No hace tanto tiempo, al pasear por cualquier calle española, era común tropezar en los portales de las casas o en ventanas y balcones con aquellos cartelones en negro y naranja. “Se Vende” o “Se Alquila”, junto con un teléfono o “preguntar en portería”. Eso ya no existe, pertenece a una estampa del pasado. Como lo son las promociones de viviendas en los nuevos barrios. Imágenes de una España en desarrollo, que crecía por los PAUS o por los extrarradios como muestra de su potencial.
El país por excelencia de la burbuja inmobiliaria, que explotó violentamente en 2007 como una pompa de jabón, se ha quedado sin pisos, sin apartamentos, sin casas, casi sin habitaciones para vender o para alquilar. Y las pocas que hay, lo hacen a un precio desorbitado, muy alejado de muchos bolsillos, en especial de los de los jóvenes, que viven bajo la dictadura del precariato. Una precariedad caracterizada por bajos sueldos para una sociedad en la que un café vale cerca de 2 euros, un kilo de tomates unos 5 euros y una simple lata de sardinas en conserva, 3 euros.
Los economistas califican técnicamente la situación como un problema de oferta. En otras palabras, dado que la oferta de nueva vivienda es muy inferior y no satisface la demanda, los precios se disparan por las nubes. Y, entonces, aparece un problema de primera magnitud con un enorme impacto en las personas, en las familias y en las propias sociedades. La juventud no se emancipa de la casa de sus padres y, por tanto, no puede construir un proyecto de vida ni formar una familia.
La situación, no cabe duda, se ha agravado por el creciente peso de la población inmigrante y extranjera y, cómo no, por la irrupción relativamente reciente de los denominados pisos turísticos. A muchos caseros, les trae más cuenta destinar su propiedad al turismo que a contratos de larga duración. Y, por supuesto, no es un tema menor el fenómeno de los “ocupas” que acobarda a muchos propietarios.
La escalada de precios
El Banco de España en su “Informe anual de 2023”, magnífico como todos los suyos, cifra el déficit de viviendas hasta 2025 en una magnitud de 600.000, pese a que registra unos 4 millones de viviendas vacías o desocupadas. Señala que el parque de viviendas se sitúa en 27 millones de unidades, de las cuáles un 70% son vivienda habitual y un 13% se alquila. Una parte importante de estas viviendas se encuentran en pésimas condiciones de habitabilidad.
Concentra el déficit principalmente en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Alicante. Atribuye a los pisos turísticos un peso de un 10% en el conjunto del mercado del alquiler y el 1,8% del mercado residencial, es decir alrededor de 350.000 viviendas.
Tanto jóvenes, como población extranjera, copan por sus menores rentas el mercado del alquiler. Un mercado cuyos precios entre 2015 y 2022 han crecido un 28,5%. Los particulares representan el 92% de los propietarios de viviendas en alquiler, siendo el peso del arrendamiento social muy bajo, estimado en 300.000 unidades, un 1,5%.
El Banco de España también se atreve a hacer recomendaciones, impulsando un parque de vivienda público hasta alcanzar 1,5 millones de vivienda social en régimen de alquiler. También recomienda la colaboración público-privada con medidas como la cesión de suelo público, la concesión de avales y las ayudas financieras.
Un problema enquistado
El esfuerzo para comprar una vivienda es de 7,3 años, el doble del periodo 1987-2000, mientras que para el alquiler se sitúa en un 22,5% de la renta bruta de un hogar mediano, llegando a un 45% entre las economías más modestas.
El problema está tan enquistado, es tan profundo, que la sociedad rumia la protesta. La solución no es fácil, no está al alcance de una declaración de relaciones públicas en medio de cámaras de televisión y micrófonos de radio.
El Gobierno y el Partido Popular (PP) se han apresurado en los últimos días en poner sobre la mesa del debate sus hipotéticas soluciones. Y lo han hecho desde ópticas distintas. El Gobierno con doce medidas que desprenden un aroma a intervencionismo. Y el PP, reuniendo a su poder autonómico, para ofrecer una receta basada en el estímulo fiscal, El Gobierno de progreso del presidente Sánchez no es la primera vez que aborda el problema de la vivienda con grandes declaraciones y promesas no cumplidas de construcción de vivienda asequible.
Lo lamentable es que, para resolver un problema tan mayúsculo, que lastra la vida de una generación de españoles, los partidos no sean capaces de alcanzar un acuerdo conjunto que movilice a las administraciones y converja con la participación del sector privado tanto el promotor como el constructor y el financiador. En lugar de eso, la vivienda es otro espacio para lanzarse los trastos a la cabeza.
La solución al problema exige voluntad, determinación y tiempo. Pero este país, ha demostrado, en varias ocasiones, su capacidad para construir vivienda en grandes volúmenes. La receta es conocida. Se necesita suelo edificable, agilizar la concesión de licencias urbanísticas y fomentar la rehabilitación de viviendas, edificios y barrios. Se precisa una colaboración público-privada que facilite la promoción y la oferta de una vivienda de alquiler social. Se precisan avales y ayudas financieras. Y, por supuesto, una legislación que proteja al casero de la ocupación.
La fórmula no es otra que colaboración y entendimiento. En lugar de eso, nos encontramos con el Goya de “Duelo a garrotazos” de la Quinta del Sordo.