Hoy se cumplen veinte años desde la publicación en el BOE de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y, cuya votación, el 22 de diciembre de ese año, consiguió el voto favorable de los 325 diputados presentes en el Congreso de los Diputados reunidos en su sesión plenaria nº 57 ese día.
Tras estos veinte años de vigor de dicha Ley y según los datos aportados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, desde el 1 de enero de 2003, fecha en la que se comienza a contabilizar, 1.291 mujeres fallecieron a consecuencia de esta lacra y que este año que se encuentra a punto de finalizar, se ha cobrado la vida de 46 mujeres y ha dejado 35 huérfanos menores de 18 años. De esas 46 mujeres, 34 (73,9%) no habían presentado denuncia y lo más llamativo aún, es que 29 de esas víctimas mortales convivían con el que a la postre, se convirtió en su verdugo.
Esta Ley supuso un hito histórico en la lucha contra la violencia de género pues no solo ofreció una tutela penal y judicial, sino que se convirtió en la primera ley en aportar una solución integral y multidisciplinar frente a esta violencia, que según su Exposición de Motivos, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad, que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, y que son consideradas por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.
Todo lo que abarca
De esta forma, podríamos destacar que la Ley no solo abarca aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, sino que además, reformó la normativa civil que incidía en el ámbito familiar ofreciendo una respuesta rápida en forma de medidas cautelares, tanto a las parejas sentimentales unidas por una relación matrimonial como a las uniones de hecho, cuando las mismas tenían hijos en común.
Estas medidas que tenían como objetivo la prevención y erradicación de la violencia sobre la mujer, se complementaban con medidas procesales que agilizaban los procedimientos judiciales, como el establecido en la Ley 27/2003, de 31 de julio, pero que, además, debían ser ejecutadas con carácter urgente para una adecuada protección de las mujeres y sus hijos.
Además, se puso el acento en el proceso de socialización y educación a través de medidas de sensibilización, prevención, detección e intervención que se desarrollan en la actualidad en muy diversos ámbitos, y en la creación de una multitud de órganos judiciales especializados, un Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, encargado de la supervisión y coordinación del Ministerio Fiscal en esta materia, una Sección equivalente en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales, a las que se adscribieron Fiscales especializados, entre otras.
Mujeres e hijos
Hoy en día, y aunque el número de fallecidas ha descendido, no se puede decir que esta lacra ha desaparecido. Al contrario, resulta alarmante también que además de dirigirse frente a las mujeres también lo hace contra sus hijos.
Desde el año 2013, el número de hijos muertos a manos de sus padres biológicos o por las parejas o exparejas de sus madres es de 62. Este año, el número de menores víctimas de esta violencia ha ascendido, hasta la fecha, a nueve, de las cuales, ocho se sitúa en un rango de edad entre 1 y 8 años y la restante, entre los 15 y 17 años.
Si distinguimos por Comunidades Autónomas, tres de los fallecimientos tuvieron lugar en Andalucía, tres en Castilla La Mancha y tres en Cataluña. Esta es la cifra más alta desde el año 2003 y merece una respuesta inmediata por el legislador. No se puede esperar más y se debe fortalecer el marco legal vigente.
Instrumentos de dolor
La violencia vicaria es una de las manifestaciones más crueles de la violencia de género pues, aunque se dirige contra los hijos, ya que son las víctimas físicas y sujetos materiales de la acción de los maltratadores, el objetivo que se presente es causar el dolor más grave a la mujer, que son las que sufren un tormento permanente por la pérdida traumática de sus hijos y que ven destruida su vida por este motivo. De esta forma, los hijos se convierten en instrumentos de dolor hacia su madre.
El Defensor del Pueblo registró en las Cortes Generales el pasado 22 de noviembre su informe sobre Violencia Vicaria de Género, señalando seis líneas de actuación y formulando diecinueve recomendaciones que han sido remitidas a distintas instituciones, entre otras, a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, destacando la necesidad de una protección específica frente a este tipo de violencia que están sufriendo los niños y adolescentes.
Los sistemas de valoración de riesgo y de intervención deben adaptarse a esta problemática y estar dirigidos específicamente a estos colectivos que se han convertido en una diana fácil y que necesitan, más que nunca, de una necesaria y especial protección.