El 2025 será un año marcado por la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, con una carga simbólica muy potente. El Gobierno de coalición, presidido por Pedro Sánchez, ha proyectado más de un centenar de actos para rememorar esa fecha.
La conmemoración de la efeméride llega en un contexto marcado por la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 y ampliada en los últimos años, que busca reparar los daños del franquismo y garantizar la memoria de las víctimas. Esta ley ha sido clave para abordar la herencia del dictador, y parte de la conmemoración del aniversario de su muerte en 2025 se enmarca dentro del esfuerzo por evitar la banalización de la dictadura, algo que, según el Gobierno y avalado por diversos estudios, ocurre especialmente entre las generaciones más jóvenes. En este sentido, los actos previstos para recordar a Franco no solo pretenden visibilizar las atrocidades cometidas durante su régimen, sino también reforzar la enseñanza sobre la historia reciente de España y evitar que se olvide el sufrimiento de las víctimas del franquismo.
La Ley de Memoria Histórica, por su parte, ha sido objeto de críticas por no haberse implementado de manera suficientemente eficaz, con asuntos pendientes en exhumación de cuerpos o cierre de fosas comunes. En este sentido, el 2025 puede convertirse en un punto de inflexión para dar un nuevo impulso a la memoria histórica, aprovechando el aniversario para reavivar el debate sobre las reparaciones y la necesidad de seguir avanzando en la construcción de una democracia que nunca olvide las lecciones del pasado.
Sin embargo, la Ley de Memoria Histórica y su aplicación vuelven a ser objeto de controversia, especialmente en un clima político donde el debate sobre el pasado sigue siendo altamente polarizado. Mientras que el Gobierno apuesta por utilizar el aniversario de Franco para reforzar la memoria histórica, otros sectores, como la oposición del PP, consideran que este enfoque es una táctica política para desviar la atención de otros problemas que acucian a Pedro Sánchez.
Incluso dentro del propio ejecutivo algunas voces socialistas consideran que la magnitud de los actos es desproporcionada, y es innegable que al enfocar el debate en el pasado franquista, el gobierno consigue cambiar de tema y poner en aprietos a la oposición, principalmente al líder del Partido Popular, al forzarlo a posicionarse ante el legado de Franco.
Isabel Díaz Ayuso, entre otros mandatarios populares, ha sido clara en sus críticas al respecto, acusando a Pedro Sánchez de recurrir al Francomodín para desviar el debate y, al mismo tiempo, calentar la polarización política en el país.
Probablemente la programación del centenar de actos de memoria histórica tenga mucho de las dos visiones. Pero el problema no reside en que el Gobierno intente aprovechar el 50 aniversario de Franco para reactivar su agenda política. El problema real es que esto pueda suceder porque la derecha no se atreva a desmarcarse claramente del autoritarismo del pasado y lo que es peor, del contemporáneo.
Desafortunadamente, en España carecemos de una derecha moderna que se aleje de postulados autoritarios, que se sienta libre para explicar que los errores del pasado deben ser superados para construir un país fuerte y cohesionado. La falta de una postura firme contra un régimen autoritario que suprimió derechos fundamentales pone en duda el compromiso del Partido Popular con los valores democráticos, lo cual está lejos de los mínimos que se le suponen a un partido responsable y con sentido de estado.
Es tan obvia la contradicción de que el PP se reivindique como defensor de la libertad mientras no condena claramente el franquismo, que señalarlo provoca sonrojo. Su discurso tampoco es nada nuevo en la dialéctica política, así que ni siquiera nos queda la oportunidad de hacer el chiste y hablar de un franco desengaño.