “plan B” de la financiación singular se mantendrá en reserva hasta que se confirme que el “plan A”, es decir, la aprobación del nuevo sistema de financiación por parte del Congreso, haya fracasado. Este enfoque pretende evitar un enfrentamiento directo y prolongado con el Gobierno central, buscando una solución intermedia que pueda ser implementada sin necesidad de reformas legislativas complejas y con menor riesgo político.
El Parlament aprueba la ‘financiación singular’ y el Gobierno no recurre: así es el “plan B” de Marta Rovira
El consorcio tributario que propone Marta Rovira como “plan B” se basa en el artículo 204 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que contempla la creación de un ente paritario entre la Generalitat y el Estado para la gestión de los tributos. Esta fórmula, aunque es legalmente viable, dependerá en gran medida de la voluntad política del Gobierno español de no recurrir las leyes que el Parlament de Cataluña pudiera aprobar en este sentido.
La propuesta de Marta Rovira ha generado diversas reacciones dentro y fuera de Cataluña. En el ámbito autonómico, la militancia de ERC, que deberá votar este viernes sobre el acuerdo de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, muestra divisiones. Mientras algunos ven en esta estrategia una vía pragmática para avanzar en la autodeterminación fiscal, otros la consideran insuficiente y demandan un compromiso más claro con la independencia.
Por otro lado, los partidos independentistas más duros, como Junts per Catalunya, liderado por Carles Puigdemont, se oponen frontalmente a cualquier acuerdo que no contemple la ruptura total con el Estado español. Para Junts, el “plan B” de Marta Rovira es una maniobra para mantener el estatus y evitar una confrontación directa con Madrid. Algo que consideran fundamental para avanzar en el proceso soberanista.