La pareja de José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE testificó la semana pasada en el Tribunal Supremo. Vaya por delante que como testigo estaba obligada a decir la verdad con lo cual su relato, aunque no le beneficia, en principio tiene toda la veracidad. Jéssica R. reconoció que durante un año y medio (entre marzo de del 2019 y septiembre del 2021) estuvo contratada en las empresas públicas Ineco, dependiente del departamento que dirigía Ábalos, y Tragsatec, integrada en Agricultura. Cobró en total más de 31.000 euros, pero no trabajó ni un solo día, según relato ella misma al juez.
Es decir durante todo este tiempo, todos estuvimos pagando el “capricho” del ex ministro de contentar a su pareja a pesar de que él era consciente de que nunca fue a trabajar. Ni un solo día de los 912 que estuvo contratada en la administración pública gracias al enchufe de su pareja.
Durante este periodo, la testigo residió en un piso en una de las mejores zonas del centro de Madrid. El alquiler del inmueble ascendía a 2.700 euros al mes y, según la investigación de la que se está encargando la Guardia Civil, todo lo pagó el testaferro del empresario y comisionista Víctor de Aldama. Jéssica declaró al juez instructor que no sabía quien le pagaba el piso, aunque añadió que siempre pensó que Ábalos estaba detrás.
Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) dan credibilidad al relato de esta mujer porque coincide con sus pesquisas. El que pagaba era Aldama, nexo corruptor de la trama, Koldo García Izaguirre el que buscaba los pisos y hacía las gestiones y su hermano el que facilitó los dos trabajos a Jéssica.
Va a ser el alto tribunal el que dirima si existen responsabilidades legales y penales pero a priori todo lo que conocemos a esta hora pone en evidencia que la actuación de Ábalos no ha sido ética.
Bien por acción bien por omisión, respetando siempre la presunción de inocencia, los hechos que se van conociendo demuestran que el ex ministro estaba al tanto de todo y que aprovechó su cargo para beneficiarse de distintas maneras, incluidas las contrataciones descaradas en empresas públicas o el pago de alquileres a sus parejas.
De momento, sus declaraciones ante la Justicia no han podido desmontar que durante su mandato en el ministerio de Transportes una trama corrupta se movió a sus anchas en ese ministerio, que es el organismo público que más dinero mueve y del que dependen contratos que ascienden a miles de millones.
Personalmente creo que el ex ministro debería dejar su escaño. La presunción de inocencia es independiente de las responsabilidades políticas y es muy difícil de defender que todavía conserve su puesto de diputado. Su caso evidencia “enchufismo” hacía los suyos y controles insuficientes en esas empresas públicas para comprobar que efectivamente los puestos se asignaban a quienes se lo merecían y desempeñaban con normalidad.
Conservar el escaño de diputado es incompatible con todas las revelaciones judiciales que estamos conociendo sobre el comportamiento de Ábalos. Hacienda ha anunciado que investiga si hubo irregularidades en la contratación de Jéssica R. y ése es el camino que tiene que tomar el Ejecutivo que tiene también una responsabilidad por no fiscalizar lo que hacía su compañero. Esto hunde la imagen pública de la política y es muy difícil recuperar posiciones.