A 15 días para las elecciones en Estados Unidos, la recta final de la campaña electoral se intensifica, y el acceso al aborto se convierte en un elemento clave. Kamala Harris lo defiende y eso podría conquistar mucho voto femenino. Veremos. Desde España el debate del aborto en norteamérica lo miramos con distancia, pero tampoco aquí el derecho al aborto está garantizado del todo. Me explico.
Aunque Estados Unidos y España han recorrido trayectorias diferentes en términos de legislación y acceso al aborto, tanto aquí como allí existen barreras que enfrentan las mujeres a la hora de interrumpir un embarazo y que constituyen profundas desigualdades y obstáculos, tanto legales como sociales, que limitan su libertad de elección. La lucha por el aborto no está acabada. Por fortuna aquí estamos lejos de la criminalización que sufren las mujeres en ciertos estados de EE. UU., pero en España muchas mujeres deben sufrir desplazamientos forzados para acceder a la interrupción del embarazo.
A pesar de que en España el aborto es legal desde hace más de una década, la falta de clínicas en numerosas provincias obliga a miles de mujeres cada año a viajar largas distancias, a veces cientos de kilómetros, para poder abortar. En comunidades como Castilla-La Mancha, Aragón o Extremadura, no hay clínicas acreditadas para practicar abortos en todas las provincias. Esta realidad implica que las mujeres que desean interrumpir su embarazo deben asumir el coste económico, emocional y físico de trasladarse a otras regiones.
Estos desplazamientos no solo suponen una barrera económica, sino que también agravan la situación de las mujeres que ya se encuentran en una posición vulnerable. Las más afectadas suelen ser aquellas con menores recursos o que viven en zonas rurales, quienes se ven obligadas a enfrentarse a un proceso aún más complicado debido a las distancias. Además, a menudo estas mujeres no cuentan con redes de apoyo cercanas que las ayuden en un momento que ya es de por sí estresante.
Otro factor que contribuye a esta problemática es la objeción de conciencia por parte del personal sanitario. En algunas regiones, la mayoría de los médicos se acogen a esta figura, lo que reduce aún más la disponibilidad de servicios de aborto. Aunque la ley garantiza el acceso al aborto, la realidad es que muchas mujeres se encuentran con estos obstáculos que, de forma indirecta, restringen su capacidad de ejercer este derecho.
En Estados Unidos, la situación es aún más compleja y grave. Muchos estados han implementado restricciones draconianas al aborto, lo que ha provocado un aumento en los casos de mujeres que son perseguidas, criminalizadas y sometidas a traumas físicos y emocionales devastadores. En estados como Texas o Alabama, donde el aborto ha sido prohibido o extremadamente restringido, las mujeres que buscan interrumpir un embarazo se enfrentan no solo a barreras médicas, sino también a la amenaza real de ser procesadas penalmente.
Las consecuencias de estas leyes restrictivas son aterradoras. No solo aumentan los riesgos médicos para las mujeres al forzarlas a continuar embarazos no deseados, incluso en casos de violación o riesgo para su salud, sino que también crean un entorno de miedo y persecución.
Si creemos estar lejos de eso, deberíamos refrescar la memoria. Alberto Ruiz-Gallardón, quien fue ministro de Justicia de España entre 2011 y 2014 bajo el gobierno de Mariano Rajoy, intentó impulsar una controvertida reforma de la ley, que pretendía restringir significativamente el acceso al aborto, eliminando la posibilidad de interrumpir el embarazo libremente dentro de las primeras 14 semanas, y limitando el aborto a supuestos muy específicos. Le costó el puesto, pero su experiencia marcó uno de los intentos más restrictivos de modificar los derechos reproductivos en España desde la transición democrática.
El caso es que tenemos el derecho al aborto garantizado, de momento, por ley, pero falta garantizar su acceso a todas, independientemente de nuestro lugar de residencia o situación económica. La falta de acceso y la criminalización del aborto no solo comprometen la salud y el bienestar de las mujeres, sino que perpetúan desigualdades estructurales con las que deberíamos acabar.