La Sala de Apelaciones falla en favor de la medida ordenada por Ángel Hurtado, el juez instructor de la causa que investiga al fiscal general por un presunto delito de elevación de secretos y avala el registro a los despachos del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo y Eduardo de Porres, los tres magistrados ponentes justifican la diligencia de entrada a la fiscalía general por la existencia de un presunto delito de revelación de secretos (artículo 417 del Código Penal). Además creen que la intervención de dispositivos informáticos y documentos fue considerada “necesaria y proporcional”. Y añade que el Alto Tribunal tiene la facultad de investigar a los aforados, sin que esto implique privilegios o impunidad
La Sala de Apelación del Tribunal Supremo desestima, por tanto, por unanimidad el recurso que presentó la Abogacía del Estado, en representación de Álvaro García Ortiz. El fiscal general buscó la nulidad del registro de los despachos de la fiscalía general por considerar “desproporcionada” la medida para dilucidar quién fue el filtrador de los datos fiscales de la pareja de Ayuso: “Carecen de todo razonamiento que permita sustentar la idoneidad de las medidas adoptadas para el descubrimiento de la actividad delictiva”, rezaba el escrito presentado ante el Alto Tribunal,
La defensa de García Ortiz se quejó además de que la información que se estaba incautando pertenecían a un periodo demasiado extenso de tiempo alegando que la filtración se circunscribe a fechas concretas y que los agentes se llevaron información “ingente, altamente sensible y relativa a una multitud de investigaciones penales en curso, todo ello sabiéndose por el instructor que era por completo ajeno a lo investigado en esta causa”, rezaba el recurso de García Ortiz. Esto también lo desestima la Sala porque días después el juez instructor del cas, Ángel Hurtado, acotó el periodo que la UCO debía analizar.
Si bien la Sala de Apelaciones no se mete en opinar sobre si el fiscal general incurrió en un delito o no. Si opina que hay suficientes delitos que ni si quiera determinó Hurtado sino que ya se venían detectaron en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, instancia que comenzó la causa y como se trata de un delito supuestamente cometido por medios telemáticos entiende la sala que “no puede ser más que investigado por esos propios medios: es más, es la única manera de esclarecerlo”, reza el fallo que concluye: “Queda cumplido tal requisito de una motivación reforzada en función de las circunstancias concretas del caso investigado”.
Para la Abogacía del Estado el registro “constituye seguramente el mayor perjuicio (el tiempo dirá si irreparable) que se ha causado a la Fiscalía General del Estado y a la fiscal jefe provincial de Madrid”. Argumento que desmonta también la sala formada por un ex Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar: “Si concluyéramos que es un lugar de imposible prospección judicial, por el lugar donde se iba a practicar (una alta institución del Estado), conllevaría la renuncia a la misma investigación y a la consiguiente creación de un ámbito de impunidad que no resulta de ningún lugar ni apartado de nuestro ordenamiento jurídico. Lo que considera el Supremo es que el fiscal ya cuenta con su condición de aforado y es por eso que su causa se instruye en el Alto Tribunal por eso no ve motivos para no utilizar todas las herramientas que considere pertinentes el magistrado. De hecho, señala que de ser de otra forma se estaría incurriendo en un privilegio para aforados inconstitucional.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estuvo durante más de diez horas el 30 de octubre realizando un registro en el despacho del fiscal general del Estado como parte de la investigación que el Tribunal Supremo (TS) lleva a cabo contra Álvaro García Ortiz por una presunta revelación de secretos contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.