El Gobierno de progreso que con mano de hierro nos gobierna, ejerciendo incansablemente el diálogo consigo mismo, con los fugados de Waterloo, con los grupos nacionalistas y separatistas y con los agentes sociales llamados sindicatos, para luego imponer sus decisiones en las páginas del BOE mediante reales decreto o mediante acuerdos parlamentarios de exhibida o ignorada contraprestación, es una máquina imparable de subir impuestos. La fiesta del gasto público la pagan los contribuyentes, ya sean particulares o sociedades.
Desde que el presidente Pedro Sánchez accedió a la Moncloa, el Gobierno de progreso ha aprobado ni más ni menos que 81 subidas de impuestos y cotizaciones. Un informe del ultraliberal o libertario, hay que decirlo para que nadie se lleve a engaño, Instituto Juan de Mariana, concluye que entre 2019 y 2023 estos cambios han permitido aumentar la capacidad recaudatoria del Ministerio de Hacienda en 42.000 millones de euros, es decir, unos 2.200 euros por cada hogar español. En esta estimación no se puede soslayar el impacto del efecto de la inflación.
El año 2025 amanece con el anuncio de doce nuevas subidas de impuestos. Allí aparecen la nueva tasa de basuras, el IVA de alimentos básicos y de la electricidad, el fin de las deducciones por reformas de vivienda, el ahorro del IRPF, el tabaco, los vapeadores, sociedades y no sigo para no asustar al acobardado lector. El año 2024 no quedó huérfano de incrementos, pues se tocaron los valores catastrales, transmisiones, actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones y etcétera. En 2023, los ingresos tributarios ascendieron a 272.000 millones, un 6,4% más que el año precedente. En los dos ejercicios anteriores, la recaudación había subido alrededor del 15% por año. No olvidemos que el PIB experimentó en 2023 un aumento del 2,6%. Por tipología, el IRPF creció un 10%, Sociedades un 9%, el IVA, un 1,6%, y los Impuestos Especiales, un 2,6%. A esta cantidad habría que añadir los 185.000 millones de euros de las cotizaciones sociales.
El gasto público es el sueño húmedo de cualquier gobernante. Cuanto más, mejor. En 2023, el gastó público español ascendió a 450.000 millones de euros. El 56% se destinó a protección social; solo las pensiones chupan 190.000 millones, a lo que hay que sumar desempleo y demás.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) acaba de publicar el noveno informe del Observatorio sobre el reparto de los impuestos entre los hogares españoles, elaborado por Julio López Laborda, Carmen Martín y Jorge Onrubia. El informe se centra en 2022 y, como dicen sus autores, “ofrece una fotografía bastante precisa y completa de la capacidad redistributiva de la intervención pública en España”.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
En uno de los muchos puntos que aborda, indica que la recaudación tributaria creció en ese periodo un 11,2% en términos agregados, haciendo que el tipo medio efectivo suba al 35% de la renta bruta de los hogares. Quiere decir que los hogares españoles solo disponen de un 65% para su supervivencia y disfrute. A ese 65% habría que restar los impuestos indirectos como el IVA y, por supuesto, la liquidez sobre ahorro o la inversión o los muchos que se pagan por sucesiones, donaciones, actos jurídicos, tasas, etc. Es decir, que cuando una familia media se quiere dar cuenta ha llegado a junio y todavía no ha sido capaz de llevarse un euro a su bolsillo.
El estudio indica que la recaudación aumentó en todos los tributos salvo en patrimonio e impuestos especiales. Pese a todo, el impacto redistributivo “es el más reducido de los últimos seis años”, señala el informe. La intervención pública reduce la desigualdad de renta un 32,5%, aportando los impuestos sólo un 2,8%. Por supuesto, prestaciones como pensiones o desempleo contribuyen con un 72% y servicios como la sanidad y la educación con un 25,2%.
El informe de FEDEA también señala que los hogares de los tres primeros quintiles de renta percibieron un subsidio medio, sumados impuestos y prestaciones; mientras los dos quintiles superiores fueron contribuyentes netos. “El saldo neto de la intervención pública en España, a través de impuestos y prestaciones públicas, deja de ser progresivo en el último tramo de la distribución de rentas brutas”, concluye el informe.
Los impuestos son necesarios, imprescindibles para el buen funcionamiento de la sociedad. Es un principio incuestionable. Es la única forma de financiar todos los bienes y servicios comunes, desde la sanidad y la educación hasta las infraestructuras y la seguridad. Asimismo, es la mejor forma para una redistribución de la riqueza. Sin impuestos no habría ni hospitales, ni carreteras, ni policía, ni pensiones, ni nada. No habría una sociedad desarrollada, equitativa y justa. Además, los países avanzados y que practican una política que busca la igualdad entre sus ciudadanos disponen de políticas fiscales progresivas para redistribuir la renta y la riqueza. Los que más tienen, no solo pagan más impuestos, sino que se les aplica tasas más altas. Yo creo en este modelo, pues estoy convencido de que explica el desarrollo social de los países más avanzados. Otra cosa son gobiernos que no cesan en su voracidad recaudatoria, subiendo tipos o creando nuevos tributos, esquilmando a particulares y empresas, generando inseguridad e inquietud, por su afán desmedido e ilimitado de aumentar el gasto público. A eso no se le llama progreso, es despilfarro y derroche.