El reciente acuerdo entre el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (PP), y Vox para aprobar los presupuestos de 2025 ha generado un intenso interés. Este pacto ha sido respaldado por la dirección nacional del PP, que considera el modelo valenciano como un ejemplo a seguir en otras comunidades autónomas gobernadas por el partido.
Como es de esperar, la oposición ha criticado duramente este acuerdo. Diana Morant, del PSPV-PSOE, califica el pacto como un “pacto de la vergüenza”, destacando la sumisión del PP a Vox. Joan Baldoví, de Compromís, acusa a Mazón de “venderse” a Santiago Abascal para ganar tiempo y evitar su dimisión.
Más allá de los beneficios personales que este acuerdo pudiera reportar a Mazón, una de las principales controversias de la alianza es la crítica al Pacto Verde Europeo que conlleva y la adopción de políticas más estrictas en materia de inmigración. Vox ha logrado que se incluyan medidas como la expulsión de menores migrantes y la oposición al Pacto Verde impulsado por Ursula von der Leyen.
La que a todas luces es una contradicción flagrante y peligrosa es negar las virtudes del Pacto Verde Europeo en unos presupuestos que se venden como los de la reconstrucción de la DANA. Asumir los postulados de Vox sitúa a Mazón en el punto de partida que originó la pérdida de 227 vidas humanas, la de despreciar el conocimiento científico.
El Pacto Verde Europeo es una estrategia integral con el objetivo de convertir a la Unión Europea en una economía climáticamente neutra para 2050, reduciendo los gases de efecto invernadero que están extremando fenómenos como la Dana. El presidente valenciano, lejos de haber tomado conciencia de los errores cometidos en planificación urbanística, por ejemplo, se acerca a posturas negacionistas.
La reconstrucción de infraestructuras dañadas es una prioridad, y son diversos los expertos que advierten que es un error reconstruir sin adaptar las infraestructuras al cambio climático. Un análisis detallado reveló que aproximadamente el 30% de las viviendas afectadas en Valencia fueron construidas en zonas inundables durante la burbuja inmobiliaria. Estas áreas, identificadas en el Plan de Acción Territorial sobre Riesgos de Inundación (Patricova) aprobado en 2003, fueron desarrolladas urbanísticamente a pesar de su vulnerabilidad histórica a inundaciones.
El Centro Ibérico de Restauración Fluvial señala en otro estudio cómo las infraestructuras mal planificadas, como puentes inadecuadamente dimensionados y construcciones en llanuras inundables, alteraron los flujos naturales del agua, exacerbando los efectos de la inundación. Zonas residenciales, escuelas y servicios públicos se vieron gravemente afectados debido a su ubicación en áreas de alta vulnerabilidad.
En respuesta a esta tragedia, el Gobierno valenciano aprobó un decreto ley para agilizar la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA. Esta normativa permite la creación de planes urbanísticos especiales, reduciendo significativamente los plazos de tramitación y facilitando la reubicación de viviendas y polígonos industriales fuera de las zonas de riesgo. Pero esto no es suficiente si se niega la mayor, que la causa de esta DANA histórica está vinculada a la emisión de gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático.