Fue el cable rojo que evitó la detonación de la negociación entre Esquerra y PSC. El que evitó la bomba de una repetición electoral en Cataluña. La llave para lograr la investidura de Salvador Illa y para que el Gobierno no pare de repetir que su política de apaciguamiento ha resultado un desactivador masivo de independentistas. El acuerdo de financiación singular sirvió para todo eso, pero también para poner en guerra a todas las autonomías que gobierna el PP y a la gran mayoría de las que lidera el Partido Socialista.
Con tres cuartas partes de España en el chiringuito, los equipos negociadores de Salvador Illa y de lo que quedaba del puente de mando de Esquerra firmaron la primera semana de agosto un acuerdo inconcreto que dos meses después sigue siendo un enigma para casi todos, incluidos buena parte de los firmantes.
A pesar de que María Jesús Montero ha comparecido ya para explicarlo en el Congreso, en el Senado y ha afrontado casi una decena de preguntas parlamentarias al respecto, la concreción sigue brillando por su ausencia. El Gobierno solo repite de forma machacona lo de la solidaridad y evita dar más detalles de la idea que tiene para desplegar el acuerdo y entre buena parte de los que tendrían que votarlo empieza a permear la idea de que nunca lo verán funcionando.
“El acuerdo sirvió para lo que necesitábamos ambos partidos en ese momento exacto, pero me parece casi imposible que al final se termine plasmando en algo”, confiesa un diputado socialista. El propio ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reconoció al ser preguntado tras la segunda ronda de contactos entre Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos que “son cuestiones que luego se tienen que ir definiendo, concretando, matizando y votándose, por tanto, no me gustaría adelantar, ni siquiera creo que nadie lo pueda hacer pasos políticos que tendrán que darse”. La vicepresidenta y ministra de Hacienda sí dio algún detalle más al asegurar que el acuerdo de transferencia de tributos ahora mismo solo contempla el IRPF, algo que desató una nueva tormenta entre ERC y Junts. Esa guerra larvada entre ambas formaciones independentistas es, según señalan fuentes muy solventes del Ejecutivo, una de las principales amenazas que podría encarecer la negociación de los Presupuestos y, por lo tanto, poner en tela de juicio la legislatura.
“Ahora mismo tenemos que ser muy cuidadosos, porque Esquerra necesita paz antes de su Congreso y a nosotros nos interesa que gane la opción más posibilista”. En el PSOE aceptan que buena parte del devenir del actual mandato de Sánchez pasa por los cónclaves que tienen agendados los partidos independentistas para este otoño. El propio presidente así lo acepta y ha pospuesto toda la negociación de las cuentas hasta que se calme el politiqueo catalán. Asumido que Junts seguirá en manos de la misma dirección beligerante de Puigdemont, Turull y Nogueras se quiere que Esquerra continúe pilotada por los mismos líderes que engrasaron la acción del Gobierno en la pasada y en la actual legislatura. Todo además sin que se altere el actual clima de entendimiento que ha vuelto a florecer en la última semana con los postconvergentes.
Con semejante cóctel de intereses antagónicos cruzados entre los presidentes autonómicos, también empieza a cundir la idea de que al final no cambiará nada de nada: “La negociación para cambiar la financiación tiene que ser multilateral y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y veo prácticamente imposible que nos pongamos de acuerdo”, reconocen desde uno de los Gobiernos socialistas.
Desde las comunidades que gobierna el PSOE se recuerda además que incluso las propias autonomías del PP son incapaces de hacer una propuesta conjunta. “Se sacan fotos en una Moncloa de pega, pero no proponen nada porque cada una tiene un criterio diferente y jamás podrán tener una posición unitaria”, concluyen. Lo mismo piensan del acuerdo bilateral firmado entre PSC y ERC que “vemos difícil que termine concretándose en algo que satisfaga a todas las partes que tienen que votarlo”. El Rubicón del Parlamento se erige infranqueable, sin olvidar que luego el texto legal tendría que pasar un previsible Rubicón judicial.
Ante este panorama, el tema seguirá copando titulares y más a buen seguro cuando se reactive la negociación de las cuentas. El propio PSOE quiere debatir de financiación en su Congreso que se celebrará a principios de diciembre y ya se están tendiendo puentes con la federación díscola de Castilla-La Mancha. Mucho debate y muchas horas de tertulia, pero el acuerdo sigue tan borroso como cuando se firmó en agosto y la renovación del modelo de financiación tan lejos como lleva estando los últimos diez años.