«La belleza de toda mujer, haya tenido hijos o no, emana de su capacidad de traer hijos al mundo.» Semejante frase, de contenido estremecedor, no fue escrita por un misógino franquista. Fue pronunciada hace tan solo dos días en una sala del Senado del Reino de España, en voz bien alta y pública. La dijo una representante de la Fundación NEOS, que lucha entre otras cosas contra el aborto o el matrimonio homosexual desde posturas supuestamente «cristianas».
Ya lo saben, supongo: lo que se celebró el lunes en nuestra Cámara Alta fue la VI Cumbre Transatlántica por la libertad y la cultura de la vida (tramposo nombre, desde luego), un encuentro de algunos de los más renombrados antiabortistas, antifeministas y homófobos procedentes de diversos países, siempre amparados en su interpretación mezquina de los principios cristianos.
Muchas de las cosas que se oyeron el pasado lunes en esa sala podrían figurar en una recopilación de las mayores barbaridades del momento. Basta recordar que Jaime Mayor Oreja, presidente de esa Fundación NEOS, aseguró textualmente que «entre los científicos, fundamentalmente están ganando aquellos que defienden la verdad de la creación frente al relato de la evolución». Es decir, el Génesis en su literalidad, algo que creíamos superado desde hace al menos siglo y medio.
Pero quizá ese asombroso negacionismo de la ciencia sea lo menos grave de todo lo que se dijo allí. Las palabras de los (y las) intervinientes negando el derecho al aborto, la contracepción, la igualdad, la eutanasia, las relaciones homosexuales, la transexualidad o las familias diversas, y criminalizando la inmigración mientras daban alas a la teoría del «gran reemplazo», reflejan ideas crueles y generadoras de odio hacia quien no piensa o vive como tú. El caso más impresentable fue el de la parlamentaria ugandesa Lucy Akello, que ha sido una de las promotoras de la Ley anti LGTBI de su país, aprobada en 2023. Esa ley condena a muerte —a muerte— a quienes practiquen la «homosexualidad agravada», es decir, habitual, y a cadena perpetua a quienes lo hagan de manera ocasional. El lunes, esa señora —cristiana, dice ella— se atrevió a defender su postura a favor de la pena capital en nombre de la «búsqueda del bien», mientras desde la misma tribuna otros comparecientes hablaban de «la cultura de la muerte» para referirse al aborto o la eutanasia.
Que un encuentro semejante haya podido celebrarse en nuestro Senado es realmente inadmisible. Los miembros de la Mesa de la Cámara que representan al PSOE deben asumir su descuido por haber aprobado la cesión del espacio hace unos meses sin molestarse en averiguar qué escondía de verdad la cumbre. Pero la verdadera responsabilidad ha sido del PP, que se negó en dos ocasiones a revocar el permiso a pesar de habérselo pedido casi todos los partidos una vez que se supo lo que había detrás del rimbombante nombre. El mismo lunes, la vicesecretaria de Educación y Sanidad del Partido Popular, Ester Muñoz, salió a defender esa actitud asegurando que mientras las personas manifiesten «sus opiniones dentro del respeto constitucional y del Estado de Derecho» no se les puede negar un espacio.
Lo que ocurre es que buena parte de esas opiniones no respetaron nada, ni la Constitución, ni el Estado de Derecho ni, sobre todo, los derechos humanos. Criminalizar lo que a ti no te parece defendible desde el punto de vista de la moral privada no es respetuoso. Y defender la pena de muerte contra quien ama o desea en parámetros distintos de los normativos es, simplemente, una abyección que un país democrático no debería permitir. Quizás incluso un delito.
No estamos hablando de una anécdota. En el encuentro se repitió varias veces la idea de que «están ganando». Viendo lo que ocurre en estos momentos en diversos países occidentales y lo que acaba de suceder en las presidenciales de Estados Unidos, es probable que tengan razón. Pero que esas ideas retrógradas, excluyentes y despiadadas vayan extendiéndose no las convierte en respetables: no lo son, puesto que contribuyen a arrasar el respeto hacia los demás, generan odio y, en último extremo, justifican la violencia.
Cederles un espacio público fundamental en nuestra democracia para que puedan blanquearse, y contribuir de paso a su difusión, es no solo un error, sino también una burla a buena parte de los militantes y los votantes de ese partido que los ha arropado. ¿O es que entre quienes forman parte del PP o lo apoyan no hay mujeres que abortan, homosexuales, enfermos terminales que desean dulcificar su muerte o incluso inmigrantes de los que vienen a «reemplazarnos» a los miembros de no sé qué etnia de la que también se habló el lunes? Creo que la gente sensata no debemos cansarnos de repetirlo: la derecha moderada se equivoca entregándose alegremente a las dañinas ideas de la ultraderecha porque, como demuestra la historia, terminará devorada por ella.