Aina Vidal (Barcelona, 1985) es una de las diputadas más veteranas de su espacio político. Aterrizó en el Congreso de los Diputados en la primera legislatura de Podemos, en 2016, y con el tiempo se ha convertido en la principal referencia de los Comunes en esta Cámara. También está entre las portavoces más contundentes de la alianza en la que se integra su partido, Sumar, en particular en lo que tiene que ver con la vivienda o la salud mental. Su formación está a las puertas de celebrar un congreso en el que definirá su nueva cúpula, pero ella, de momento, no enseña sus cartas.
Con una amplia experiencia política a raíz de su militancia en ICV, Vidal evidencia su verbo rápido y su trato amable en todas sus intervenciones. Plantea propuestas y presume de los logros del Gobierno de coalición, pide “sentido de Estado” al PP y arremete contra Vox. Pero, en esta entrevista con Artículo14, también llama al orden a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y pide “más valentía” al titular de Exteriores, José Manuel Albares, a la hora de enfrentar al “criminal de guerra Benjamin Netanyahu.
La idea de estudiar una baja flexible, que permita trabajar estando enfermo, ¿es propia de un gobierno progresista? ¿Es un globo sonda del PSOE?
Nos ha sorprendido muchísimo. El derecho a la salud es un derecho fundamental y todos sabemos que la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras van a trabajar enfermos en muchas ocasiones. Y no lo hacen por gusto, sino porque son conscientes de las represalias que puede conllevar no hacerlo. Es una propuesta que está fuera de lugar y fuera de la realidad. Hizo bien la ministra Díaz saliendo fuerte el jueves. Respetando y reivindicando el derecho a la salud laboral.
¿Cómo se entiende que el PSOE abra la puerta a una reforma que podría favorecer que los empresarios obliguen a trabajar a personas enfermas?
Es un error y es algo que vamos a combatir. Quiero pensar que es un globo sonda y que esto no va a llegar a ver la luz, siquiera como propuesta. Es un desatino absoluto. Lo que nos tendría que preocupar es el hecho de que vayan a trabajar estando enfermos, es lo que se tendría que atajar. No nos va a tener al lado.
Este jueves se anunció un acuerdo entre Bildu y el Gobierno que supone una reforma de la denominada ley Mordaza que va más allá de lo que se pactó en su día, antes de que naufragase. ¿Por qué Bildu y ERC aceptan hoy no prohibir las devoluciones en caliente, o el compromiso de acabar progresivamente, que no de vetar, las pelotas de goma?
Los contextos cambian y también lo hacen las internas de los partidos. Lo importante es que ahora se ha dado la posibilidad de que podamos avanzar en esta materia, y es positivo para todas. A Bildu, a ERC, a Sumar, al PSOE y a cualquier partido del espectro democrático y progresista del Parlamento, le importa y le preocupa la represión que sostenía en este caso la ley mordaza. Arreglamos los elementos más lesivos de la ley de seguridad ciudadana y estamos orgullosas. Nos comprometimos a ello y hemos llegado a un acuerdo que nos demandaba la ciudadanía.
Defienden reducir la jornada laboral, y estos días el PP se ha abierto a este planteamiento, en lo que se está denominando un “giro social”. ¿Comparte el diagnóstico de Iñigo Errejón de que el PP actúa así porque entiende que la legislatura va a ser larga?
Tiene que ser larga. Lo que nos une a la mayoría tiene que ver con el eje democrático y de avances, y eso está relacionado con la reducción de la jornada. Es una medida necesaria y justa para los trabajadores, que se la han ganado a pulso. Los trabajadores y las trabajadoras hemos generado mucha más riqueza con nuestras manos, en los últimos años, pero no se ha distribuido. Y todos los estudios nos dicen que allí donde se ha implementado una reducción de jornada, los trabajadores tienen menos problemas de salud mental. Irónicamente, también son más productivos. Debería ser una demanda de país, que además favorecería y mejoraría nuestra economía. La reducción de jornada va a suceder, y nosotras queremos que sea en esta legislatura. Y el PP es consciente de que, incluso entre sus filas, la mayoría de la ciudadanía está a favor de esta medida. No sé si es un giro social, espero que lo sea. También lo podríamos definir como “nos estamos dando cuenta de que este abrazo permanente a la ultraderecha nos está quitando votos”. Creo que deberían tener más sentido de Estado, también más ambición de cambio de época. La mejora de la salud mental, así como la mejora de la productividad, son retos de nuestra época.
