Se llamaba María Belén Cortés Flor, acababa de cumplir 35 años y tenía toda la vida por delante para seguir trabajando ayudando a los más vulnerables, su pasión vital y vocacional. El pasado domingo fue asesinada en un piso de menores de reforma de la Junta de Extremadura en Badajoz, donde estaba empleada como trabajadora social. Horas después del terrible asesinato la Policía Nacional detuvo a los tres menores implicados en el suceso: dos varones de 14 y 15 años y una chica de 17, todos de nacionalidad española y me parece que en este contexto nacional es importante destacarlo. Los tres estaban internados en piso tutelado donde trabajaba Belén y salieron huyendo en el coche de la cuidadora. Fue asesinada a golpes y estrangulada con un cinturón. Ellos fueron detenidos en Mérida después de tener un accidente en coche cuando iban de camino a Badajoz para disfrutar de las fiestas de Carnaval. Terrible.
Belén estaba sola en el momento del asesinato. El piso tutelado que coordinaba tiene un régimen más flexible para los menores que han delinquido, pero es igual de tenso o más que otros porque no existe la figura del vigilante de seguridad. Una sola persona trata de que menores conflictivos procedentes de entornos familiares desestructurados y con problemas de drogas y de delincuencia cumplan unas reglas de convivencia. ¿Se imaginan dormir y convivir con seis menores que manejan armas blancas sin el apoyo de una videocámara o un vigilante de seguridad? Belén había tenido problemas con ellos en ocasiones anteriores y de hecho tan solo unos días antes de que la matasen había denunciado a uno de los menores por amenazas. La Junta de Extremadura reconoce que existían “incidencias relativas por diferentes conductas” con los menores detenidos y que estos problemas habían sido puestos en conocimiento de la justicia como marcan los protocolos. La Consejería de Salud y Servicios Sociales estaba a la espera del pronunciamiento judicial para tomar medidas. Existía la posibilidad de haber ejecutado un cambio de domicilio para los menores, pero en este horrible suceso ni se barajó porque llevaban muy pocas semanas de convivencia en esa vivienda. Hay unanimidad entre las trabajadoras sociales en que trabajar con mayores de 16 años ya supone un peligro y que la cantidad de menores que debe atender una sola persona las deja desprotegidas la mayor parte del tiempo ante individuos que sufren síndrome de abstinencia, problemas psiquiátricos o simplemente ningún interés en reconducir su vida.
¿Los perfiles de los potenciales agresores son cada vez más violentos? ¿hay que revisar la Ley del Menor? ¿son precarias las condiciones de trabajo? Son preguntas que estos días los medios de comunicación estamos analizando con expertos y que deberíamos trabajar para que el terrible asesinato de Belén pueda ayudar a otros trabajadores y trabajadoras sociales. Son los que denuncian que los menores con los que tratan son cada vez más agresivos, menos empáticos y con menos valores. Hasta el punto de que muchos de estos empleadores tienen miedo hasta de hablar publicamente como Carmen (nombre ficticio) que estuvo en La Mirada Crítica y que nos contaba que “no se trabaja igual que antes porque hace años se podía hablar y ahora solo podemos calmarlos para intentar que nadie salga herido”. En los pisos tutelados estamos desamparadas y desprotegidas porque no tenemos ni vigilantes ni cámaras de seguridad y ha pasado lo que tanto estábamos temiendo todas, nos confesaba Carmen. Durante la concentración por la muerte de Belén otra de sus compañeras, Agustina, exigía al menos dos personas por turno y no solo una como en este caso que en ocasiones tiene que hacerse cargo de seis menores en el mismo piso. Compañeros de la fallecida aseguran que había solicitado la presencia de un vigilante de seguridad aunque la Junta no ha confirmado este extremo de forma oficial.
Un sistema fallido
Uno de los menores acusado presuntamente de ser el autor material del asesinato había cometido 37 delitos en un fin de semana. Es un delincuente habitual muy conocido por la Policía que lo ha perseguido en varias ocasiones. Algunas de ellas en coche, porque a pesar de ser menor de edad estaba especializado en el hurto de vehículos. Su vida transcurría entre el centro de menores y la reinserción. Salía a la calle, cometía algún delito y de nuevo volvía a los pisos tutelados con la supervisión en este caso de una educadora social que ha acabado muerta. El otro menor agredió a su padre hasta romperle la nariz. Por eso la pregunta de si hay que cambiar la Ley del Menor es pertinente sobre todo cuando compruebas que son las cuidadoras las que ven necesaria una reforma. Como nos cuenta otra asistenta social con la que hablamos en La Mirada Crítica los menores son cada vez más agresivos y les sale muy barato matar porque usan internet y conocen las leyes.
En mi opinión el sistema ha fallado desde varias aristas. La primera es la derivada legal. Al tratarse de menores que ha han sido juzgados por varios hechos delictivos deberían no haber estado en un régimen semi-abierto que les ha permitido actuar con total libertad sin miedo alguno a volver a delinquir. Si hubiesen estado en un centro cerrado no hubiesen podido actuar. La medidas que impone la Ley del Menor para casos como el que estamos analizando no son penas sino medidas de reinserción. En nuestro país los hechos delictivos, cometidos por menores de 14 años, están exentos de responsabilidad; se han cometido asesinatos y otros delitos por menores de esta edad, sin que se puedan adoptar medidas penales. En países de nuestro entorno se fija la responsabilidad del menor a partir de los 12 años en Bélgica y Holanda y a partir de los 13, en Grecia y Francia. La segunda arista tiene que ver con la ausencia de seguridad para las trabajadoras. Pueden ser amenazadas y agredidas sin que nadie lo haya impedido porque no tienen seguridad privada. Creo que toca reflexionar en torno a la adopción de medidas que eviten la violencia juvenil cada vez más generalizada.