Me ha costado lo indecible comenzar a escribir. Y me ha costado porque el planteamiento jurídico del asunto es elemental; no tiene ningún secreto y contamos con una legislación ingente, clara y, además, adecuada, que los responsables implicados en su aplicación deben conocer, o deberían conocer, al dedillo porque constituyen el ABC a tener en cuenta ante crisis como la que se ha producido.
Sin embargo, con el batiburrillo de declaraciones, comunicados y afirmaciones y desmentidos con que nos han obsequiado quienes parece que quieran llevarnos a la conclusión de que estamos ante la inacción de un Estado fallido, en el que no se sabe quién tiene que hacer qué, con qué medios, ni cuándo debe actuar. Una reflexión fundada sobre ello nos lleva precisamente a la conclusión contraria. Veamos por qué.
Ciertamente, en un Estado como el autonómico, el cual, además, se inserta en la Unión Europea, existen distintos niveles competenciales en los que cada uno de ellos tienen competencias concretas, lo cual no significa que las tenga en exclusiva y que pueda hacer con ellas lo que le apetezca. Hoy en día, en nuestras sociedades complejas, ningún nivel de decisión político-administrativa puede abordar en solitario la mayor parte del ámbito material que le compete, sino que tiene que articularlo en coordinación o colaboración con los otros.
Demasiadas veces los políticos, sobre todo determinados políticos, se llenan la boca con afirmaciones de pretendida exclusividad que no son tales. Por ejemplo, en situaciones de crisis como la que estamos atravesando tienen competencias desde la Comisión Europea a través del sistema Copérnico de protección civil, el Gobierno de España mediante las potestades que le atribuyen las leyes reguladoras de la defensa y seguridad nacional, la protección civil y el estado de alarma, las Comunidades Autónomas con las competencias de gestión que les atribuyen los estatutos de autonomía y las leyes administrativas propias y estatales y, también, las autoridades locales. Pensar que con la actuación de uno solo de estos niveles político-administrativos se puede hacer frente a lo que está sucediendo y que la toma de decisión y la responsabilidad recae sobre las comunidades autónomas, evidencia desconocimiento o mala fe.
Desde el Derecho Constitucional llevamos décadas poniendo en evidencia que, en los estados fuertemente descentralizados, como son los estados federales o el estado autonómico español, únicamente con la puesta en práctica de los instrumentos de colaboración y cooperación que están previstos en el conjunto de la legislación, europea incluida, es posible abordar con eficacia las necesidades reales. Y no me refiero únicamente a la Conferencia de presidentes, las comisiones bilaterales o sectoriales o el Consejo de política fiscal y financiera, sino a los que las leyes que antes he mencionado formalizan, en el ámbito de la protección civil o de la seguridad nacional, implicando la acción conjunta de los distintos niveles competenciales y designando tanto quien tiene que tomar la dirección política de la toma de decisión en tales materias, que siempre es el Gobierno de la nación, como a las autoridades responsables de la coordinación y/o cooperación de la gestión.
Un principio general rige en todos estos supuestos: cuando la situación que requiere la puesta en marcha de mecanismos de protección civil o seguridad nacional afecta a varias comunidades autónomas, o cuando la envergadura de la crisis lo requiere, quien ha de tomar la iniciativa y coordinar las actuaciones es la administración central, es decir, el Gobierno de la nación. También en el caso del estado de alarma es el Gobierno quien debe decretarlo y comunicarlo posteriormente al Congreso de los Diputados.
En el caso que nos ocupa, aunque no podemos controlar a la naturaleza, sí que podemos afrontar con mayor o menor eficacia los estragos por ella producidos. Una DANA que, aunque con distinta intensidad y efectos, ha afectado a cuatro comunidades autónomas, requiere un abordaje complejo en el que es necesario, como primera medida, decidir qué legislación es la más adecuada al caso concreto, teniendo en cuenta que tales normas pueden, y tienen, que ser aplicadas teniendo en cuenta que pertenecen a un ordenamiento jurídico que, si bien complejo, es único.
Es evidente que, en los primeros momentos de la tragedia, es decir, el martes, no se podía conocer su amplitud y magnitud, pero enseguida se comprobó la realidad ante la cual nos encontrábamos. Al día siguiente, el miércoles, ya a primera hora se contabilizaban más de 50 fallecidos y un panorama desolador. Lo que no se entiende es por qué desde el Gobierno de España no se optó desde ese momento por asumir lo que todo gobierno tiene que asumir: la dirección de los medios con los que se cuenta para hacer frente a una catástrofe de tales dimensiones.