¿Qué pasa con el PSOE? El jueves, la ministra de Vivienda descartaba retirar los fondos a las comunidades autónomas que no acaten la ley de vivienda. Es un giro que llega después de defender lo contrario hace una semana. ¿Están decepcionados?
Nos preocupa mucho la inacción por parte de la ministra de Vivienda. Hemos hecho muchísimas propuestas. Estamos hablando de la necesidad de que Sánchez cumpla su compromiso en torno al incremento del parque público de vivienda. De regular el alquiler vacacional y el de habitaciones. Hablamos de una emergencia para muchísimos españoles y españolas que ahora mismo no se está resolviendo. La vivienda es un derecho constitucional, pero ahora parece que se trata sólo como un bien de mercado. Es inaceptable. Eso está generando un problema social gravísimo, tenemos que dar respuesta. Desde Sumar hicimos una propuesta. Si a la ministra no le gusta, que haga otra, pero que haga propuestas. No está aquí para pedir la solidaridad de nadie, ni para ir rezando a la patronal ni a los fondos buitre. Está aquí para regular, para legislar y para garantizar los derechos de la ciudadanía española. Y no lo está haciendo.
¿Por qué no lo hace? ¿Por qué el PSOE, que votó a favor de tramitar su ley para regular los alquileres temporales, tumbada por Junts, no la hace suya? ¿Por qué el Ministerio de Vivienda, que puede regularlos con un decreto, no lo ha hecho?
Tendrá que explicarlo el Ministerio de Vivienda. En este caso, nosotras no compartimos la línea de este Ministerio. Creo que la ministra está dando tumbos, no está respondiendo a las necesidades y nos sale un día sí y el otro también con desatinos. Nosotras tenemos un acuerdo de gobierno que es bastante claro. Hay que regular el alquiler de temporada y el de habitaciones, se tiene que cumplir. Todos los expertos señalan el problema y la crisis, la emergencia que tenemos en España. Hay que ponerle hilo a la aguja. El Ministerio deberá responder por qué no lo está haciendo.
Junts votó en contra de debatir siquiera esta regulación. Tanto en el PSOE como en Sumar se interpretó que este partido todavía está superando el duelo por haber perdido poder institucional en Cataluña. ¿Cuándo va a superarlo?
Junts tiene que tomar una decisión importante en los próximos meses, que tiene que ver con qué creen que es lo mejor que le puede suceder para Cataluña. Estamos frente a un Gobierno que no solo desbloqueamos toda la agenda anti represiva; que reformamos el Código Penal. Que avanzamos sacando de la cárcel a los políticos que estaban allí, y que jamás deberían haberla pisado. Hablamos de un Gobierno que ha puesto en marcha la amnistía. Que ha actuado para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Y que está dispuesto a hablar de pactos de financiación específicos con las diferentes comunidades autónomas, también con Cataluña. Junts tiene que decir qué cree que será mejor para Cataluña. Dudo mucho que no recupere una senda favorable hacia Cataluña. Que no participe de estas mejoras que, insisto, tienen que ver con el autogobierno, con los derechos y con las libertades. Creo que tienen que formar parte de este bloque de avance.
¿Puede el Gobierno hacer más para garantizar la aplicación de la ley de amnistía?
Creo que el Gobierno ha hecho todo lo que estaba en su mano. Ahora mismo está en la mesa del Tribunal Constitucional, tenemos que esperar. Es una ley constitucional, una ley funcional y necesaria. Y debe de aplicarse respetando los principios con los que se redactó y se aprobó en el Congreso de los Diputados. Si hay jueces que quieran hacer política, que se presenten en las listas del Partido Popular. Estamos hablando de la necesidad de que se respete la voluntad popular que emana del Congreso de los Diputados.
