La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) es el organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria a alrededor de 1.500.000 personas. Se creó por la Ley 29/1975 de 27 de junio con la única finalidad de gestionar el sistema de mutualismo para este amplio colectivo. Se trata de un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trasformación Digital y Función Pública, que dirige Oscar López. Cuenta con un presupuesto cercano a los 2.000 millones de euros y una plantilla de 850 personas, incorporando la gestión del plan de pensiones de la Administración General de Estado, con 640.000 partícipes y 640 millones de euros. Estos datos aparecen en su página web. Como se apreciará, no son ninguna broma. Sus mutualistas eligen recibir la atención médico-sanitaria entre los servicios autonómicos de salud y las aseguradoras privadas Adeslas, Asisa o DKV. Alrededor de un 75% se inclina por la asistencia privada, por mucho que duela a algunos.
La renovación del concierto está poniendo el modelo en la sala de la UVI hospitalaria. Como ya es sabido, el pasado 5 de noviembre la licitación quedó desierta, pues la oferta planteada por el Gobierno implicaba un incremento del 17,2% para el primer año y un 0% para el segundo año. Sottovoce las aseguradoras se han cansado de trasladar que el concierto originaba pérdidas tras pérdidas anuales, por un monto que estimaban en alrededor de 200 millones. Pero el Gobierno, mirando al tendido, hizo oídos sordos a esta realidad, confiado en que las aseguradoras tragarían y se presentarían a la licitación. Pero no pasó así. Nadie concurrió y el asunto no sólo se ha convertido en una cuestión económica, sino que trasciende a lo político y, por supuesto, a lo social.
Privilegio
El caso ya venía generando un debate derivado de la situación de privilegio del funcionario -ocurre igual con militares y funcionarios de justicia- de poder disfrutar de asistencia sanitaria privada a costa del Presupuesto General del Estado. Pero también, se alzaron las voces de representantes sindicales del colectivo, indicando que muchos de sus representados no disponían de capacidad adquisitiva para gestionarse un seguro privado. Y, por supuesto, los defensores de la sanidad pública no perdían la oportunidad para mostrar su incomprensión ante el hecho de que un gobierno tan progresista como el que nos dirige fomente y financie con presupuestos públicos la sanidad privada de 1.500.000 funcionarios.
Pero, a partir de ese 5 de noviembre, Muface se ha convertido en un paciente en la sala de espera hospitalaria al que todos quieren cuidar, pero al que nadie atiende y cura.
Estos últimos días se está asistiendo a una astracanada gubernamental sólo comparable a la protagonizada con el guadianesco impuestazo a las empresas energéticas. Un gravamen que aparece y desaparece, que se enmascara y desenmascara, que se supone que se impondrá, pero que no se cobrará, pues su tipo no se aplicará sobre las empresas con programas de descarbonización. Es decir, todas. Somos tontos o lo parecemos. O, igual, lo son ellos. A veces, estas situaciones, me recuerdan al genial Gila de mi infancia y juventud.
Volviendo a Muface. Esta semana, el Gobierno ha tenido dos reacciones opuestas que le colocan, nos colocan, ante el espejo de la esquizofrenia política más deplorable. Mónica Garcia, ministra, madre y médico, que exhibe esas 3emes unidas a la mayúscula de su nombre de pila, por su cuenta y por su riesgo, sin el menor sentido de pertenencia a un Gobierno, sin el menor atisbo de responsabilidad ante un asunto que quema como sólo lo hace una patata caliente entre las manos, se ha descolgado con una incendiaria propuesta digna de la inveterada vocación de restar de ese partido, o aglomerado, llamado Sumar. El Ministerio de Sanidad, que tan orgullosamente dirige Mónica García, publicó un informe de 18 folios en el que entusiásticamente defiende que la totalidad de los funcionarios de Muface pasen a ser sostenidos por la sanidad pública, dado que es “una opción tanto viable como razonable”, pues el modelo de Muface “no es sostenible”. De paso, tildó a las aseguradoras del pecado de “avaricia” por “seleccionar a los pacientes más rentables”, cuando el propio modelo impide la selección de riesgos, al ser el mutualista el que elige la entidad, sin que esta pueda rechazarle, y es la Administración la que establece las coberturas. La reacción no se ha hecho esperar, empezando por los sindicatos de funcionarios y acabando por el propio ministro Oscar López. A las 24 horas, Función Pública lanzaba una consulta preliminar de mercado en la que solicitan a las aseguradoras el coste del concierto para el periodo 2025, 2026 y 2027. Esta consulta indica fehacientemente que el Gobierno sigue adelante con los planes para renovar el concierto y que no quiere a volver a sentir la orfandad del vacío en la respuesta del sector privado.
Estos vaivenes, estas inconsistencias, esta cortedad de criterio no hacen otra cosa que elevar el malestar entre aseguradoras, funcionarios y sindicatos. Estos últimos han advertido de movilizaciones pues rechazan el paso a la sanidad privada. También hay posibilidad de recortes y despidos en las aseguradoras, con un impacto en hospitales, centros de análisis y clínicas.
Un informe económico encargado por Adeslas señala que para conseguir un balance se necesitaría un incremento del 27% en 2025 y otro adicional del 9% en el 2026. El Gobierno parece animado a presentar un pliego aceptable por los privados, pese que la ministra de Sanidad haga lo posible por boicotearlo.