El reciente y desgarrador suicidio de dos hermanas en Barcelona, de 54 y 64 años, que se arrojaron de madrugada por el patio interior del piso de donde iban a ser desahuciadas esa misma mañana, ha sacudido nuestra conciencia colectiva. Las hermanas, en sendas cartas de suicidio, vincularon su desesperada decisión a la pérdida inminente de su hogar. Esta tragedia desgraciadamente es más común de lo que pensamos. Si bien no hay estadísticas oficiales, con los datos que manejan las Plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAH) y las publicaciones de los medios de comunicación, al menos 55 personas se suicidaron en España antes de que les desahuciaran de sus viviendas en 2023.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? España se ha convertido en el país de la zona euro con mayor riesgo de pobreza, según datos publicados por Eurostat en el mes de junio de 2024 basados en el indicador AROPE. Se trata de personas que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días, ni sustituir ropa estropeada por otra nueva, o bien disponer de dos pares de zapatos en buenas condiciones. Y ya no hablamos de costearse una conexión a internet.
Pues bien, casi un 27% de la población en España no puede cubrir estos mínimos. Solo nos superan Rumanía y Bulgaria. La media de la UE se sitúa en el 21,4%. Y si bajamos al fango de los datos por colectivos, y nos fijamos en las mujeres, el riesgo de pobreza o exclusión social fue superior para nosotras en toda la UE. Según Eurostat, en 2023, el 22,4% de las mujeres en la UE estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, en comparación con el 20,3% de los hombres. También la crisis de vivienda que sufrimos en España nos afecta más a las mujeres, especialmente a las madres solteras y a las mujeres mayores.
España es uno de los países de la Unión Europea con menos vivienda pública construida. Su peso sobre el total de viviendas principales (2,5%) es seis puntos inferior a la media europea (9,3%), según el Boletín especial Vivienda Social 2020 del Observatorio de Vivienda y Suelo. Lejos nos quedan aquellos territorios que se han tomado en serio la vivienda social, como Países Bajos, cuyo parque de vivienda pública representa un 30% del total; Austria, con un 24% y Dinamarca, con un 20,9%.
La única solución a este problema del que hablamos a diario sin llegar a acciones decididas por parte de los partidos que están al frente de las administraciones implicadas, que son todas -desde el Ministerio hasta los Ayuntamientos, pasando por los gobiernos autonómicos- es un pacto de estado, igual que el que se estableció para acabar con ETA. Porque las medidas coyunturales que anuncia el Ministerio de Vivienda, de destinación de hasta 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler social, o la promesa de construir 43.000 viviendas más dedicadas al alquiler a precios asequibles, o el anuncio del alcalde de Barcelona de no prorrogar las 15.000 licencias a pisos turísticos para inyectar esas viviendas en el mercado del alquiler residencial a partir de 2028, son medidas que no tienen fuerza suficiente para modificar el mercado de la vivienda.
Para abordar esta crisis se necesita responsabilidad política de todos, articulada a través de un plan serio que por necesidad desbordará la legislatura actual y unas cuantas más, cuyo objetivo ha de ser ampliar el parque de vivienda pública para cubrir las necesidades de la inmensa población que menos tiene en España, que a menudo es población femenina, y de paso convertirse en un sector con un volumen suficiente para que sea capaz de influir en el mercado libre de alquiler.
Esto no pasará hoy, ni este año, ni esta legislatura, y vaya usted a saber si ahora que hemos iniciado el camino de la negociación entre el PP y el PSOE, seamos también testigos de una sensibilidad particular de ambos hacia este tema, pero el suicidio de las hermanas en Barcelona es una llamada urgente a la acción. Porque las políticas que abordan la pobreza nos hablan a nosotras. Y la inacción, mata.