El Gobierno respira aliviado tras la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat catalana y esquiva cualquier mención al acontecimiento que ha llevado a Cataluña a vivir una de las jornadas políticas más surrealistas de los últimos años. Carles Puigdemont, expresident y líder de Junts, ha protagonizado este jueves la que ya es su segunda fuga, casi siete años después de la primera.
Mientras fuentes de la dirección socialista critican haber vivido un nuevo “esperpento” a cuenta de Puigdemont, el Ejecutivo cumple 10 días sin que uno solo de sus miembros convoque públicamente a los medios para dar explicaciones. Solo Yolanda Díaz, en cuyo partido consideran “un truco de magia” la nueva jugada del president, ha pasado por los micrófonos de RNE. Fue hace una semana, el pasado viernes, sin entrar al detalle del pacto entre el PSC y ERC que ha cristalizado en la investidura. Y cuando Puigdemont aún no había anunciado su retorno.
Primeros espadas como la ministra portavoz, Pilar Alegría, lanzaban varios mensajes en sus redes sociales sobre el desarrollo de los Juegos Olímpicos de París en una jornada de infarto para Cataluña y para un Gobierno que aún no aborda públicamente el impacto que tendrá la aceptación de una suerte de concierto económico para Cataluña. El propio Pedro Sánchez, o la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que cumple dos semanas de mutismo casi total, han aprovechado sus redes sociales para celebrar que Illa ha logrado los votos necesarios en el Parlament.
El PP les ha reprochado la “humillación” que supone la actuación de Puigdemont, pero nadie ha salido públicamente a contestar ni a explicarse. Hay miradas puestas en el papel jugado por los Mossos en este episodio, pero la mayoría de focos están fijos en vender el logro que supone la investidura.
Ni una palabra sobre el acuerdo que ha hecho posible; ni sobre el mitin y posterior huida de Puigdemont, sobre el que pesa una orden de tención cursada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que no considera aplicable la ley de amnistía para el expresident. Moncloa e Interior callan, sin aclarar cómo ha sido posible que el candidato de Junts a las pasadas elecciones catalanas haya vuelto a burlar al aparato de todo un Estado.
En el Ejecutivo estaban expectantes por un retorno que, a juicio de uno de sus integrantes, iba a generar “mucho ruido y pocas nueces” para el prófugo. Solo contemplaban su detención, en el caso de que efectivamente volviera a pisar suelo español. Nadie aventuraba una nueva fuga de la Justicia, con un operativo de búsqueda de los Mossos D’Esquadra aún activo a última hora del jueves. Ni que dos agentes de la policía autonómica catalana fueran detenidos por su supuesta implicación, como informa la Agencia EFE.
Que Puigdemont ha logrado hacerse con “pocas nueces” con esta maniobra, en parte, es cierto; ni su aparición ni los intentos de Junts han servido para frenar la investidura de Illa. Pero el expresident sí ha logrado sembrar el desconcierto, como reconoce un dirigente socialista. El Gobierno ha asumido con resignación que Junts, socio imprescindible en el Congreso, acostumbre a realizar “performances”, como reconocía meses después de la investidura de Sánchez uno de sus representantes con mayor peso político.
El constante tira y afloja en la anterior coalición, con varios golpes de efecto por parte de Unidas Podemos, y con varias disputas a cuenta de algunos incumplimientos del pacto programático por parte del PSOE, acostumbraron al Gobierno a cerrarse en banda, a pesar de sus sonoras disputas. Ese encastillamiento se ve replicado esta semana, la segunda desde el anuncio del pacto con ERC, con una agenda pública casi vacía, y con los teléfonos en llamas.
Moncloa y el PSOE se aferran al triunfo que supone haberse hecho con la Generalitat. “Conozco tu templanza, sentido común y capacidad de trabajo. Justo lo que necesita Cataluña. Serás un gran president”, escribió Sánchez en su perfil en X, antes Twitter. Como ocurrió con la ley de amnistía o con los indultos a los líderes del procés que sí afrontaron la cárcel, existe la convicción de que el fin, gobernar en Cataluña, puede servir para justificar los medios empleados, que han generado críticas de peso entre media docena de barones.
Que afianzarse en la Generalitat, dando una nueva estocada al procés, puede imponerse al hecho de pasar de prometer la detención de Puigdemont hace cuatro años a pactar con su formación una ley de amnistía. O a asistir a una tourné tras la que el expresident ha vuelto a burlar a la Justicia. O a permitir un acuerdo económico para una sola región que, 15 días antes, rechazaban. Y, más aún, cuando todos los movimientos han tenido lugar en el mes de agosto, en pleno parón estival, con buena parte de los españoles disfrutando de sus vacaciones.
Díaz también obvia a Puigdemont y Sumar ironiza sobre el “Escape Room Puigdemont”
La vicepresidenta segunda, como los ministros del PSOE, ha evitado cualquier mención a la fuga del expresident. En sus redes sociales, Díaz ha celebrado la “nueva etapa que se abre en Catalunya”, prometiendo que traerá “progreso, convivencia y políticas progresistas para las mayorías trabajadoras”. Durante la mañana, la secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval, pedía centrar la atención en el discurso de Illa: “El resto es solo teatro; un teatro que además, en este mes de agosto, interesa a menos gente”, aseguró en Al Rojo Vivo (La Sexta), ironizando sobre el “Escape room Puigdemont”.
Por la tarde, en una entrevista con la Agencia EFE, insistió en la idea de que han terminado “los sainetes” y los “números de prestidigitación”. “En Cataluña se acabó el teatro”, incidió. Uno de los referentes del espacio político que más claramente se ha pronunciado ha sido el eurodiputado electo Jaume Asens (Comuns).
Considerado próximo al expresident, el hombre al que muchos consideran involucrado en la primera fuga de Puigdemont, advertía a primera hora de la mañana de que la futurible detención, de producirse, supondría un “ataque” a la libertad del expresident, pero también “a la separación de poderes”, “al Congreso de los Diputados y a la democracia”. Una demostración, consideró, “de que la cúpula judicial española está en rebeldía contra el orden constitucional”.
Aunque algo suavizada, la lectura de Asens es compartida por algunos dirigentes de Sumar, que han criticado las resoluciones judiciales en las que se han sustentado las negativas a aplicar la ley de amnistía. Como en el PSOE, quieren que la polvareda generada por el expresident se despeje, poder vender logros de gestión que contribuyan a dejar en segundo plano las cesiones que han hecho posible la investidura.