Cinco magistrados de la Audiencia de Sevilla se resisten, con la ley entre los dientes, a que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, consume el definitivo borrado de los ERE. Rebobinemos: en julio de 2022, el Supremo dio por probada la trama choriza, consideró que los ejecutivos andaluces de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán malversaron casi 680 millones de euros, y ratificó las condenas a sendos presidentes autonómicos, amén de a diversos validos. Dos años después, el Pleno del órgano que lidera el fiel Smithers sociata se pasó por su hueva morena las sentencias condenatorias de la Audiencia de Sevilla y del TS y las anuló. Resulta enternecedor cómo, en las vísperas de la cosa, se frotaba las manos El Plural, el diario ecuánime –entiéndase la ironía, por el amor de Dios– que entonces dirigía por Angélica Rubio, la flamante consejera de TVE que al año se mete en el bolsillo más de 100.000 pavos mondos y lirondos: “El Constitucional pincha la burbuja judicial de los ERE. (…) El Tribunal Constitucional ha echado abajo la viga maestra que desde casi tres lustros venía sosteniendo toda la imponente arquitectura penal levantada por la jueza Mercedes Alaya y apuntalada en sendas sentencias por la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo. Ambas instancias interpretaron, anticonstitucionalmente, que la remisión al Parlamento por parte del Gobierno de la Junta”, y blablablá.
Pedro Sánchez, el presidente del Constitucional Cándido Conde-Pumpido, el presidente del Senado Pedro Rollán y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante un acto en el Congreso de los Diputados con motivo de la celebración del Día de la Constitución, este viernes en Madrid.
El 19 de marzo, la Audiencia de Sevilla planteaba llevar al chepibe de Sánchez ante el Tribunal de Justicia de la UE. Cinco héroes, como los de Baler, pero con ropones, a la desesperada y en el tiempo de descuento, señalan que no pueden “dejar de lado la posibilidad de que las valoraciones” del TC “no sean del todo compatibles con el Derecho de la Unión” y que la doctrina del órgano sobre los ERE podría incumplir “las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política, siendo incompatible con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la UE sobre la lucha contra el fraude y contra la actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión”. Expertos constitucionalistas consultados por El País –quién lo iba a imaginar– “no ven recorrido a la iniciativa”. Pumpido maniobra para impedirles la jugada y, ante el asombro de varios magistrados, planteó el martes en la Sala Primera cortar las alas a los díscolos hispalenses. Y estos, bravos, especies impropias de este tiempo de trepas y sabandijas, sin arrugarse, le demandaron que justificara su treta.
Qué pasará por la cabeza de la desaparecidísima Alaya, quien, cuando el meollo bullía, llegó a tener un club de fans en Facebook con 45.000 seguidores, y a quien, por otro lado, los siervos de la gleba ereica le gritaban “Pepera, métete en la lechera”. La “jueza de Porcelana” (Raúl del Pozo) abrió diligencias para investigar un presunto fraude en ayudas públicas de la Consejería de Empleo a empresas en crisis en enero de 2011; siete años después, arrancaba el juicio por la pieza política del caso ERE, con Chaves, Griñán y otros 20 ex altos cargos de la Junta chupando banquillo. El TC que avaló la amnistía de Puigdemont le puso un chaleco bomba a un trabajo vasto que culminó, o eso parecía, con un racimo de sentencias contra el olimpo socialista andaluz. Cinco valientes se resisten a la guarrada. Alaya, tal y como informó Artículo 14, llevará un año de baja por una neuralgia del nervio trigémino, pero su espíritu todavía se manifiesta efervescente. A ver cuánto dura y cómo acaba tan temeraria hazaña.