Mientras Jordi Pujol mandaba en Cataluña, Marta Ferrusola mandaba en su casa. La matriarca crio con una fuerte autoridad a los 7 hijos Pujol Ferrusola en los valores del catolicismo, el catalanismo y la habilidad para hacer negocios. Cualquier madre bienestante en aquella Cataluña convergente que actuaba de bisagra con los gobiernos de Felipe González y posteriormente José María Aznar, podría haber aspirado a lo mismo. Construir una gran familia y un gran país. Durante décadas, en casa de los Pujol Ferrusola una y otra cosa parece que se confundían.
Por eso Marta Ferrusola acabó siendo acusada de blanqueo de capitales, fraude fiscal, delito contra la hacienda pública y organización criminal. La acusación de haber colaborado en la ocultación de fondos en paraísos fiscales y de haber utilizado complejas estructuras financieras para evadir el pago de impuestos, ha estado ampliamente documentada en diversas investigaciones judiciales que afirman que la fortuna familiar habría sido amasada a través de prácticas corruptas durante décadas.
Una de las pruebas más contundentes en contra de Ferrusola es una carta que envía a Banca Reig, digna de ser exhibida en el vestíbulo de la Agencia Tributaria. “Reverendo Mosen”, decía la misiva, “soy la madre superiora de la congregación, desearía que traspasara dos misales de mi biblioteca a la biblioteca del cura de la parroquia, el ya le dirá dónde se tiene que colocar.” Un misal sería un millón de pesetas, el cura de la parroquia podría ser Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito.
Esta carta fue escrita en 1995. Ese año Convergència Democràtica de Catalunya se encontraba en una posición de considerable influencia y poder en el panorama político catalán y español. Pujol llevaba 15 años en la presidencia de la Generalitat. En las elecciones municipales y autonómicas de aquel año, CiU mantuvo su dominio. En el Congreso de los Diputados, el PSOE empezaba a tambalearse cercado por los escándalos. Cataluña aprovechaba su vulnerabilidad en la negociación de los presupuestos, política que más adelante podría prolongar con el primer ascenso del PP. Cataluña iba bien. Los negocios familiares, también.
Ya hacía una década que Marta Ferrusola era accionista de Hidroplant, una empresa de jardinería que pronto tendría importantes clientes. En 1999, Hidroplant obtuvo un contrato sin concurso público en el puerto de Barcelona. Era el tercero que conseguía en la entidad, este de más de 20 millones de pesetas. La autoridad portuaria era nombrada por el Gobierno catalán, el edifico del puerto que ornamentaría Hidroplant contaría con la inauguración de Jordi Pujol. En aquella Cataluña que todavía se consideraba un oasis, solo un cándido portavoz de Iniciativa per Catalunya declaraba que las relaciones de la familia Pujol-Ferrusola con el Gobierno catalán estaban bajo sospecha. La prensa no decía nada.
Sin embargo, el incendio sotobosque de la corrupción había activado la maquinaria policial y judicial que acabaría años después con la desaparición de CDC y el ocaso de la Familia Pujol. El escándalo de la concesión irregular de las ITV, el Caso Pretoria, el Caso Palau, la evasión fiscal admitida por el propio Jordi Pujol…
En 2015, cuando CiU pierde la Generalitat a manos del primer gobierno tripartito en Cataluña, Marta Ferrusola se siente ultrajada. “Es como si entran en tu casa y te encuentras los armarios revueltos, porque te han robado”, afirmaría tiempo después. Con la perspectiva de los años, se entienden los motivos no sólo políticos por los cuales lo sintió así.
Marta Ferrusola ha sido una figura central en uno de los capítulos más oscuros de la política española. Las acusaciones de corrupción y fraude fiscal contra ella y su familia no solo han afectado su legado personal, sino que también han erosionado la confianza pública en la política. Su historia es un recordatorio de los peligros del abuso de poder. Nos habría gustado saber qué decía la justicia sobre su acción en vida, pero el alzheimer que sufría obligó a archivar la causa. Nos vamos sin haber escuchado sus explicaciones y con la obligación de considerarla inocente porque no se ha podido demostrar lo contrario.