A la espera de esas resoluciones, el Gobierno negocia la senda de déficit y los Presupuestos. ¿Aprecia cambios en Junts? ¿Ven alguna vía que facilite la aprobación de las cuentas?
Debe haberla. El objetivo de este Gobierno es que haya Presupuestos. Tenemos que sacar adelante medidas como la prestación por hijo a cargo, que es necesaria para las familias y contribuiría a reducir la desigualdad en nuestro país. Junts per Cataluña y otros espacios tienen, por supuesto, todo el derecho y la legitimidad de exigir y de negociar otras medidas que consideren importantes, y así lo vamos a hacer. Creo que también era necesario entender que los tiempos en política importan mucho. Por eso el Gobierno ha tomado la buena decisión de postergar las negociaciones hasta que pasen los congresos, tanto de Junts como de ERC. Nos da espacio para que las cosas vayan bien. Y para que los partidos tengan margen para poder negociar las cuestiones de la interna.
En su espacio político hay quienes plantean que, si el Gobierno no actúa en materia de vivienda, eso sí que puede sentenciarle políticamente, y no tanto que no logren aprobar los Presupuestos. ¿Cuánto puede aguantar un Gobierno después de dos prórrogas presupuestarias?
Estoy de acuerdo con la afirmación de que este Gobierno se la juega con la vivienda. Creo que pasaremos o no a la historia en función de si somos capaces de resolver esta cuestión. Debería ser la preocupación máxima tanto del presidente como, por supuesto, de la ministra de Vivienda. Y, segundo: insisto en que es posible vivir en prórroga, pero no es deseable. Nosotras trabajaremos para que haya Presupuestos. Empezamos la negociación ya para las cuentas de 2024, y no compartimos que se hiciera una prórroga.
Este sábado se reúne el Consell Nacional de los Comunes, que básicamente persigue la elaboración de la ponencia de la Asamblea Nacional que celebrarán en noviembre. ¿Qué van a abordar y quién cree que liderará este espacio?
De momento estamos trabajando en las propuestas, en lo político. Han pasado muchas cosas desde nuestra última Asamblea Nacional, hace cuatro años, y tenemos que actualizar el ideario y el análisis sobre el contexto. Ni la España ni la Cataluña actual tienen nada que ver con las de hace cuatro años. Necesitamos entender cuáles son las conversaciones que se están dando, las preocupaciones a las que tenemos que dar respuesta y las estrategias más efectivas. También las alianzas que nos pueden permitir llevar a cabo estas políticas para una Cataluña y para una España más feministas, más ecologistas y más progresistas. Más adelante tendremos oportunidad de ver cuáles son las personas que se pondrán al frente de la organización.
¿Descarta presentarse?
Lo que descarto es hacer este debate en los medios de comunicación. Creo que siempre debe existir un respeto hacia la militancia. También al buen funcionamiento de los espacios democráticos que son los congresos.
Movimiento Sumar, el partido de Díaz, celebra su propio congreso a finales de año. ¿Quién manda hoy en Sumar? ¿Cómo debe resolverse el liderazgo y qué posición debe reservar a Yolanda Díaz?
Nosotras vamos a acompañar a las compañeras y compañeros de Sumar. Son un partido que consideramos hermano, con el que trabajamos y con el que tenemos una alianza clara. Pero creo que Sumar es responsable de decidir cuál debe ser su futuro, también en lo que toca a los nuevos liderazgos. Creo que Yolanda Díaz, que es la mejor ministra de Trabajo que ha tenido jamás este país, es un valor incalculable para la izquierda española. Y estoy convencida de que Sumar opina lo mismo.
Esta semana se conocieron las cartas con insultos machistas y amenazas que han recibido varias diputadas del PP, así como la vandalización del coche de la ministra Mónica García. Hace semanas se habló del acoso en redes a la diputada de Podemos Martina Velarde, antes se sucedieron los comentarios machistas sobre la forma de vestir de Yolanda Díaz… ¿Se ha incrementado el grado de violencia que sufren las mujeres en política?
