Una reforma de la Constitución (artículo 49); tres proyectos de ley y dos proposiciones de ley ya aprobadas en el Congreso de los Diputados. Entre las últimas, la polémica amnistía y la norma que desarrolla el pacto entre PSOE y PP para renovar el CGPJ, para la que Pedro Sánchez ha contado con los votos de Alberto Núñez Feijóo. Es el balance legislativo del curso político para un Ejecutivo que se jacta de haber logrado aprobar más de 200 normas en su anterior etapa; casi un centenar fueron reales decretos, en parte por la pandemia de covid-19, pero en 2024 solo son seis. El total de proyectos y proposiciones de ley ya aprobados es incluso menor al total de grandes derrotas parlamentarias, en un año con cuatro convocatorias electorales y un Parlamento aún más fraccionado que en la anterior legislatura.
La coalición PSOE-Unidas Podemos, además, logró sellar tres Presupuestos Generales del Estado en sus tres años y medio de vida. La unión PSOE-Sumar, más débil en escaños, y frente a una aritmética parlamentaria aún más compleja por su dependencia de Junts, ya renunció a impulsar nuevos Presupuestos para 2024. Y el propio partido de Puigdemont se unió al PP y a Vox para votar contra los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2025, la primera piedra de unas cuentas públicas difíciles de articular.
A la reforma constitucional y a las cinco normas en cuestión se añade la convalidación de esos seis reales decretos, de los siete llevados a la Cámara. En todos los casos, menos en uno, además, el Gobierno se ha visto obligado a asumir su tramitación como proyectos de ley, para que los grupos parlamentarios puedan modificar estas normas. El fracaso del real decreto que reformaba el subsidio por desempleo, con Podemos votando en contra y con el Gobierno viéndose obligado a tener en cuenta sus exigencias para volver a presentarlo, contrasta con el balance de la anterior legislatura. Sánchez solo sufrió la caída de un real decreto, en 2020, sobre la financiación de los ayuntamientos.
El resultado legislativo del primer curso político, un año después de las elecciones y nueve meses después de la investidura del presidente del Gobierno, contrasta, además, con la hoja de ruta vendida por La Moncloa hasta ahora. Pese a encontrarse ante un año con tres citas electorales fijas, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, adelantó en marzo que el Plan Anual Normativo (PAN) para 2024 contemplaba el paso de seis leyes orgánicas, 43 leyes ordinarias y 159 reales decretos por la mesa del Consejo de Ministros.
Algunas, como la ley de trata, ya han pasado este trámite en primera vuelta, como anteproyecto de ley, y otras han sido remitidas al Congreso para continuar su tramitación. El plan recoge el conjunto de leyes a las que el Gobierno prevé dar su visto bueno en un año, no necesariamente las que se verán en el BOE durante ese periodo (en 2023 fueron el 40% de las previstas, según Bolaños).
Los proyectos de ley (normas presentadas por el Gobierno) que constan como aprobados son la ley de paridad; la norma que regula las enseñanzas artísticas superiores y establece la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales, y la ley que recoge la creación de una autoridad administrativa independiente en materia de investigación de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.
Las proposiciones de ley (presentadas a iniciativa de los grupos parlamentarios) son dos: la que recoge las modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPG) y en el Estatuto del Ministerio Fiscal (en el marco del pacto PSOE-PP sobre el CGPJ); y la ley de amnistía, ambas de carácter orgánico. Los reales decretos son el de modernización de la Justicia; dos decretos para paliar el impacto económico de guerra de Ucrania; de suspensión de determinados desahucios hipotecarios; el de ayudas para viajes de jóvenes y el del subsidio por desempleo. En el grupo socialista presumen de haber arrancado la tramitación de cerca de 117 iniciativas, si bien no todas son leyes, ni todas están todas igual de avanzadas. Y recuerdan que hay leyes como las que afectan a los agentes y bomberos forestales ya han recibido el aval de la Cámara Baja y esperan ahora luz verde por parte del Senado.
Y, en lo que toca a los revolcones parlamentarios, destacan la retirada de la ley del suelo por falta de apoyos, o la derrota de la ley contra el proxenetismo. Y el fracaso de los objetivos de estabilidad, o la frustrada reforma de la ley de extranjería para establecer el reparto de menores migrantes entre distintas comunidades autónomas. También el primer real decreto que pretendía modificar el subsidio por desempleo, o la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, poco después de que también fuera reprobado por el Senado.
Malo para el PSOE, peor para Sumar
En su comparecencia de balance del curso político, la semana pasada, Sánchez ya rebajó la importancia del número de leyes aprobadas a la hora de evaluar “la fortaleza de un Gobierno”. “Es un indicador que nos habla de la situación del poder legislativo, del Parlamento”; “En España siempre ha habido una concepción excesivamente legislativa de la acción del Gobierno”, apuntó. Las leyes, afirmó el jefe del Ejecutivo, son “muy importantes”, aunque “son un medio, no un fin”.
Poco después de las últimas elecciones generales, y ante la endiablada aritmética parlamentaria que tienen que afrontar para cosechar victorias en la Cámara Baja, en el PSOE quitaban hierro a esta circunstancia, y recordaban el enorme esfuerzo legislativo de la XIV legislatura como una suerte de garantía. La situación preocupa especialmente en Sumar, toda vez que el socio mayoritario de una coalición es quien suele tener más facilidad para capitalizar sus éxitos de gestión. Y de que las costuras que mantienen aún juntos a los aliados de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, amenazan con saltar por los aires si no cuentan con el ‘pegamento’ de la gestión.
La propia Díaz, desde el arranque de las negociaciones con el PSOE para firmar un programa de gobierno común, ya advirtió de que estos pactos deben traducirse en medidas perceptibles. Rechazó un Ejecutivo de mera continuidad, y apostó por seguir impulsando transformaciones. En su núcleo duro lamentan que el PSOE los hace muy difíciles. El reparto de escaños tampoco ayuda a sus fines, y en septiembre redoblarán la presión en materias que quieren impulsar cuanto antes (algunas, ya en el Congreso), para intentar vender éxitos de gestión que puedan mantenerlos cohesionados.