Carmen tiene 34 años y su marido 46. Tienen cuatro hijos, son familia numerosa y viven en un piso de alquiler de la comunidad de Madrid. Pagan 900 euros. Ella trabajadora de la Caixa hasta hace unos meses ha tenido que dejar de trabajar porque le sale más rentable cuidar a sus niños que pagar a una niñera. En el banco de alimentos les ponen pegas porque tienen una nómina. Carmen cuenta las galletas María para saber cuanto van a durar y todo sin inquietar a sus niños para no contagiarles la preocupación. Carlos es arquitecto. Ha encontrado trabajo en Madrid y cobra 1300 euros. Su apartamento le cuesta 700 euros y aunque está buscando algo más barato para sobrevivir de momento solo ha encontrado esa opción. Rosario “Chari” es cocinera y lleva en Madrid 10 años. Cobra 900 euros y paga 520 euros de alquiler por una habitación. La semana que viene, a finales de octubre vuelve a Huelva, su localidad natal, para comenzar una nueva vida y poder vivir un poco mejor sin tener que destinar más de la mitad de su sueldo a pagarse un alquiler. Alexandra es de Bolivia y tiene dos niños. Trabaja en un centro de estética, haciendo manicuras y pedicuras. Cobra 1200 euros al mes y paga por un apartamento 650 euros en Parla (Madrid). Está sola pero como tiene nómina, igual que Carmen, tiene problemas para recibir bonificaciones sociales destinadas a familias todavía más vulnerables.
Tener un trabajo en España ya no significa no ser precario. El informe de Oxfam Intermón publicado la semana pasada pone literalmente los pelos de punta. En el año 2022 casi una de cada tres personas (el 29%) está en riesgo de pobreza tenía trabajo, pero era de tan baja calidad que resultaba insuficiente para salir de la necesidad y de la escasez. Otro estudio difundido el pasado junio por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social señalaba que el año pasado casi 2,5 millones de ciudadanos eran pobres a pesar de tener empleo. Gracias a las medidas que se adoptaron durante la pandemia y a que los datos macroeconómicos soplan relativamente a favor el desastre no es mayor pero está claro que España padece un problema estructural de pobreza. Desde la crisis del año 2008, la tasa de empleo entre la población que sufre necesidad nunca ha bajado del 25%. La peor parte se la llevan los inmigrantes. Ocupan empleos en sectores esenciales, pero mucho peor pagados y con peores condiciones laborales.
Una de las grandes causas de esta precariedad son los precios de la vivienda. Los hogares con pobreza laboral viven con mayor frecuencia de alquiler y sus precios se han disparado desde hace más de diez años, muy por encima de los salarios. Son sueldos bajos que se hacen todavía más bajos porque la subida de los precios que ahora parece que se empieza a controlar se ceba siempre en las familias más vulnerables. Por eso es necesario que las autoridades tomen medidas para que incluso con un trabajo este problema no se convierta en España en algo crónico. No vamos por buen camino porque son tres problemas los que hay que solventar. Hay que dar con la tecla para que la rebaja de los alquileres sea efectiva y no es suficiente con limitar los alquileres en las zonas tensionadas y hay que construir más vivienda social que a día de hoy se antoja una tarea muy complicada porque a pesar de las promesas del ejecutivo a estas alturas no se ha construido prácticamente nada. Pero es que además hay que hacer un esfuerzo por incrementar los sueldos que de esto nadie habla y es importante recordarlo.
Por cierto esta semana hemos conocido un nuevo CIS que deja datos que el ejecutivo y el resto del arco parlamentario deberían tener tan presentes como para capitalizar las sesiones de control de los miércoles en el Congreso de los Diputados. El endurecimiento de las condiciones para comprar un piso y la subida constante de los alquileres ha convertido el acceso a una vivienda digna en un auténtico dolor de cabeza para muchos españoles. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas ya es la tercera mayor preocupación de los españoles, solo por detrás de la inmigración y de los problemas económicos. Un 22,7% de los encuestados menciona la vivienda entre los tres mayores preocupaciones para los españoles y un 17,9% asegura que figura entre las tres cuestiones que más le preocupan personalmente. El dato es llamativo especialmente si echamos la vista atrás y vemos que hace tan solo un año, el de la vivienda ni aparecía entre los diez mayores problemas para los encuestados por el CIS. Ojo porque puede ser el germen de un nuevo 15M.