Seguimos sin fumata para los problemas relacionados con la vivienda. No sé si nuestra clase política se da cuenta de que la gente no comprende que la economía española vaya como un tiro al menos en lo que a macro se refiere y que , a la vez, las familias tengan numerosas problemas para encontrar una vivienda digna y a un precio asequible. Entiendo que es un reto que no se arregla en dos días pero me llama mucho la atención que haya consenso en que esta es la principal preocupación ciudadana y que sin embargo los grandes partidos sean incapaces de cerrar un gran pacto para resolverla. Los ciudadanos quieren más soluciones y menos peleas y hasta ahora lo único que he escuchado por parte de ambas formaciones es descalificación política. La gravedad del problema exige el máximo compromiso para buscar soluciones.
Lo deseable sería que el PSOE y el PP se pusiesen de acuerdo en un plan conjunto y se comprometiesen públicamente a llevarlo a cabo. Ninguna administración tiene la capacidad suficiente para afrontar el desafío por si sola, y los ciudadanos están literalmente hartos de promesas y de enfrentamientos que no llevan a ningún sitio. Es hasta un tanto grotesco que el PSOE culpe de todos los males al gobierno del PP. Pedro Sánchez y su ejecutivo llevan siete años en el poder y hasta ahora no han hecho nada que haya solventado ni siquiera parte del problema. Los dos partidos desde sus respectivos gobiernos anteriores, son responsables de la situación a la que hemos llegado y por tanto tienen la obligación y el compromiso con la ciudadanía para llegar a una solución. La dificultad para acceder a una vivienda y todos tenemos casos cercanos, se ha convertido en una cuestión de Estado y es el principal problema que afecta a los españoles. Provoca la mayor parte de la desigualdad de la riqueza y es un obstáculo para que los jóvenes se vayan de casa de sus padres y tengan hijos.
Entrando en el debate de las ideas propuestas comienzo subrayando algo que es muy simple pero necesario. Ninguna propuesta va a triunfar sin la cooperación del Gobierno central, las autonomías y los Ayuntamientos. Además la colaboración público-privada y el reconocimiento de que no solo basta con la ley de mercado son un punto de partida. Pero para mi hay un punto fundamental que hasta ahora no se ha hecho y que incumple en cierta forma el espíritu por el que fueron creados. La nueva empresa estatal que propone el Gobierno debe garantizar que los pisos protegidos al cabo de un tiempo van a ser privatizados. De esta forma aumentaría la oferta y se evitaría la privatización del parque público de vivienda que muchas veces acaban en manos de fondo buitre. La demanda se ha disparado entre otras cosas porque hay más gente de fuera, por la falta de suelo disponible y por la especulación de los grandes fondos. Esto es el motor y luego viene el intento de limar diferencias en dos modelos que son diferentes y que supone el choque de dos modelos ideológicos. En grandes líneas la receta del Gobierno es intervención del mercado para limitar la especulación y la del PP pasa por rebajas fiscales y liberalizar el suelo.
No obstante, si miramos a las medidas de ambos partidos, encontraremos bastantes similitudes. Para comenzar unos y otros han entendido que cualquier iniciativa vinculada a la vivienda debe incluir a los propietarios. Se trata de darles seguridad jurídica y de que no retiren sus pisos del mercado. Esto es lo que ha pasado en los últimos tiempos a pesar de que miembros del gobierno han negado hasta ahora que la falta de oferta tuviese que ver directamente con el miedo que para muchos propietarios ha supuesto poner su inmueble en alquiler. Las dos partes coinciden también en que hay que involucrar a los promotores para que sean cómplices de la situación excepcional en la que vivimos convenciendo a los que afirman de ellos que están en el lado malo de esta historia. PSOE y PP coinciden además en que los tiempos de la burocracia urbanística y administrativa es un freno enorme y que hay que ayudar a todos nuestros jóvenes y familias con menor poder adquisitivo para que tengan acceso a una vivienda digna. Otro debate sería cómo se puede hacer esto sin que al resto nos inflen a impuestos lo que en mi opinión también sería injusto porque a los ciudadanos no nos toca ser escudos sociales. Lo que se ha puesto sobre la mesa al menos de momento es ayudas directas o subida del tipo fiscal y esto influye a nuestros bolsillos.
Hay diferencias por tanto y también puntos en común y por eso quiero ser positiva y subrayar que después de analizar diferencias y similitudes el acuerdo es posible siempre y cuando haya libertad. No es necesario que haya pasión para encontrar puntos de contacto entre el Gobierno y la oposición. Basta con debatir y acordar con urgencia una política pública que afronte el problema de acceder a una vivienda. Por eso y a riesgo de ser reiterativa recalco que es necesario el acuerdo de todas las administraciones que tienen competencias en el ramo: Ejecutivo central, comunidades autónomas y ayuntamientos sean del color que sean. Ese el primer objetivo. Después toca agilizar las medidas porque las propuestas que ha hecho el Gobierno podrían ser eficaces en cinco años, no antes. Las recetas tienen que tener repercusión inmediata porque necesitamos también medidas que funcionen a corto plazo. Se trata de ser ambicioso sabiendo el reto al que nos enfrentamos. ¿Y si se encierran todos los actores implicados en un hotel de la ciudad que decidan en vez de hacer foros cada uno por su cuenta? Si yo tuviese mano no les dejaba salir hasta que saliese la fumata blanca de la solución de la vivienda.