Cuando se conoció que Álvaro García Ortiz había borrado los mensajes de su móvil de los días correspondientes a los hechos por los que se le investiga, Pedro Sánchez aseguró desde Bruselas que esto demostraba que no había nada, y pregunto quién iba a pedir perdón al fiscal general del Estado. El presidente quiso con ello confundir deliberadamente a la opinión pública, porque una cosa es ser inocente y otra borrar posibles pruebas que te incriminan con la excusa de seguir un protocolo de seguridad, y que quien lo haga sea el jefe máximo de la Fiscalía. A quien no ha engañado ninguno de los dos es al juez del Supremo, Ángel Hurtado, que ha citado a declarar a García Ortiz porque hay indicios de que efectivamente reveló datos secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El magistrado va incluso más lejos y señala en su auto que el mail en el que Alberto González Amador se mostraba dispuesto a llegar a un acuerdo con la Fiscalía admitiendo que había cometido dos delitos fiscales fue enviado por el Ministerio Público a Moncloa para utilizarse “con una clara finalidad” política.
Desde el principio todo apuntaba precisamente a eso, a que Moncloa y la Fiscalía se coordinaron para orquestar una operación contra una de sus principales rivales políticas, lo que no implica presuponer que la pareja de la presidenta sea inocente. La justicia dará o quitará razones, y veremos si las diligencias que ha pedido el juez y las declaraciones que todavía quedan pendientes, lo pueden demostrar ante el Supremo, pero esto se asemeja al llamado test del pato: “Si parece un pato, nada como un pato, y grazna como un pato, entonces probablemente sea un pato”.
Lejos de amilanarse, los afectados por este escándalo ni se han inmutado. Álvaro García Ortiz seguirá en su puesto, y el Gobierno continuará defendiendo a “su” fiscal general del Estado argumentando que aquí, como en el caso de Begoña Gómez y el del hermano de Sánchez, “no hay nada”. Por si acaso lo hubiera, eso sí, el Ejecutivo se ha lanzado a hacer lo que mejor sabe para coartar la acción de los jueces: modificar las leyes. Lo hizo con la sedición, con la malversación y con la Ley de Amnistía. Y para evitar cualquier posible opinión en contra del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado ha elegido hacerlo mediante una proposición de ley orgánica, cuyo título no deja de ser irónico: “De garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas”. Dicho así, parece que los defendidos somos los ciudadanos, pero nada más lejos, lo que quiere Sánchez es blindar lo suyo y a los suyos, porque el carácter retroactivo que se le quiere dar a la norma conllevaría varios efectos prácticos, entre otros, que los casos de Begoña Gómez y de David Sánchez quedarían archivados, y que Puigdemont podría volver a España.
La iniciativa del PSOE es incluso mucho más cínica si se recuerda que ellos mismos han estado y están personados en casos como Gürtel, Púnica, Lezo, Alvise o el mismo del novio de Díaz Ayuso. Los socialistas siempre se han mostrado críticos con la idea de “legislar en caliente”, pero en esta ocasión no les ha dolido prenda hacerlo porque el problema es que estos casos más que calentar, están quemando al Gobierno y Sánchez no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados, ni a pedir perdón. Seguirá pensando hasta el final que él es el agraviado y, como decía Gonzalo Torrente Ballester: “A secreto agravio, secreta venganza”.