Sin duda. Desde mi primer día en el Congreso de los Diputados ya se podía apreciar, pero creo que hay un antes y un después con la llegada de la extrema derecha al Parlamento. Los nazis han existido siempre; las agresiones nazis han existido siempre, aunque no hayan ocupado grandes portadas. Lo que está sucediendo ahora es que estos movimientos tienen un altavoz brutal en el Congreso, y eso tiene una traslación en la calle. Se sienten impunes. Sienten que pueden expresar libremente su odio hacia las mujeres, hacia los diferentes. Es lo que sucede cuando la extrema derecha entra en el Parlamento, y eso es lo que debería preocuparle a un partido que se dice de Estado como el PP. Estamos ante un retroceso que debería ser motivo de preocupación para todos los partidos. A nosotras no nos van a amedrentar por muchas etiquetas que nos cuelguen, por muchos coches vandalizados, por muchos insultos o por muchas amenazas, por redes o por otros medios. Nosotros hemos venido aquí a hacer política y la vamos a hacer. Y cuatro nazis no nos van a asustar. Tampoco los que están en el grupo parlamentario.
En lo que llevamos de 2024 treinta y cinco mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. En sus exigencias al PSOE para la negociación presupuestaria introdujeron dos medidas específicas contra la violencia machista. Pero el debate sobre la lucha contra esta violencia, y por la igualdad, se plantea hoy con menos medidas específicas que hace pocos meses, quizás por el rumbo del Ministerio de Igualdad. ¿No se puede hacer más?
Siempre se puede hacer más. La lucha contra la violencia de género tiene que ver con muchas cuestiones. Como los recursos de las mujeres, la capacidad y la autonomía que puedan tener para irse de casa en un momento determinado de violencia. De ahí que el incremento del SMI o la reforma laboral, que fomenta una contratación más estable, sean medidas feministas, que ayudan en esta batalla contra el horror y la violencia. Necesitamos más recursos en el ámbito de la sanidad, en la prevención y, probablemente, también en el pacto de Estado. Este verano hemos vivido una de las olas de asesinatos más brutales de los últimos años. Es una violencia estructural, que nos está matando por el hecho de ser mujeres, y nadie puede bajar los brazos. Echamos de menos, sí, un poco más de actividad por parte del Ministerio de Igualdad. Pero, dicho eso, este es un Gobierno que está comprometido por la lucha contra la violencia y vamos a seguir actuando.
Más allá de que Díaz haya expresado sus discrepancias con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por la posición del Ejecutivo sobre Israel… El eurodiputado Jaume Asens ha pedido por carta al ministro que no se vendan más armas a Israel. ¿Están cómodos con la posición que marca Exteriores, más allá de sus reivindicaciones concretas?
Netanyahu es un criminal de guerra, un asesino, un genocida. Creo que todas lo tenemos claro. Estamos viendo las imágenes, y creo que es una vergüenza a nivel internacional la respuesta que se está dando. Es increíble que el mundo esté asistiendo a un genocidio en directo y que no esté actuando para frenarlo. La mayor parte de la sociedad no fue consciente del genocidio que vimos en Alemania, al menos a nivel internacional. Esto no es así ahora. Todos los líderes internacionales son conscientes de qué está sucediendo no solo en Israel, también ahora en el Líbano, en Siria. Y parece que quieren ir incluso más allá.
Hay que responder de forma nítida. España se ha posicionado entre los pocos países que ha reconocido efectivamente lo que está sucediendo en Palestina, que ha dado un paso más allá, que es moverse a favor de que Netanyahu comparezca frente a la Corte Penal Internacional. Dicho esto, creo que es evidente que España no puede participar en ningún caso en la venta de armas a Israel. No hay otra hoja de ruta posible que el alto el fuego y que Netanyahu comparezca frente a la Corte Penal Internacional. Y Albares debe ser más valiente de lo que lo está siendo esta semana.