Porque son las catástrofes, naturales o provocadas por la obra humana, las que aparecen legalmente como elemento desencadenante de las competencias para decretar, sino un estado de alarma, una situación de emergencia nacional, prevista legalmente, que permitiera una coordinación efectiva de medios humanos y materiales lo más rápida posible. La crisis así lo requería. Se tenían las competencias y el sentido común, que tanto ha faltado en estos días, así lo daba a entender.
Pero nuestras autoridades no estaban por la labor. Parece que tuvieran otras cosas en mente en esos momentos, en los que según una diputada de la coalición gubernamental “no estaban para achicar agua”. Y en los que no sabemos a qué esperaba un ejecutivo central para tomar las decisiones debidas y coordinar las acciones necesarias. La manida frase de “si necesitan algo que lo pidan”, referida a las comunidades autónomas, concretamente a Valencia, evidencia que quien la pronuncia no ha entendido nada acerca de lo que es el estado autonómico: el Gobierno no está para ayudar o cooperar, el Gobierno debe dirigir y coordinar y quienes deben cooperar con el Gobierno son las comunidades autónomas y las entidades locales.
Tal falta de autoridad, de buen criterio jurídico, tal dejación de funciones por parte de quien tenía que liderar la acción frente a la catástrofe, es más que evidente. Siete días después se han limitado, en un Consejo de Ministros ordinario, a la declaración de zona catastrófica, mientras quienes han tenido que intervenir directamente para afrontar el desastre se han encontrado con situaciones dantescas y una descoordinación brutal. No es de recibo que existan zonas a las que los activos públicos especializados no han accedido todavía. No es de recibo que lleguen antes a la zona bomberos franceses y voluntarios de múltiples lugares que las unidades especializadas, legalmente previstas, que tenían que haber estado desplegadas desde hace días. No es de recibo que la ciudadanía esté desasistida una semana después. No es de recibo que quienes llegan a la zona para ayudar, busquen desesperadamente cómo hacerlo y no sepan a quién acudir, porque son sólo ellos quienes están presentes en medio de tanta devastación. La solidaridad ciudadana ha sido lo único con que se ha contado en múltiples lugares.
He estado en zonas de guerra en las que el impacto sobre la población civil era incluso menor que el que existe en las zonas más afectadas por la DANA. Salvamento de afectados, localización de víctimas, prevención de epidemias, distribución de alimentos y material de ayuda, restablecimiento de infraestructuras básicas…. “Si necesitan algo que lo pidan”…. En este escenario de reminiscencias bélicas, ¿quién tiene que pedir el qué?
Cuando contemos con todas las informaciones veraces sobre la actuación de las autoridades regionales y locales podremos valorar mejor la respuesta que se ha dado a la catástrofe desde tales entidades. Los datos que comenzamos a tener demuestran que algo tan excepcionalmente grave como lo sucedido no puede estar al margen de una coordinación gubernamental seria y eficaz, con la colaboración del resto de entidades político-administrativas que, desde el día siguiente a la tragedia ofrecieron sus medios para contribuir a afrontar las necesidades.
Dispongo de los comunicados de las comunidades autónomas en los que pusieron a disposición de quien tomara la responsabilidad de coordinar las acciones todos los medios especializados con que contaban, desde helicópteros de salvamento hasta bomberos y otro personal entrenado para actuar en este tipo de casos. Me consta el ofrecimiento de la Comisión Europea para activar el sistema europeo de protección civil. Todo esto se puso a disposición de las autoridades españolas competentes el mismo miércoles siguiente a la gran inundación. No hubo respuesta al respecto. ¿Por qué?
No nos puede extrañar la ira ciudadana, el sentimiento de estar desasistidos, la falta de sensibilidad de unos gobernantes que ni tan siquiera se acercaron al epicentro de la tragedia hasta pasados más de 5 días. Discusiones absurdas sobre si el ejército podía “entrar” en la zona con una declaración de “nivel 2” o se necesitaba un “nivel 3” y sobre quién tenía que decidir sobre “el nivel”. Con miles y miles de ciudadanos con el barro hasta el cuello, hemos tenido que ver al Rey y la Reina intentando confortar humanamente y afrontar dignamente la expresión de una rabia, que nunca es buena, pero es entendible, derivada de la inoperancia de quienes tenían que haber estado al pie del cañón desde el primer momento. Su Majestad ha dado en el clavo: “Hay que garantizar que el Estado en toda su plenitud está presente”.
No tenemos un Estado fallido. Lo que tenemos es un Gobierno fallido. Pero no sólo por la DANA. La DANA ha sido la guinda del pastel.