El problema del precio de la vivienda de alquiler en España, si alguna vez fue difícil para los jóvenes, hoy es insostenible. La mayoría de la población joven, especialmente aquella que vive en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, pero también está sucediendo en otras capitales como Valencia, se enfrentan a la imposibilidad de emanciparse debido a los altos costes del mercado.
En 2023, los alquileres subieron en España un 9,5% mientras los sueldos crecieron una media del 3,46%, y ese fue el mayor incremento de salarios de los últimos 15 años. Encontrar un piso de alquiler asequible es misión imposible. En Barcelona, se registran hasta 2.700 peticiones de visita por piso. De locos.
Pero anuncios como la prórroga del Bono Joven al Alquiler no solo no ayudan a paliar el problema sino que pueden agravarlo. Una ayuda de hasta 250 euros al mes para puede ser un respiro para quienes buscan independizarse a corto plazo. Pero rápidamente puede acabar influyendo en el mercado de manera negativa porque, sabiendo que los jóvenes tienen más dinero en el bolsillo gracias a la ayuda del Estado, los propietarios podrán aumentar el precio del alquiler. Es fundamental abordar la problemática de la falta de vivienda asequible, con políticas a largo plazo.
En España, la oferta de vivienda pública es mínima en comparación con otros países europeos, y la construcción de viviendas no ha avanzado al mismo ritmo que la demanda. La construcción de 50.000 viviendas de protección oficial en Cataluña, anunciada por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, hace apenas una semana, pareció dar un balón de oxígeno al mercado, pero ya ha sido señalada como insuficiente por la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya (APCE). Según los promotores, hay que acelerar el ritmo, construir más y más rápido, y hay que hacerlo en aquellos lugares en los que hay una demanda acreditada y realmente se necesita.
La necesidad en Cataluña está cifrada en 25.000 nuevas viviendas al año, según los promotores. En el conjunto del país, el Banco de España ha calculado que se deberían construir 600.000 viviendas hasta 2025 para suplir el déficit de inmuebles en el país. Pero si confiamos la solución exclusivamente a una linea exponencial de construcción, corremos el peligro de repetir el error de los años del boom inmobiliario y la explosión de la burbuja que generó. Es pertinente recordar que en 2004 España edificó más viviendas que la suma de Alemania, Italia y Francia, y a pesar del aumento de la oferta, los precios no pararon de subir.
Hay que construir más vivienda, pero también es necesario construir más vivienda pública y es razonable regular el precio de esta última manera permanente. La prerrogativa de que al cabo de 15 o 20 años esas viviendas pasen a recalificarse y adopten un precio libre ha provocado la desaparición de 4,7 millones de viviendas públicas del parque inmobiliario, contribuyendo a calentar el mercado, según un informe de CCOO Estudios.
No olvidemos tampoco que durante el tiempo que se tardará en construir toda la vivienda que falta, se deberá dar una respuesta a la necesidad de la ciudadanía. El control de los precios del alquiler es necesario y las comunidades autónomas que están retrasando su aplicación deberán dar una respuesta a sus jóvenes que no tienen cómo pagar una renta y mucho menos plantearse comprar.
La decisión de retirar las licencias de pisos turísticos en los mercados tensionados también parece necesaria. La influencia de las plataformas como Airbnb en el mercado del alquiler está demostrada por diversos estudios. Será interesante ver qué efecto tiene la irrupción de los 10.000 pisos turísticos que tiene activos Barcelona cuando en 2028 se retiren las licencias definitivamente. De tener buenos resultados, otras ciudades podrían copiar el ejemplo.
Y tenemos que ser conscientes de que el problema de la vivienda es acuciante y llegamos tarde. Habrán oído en múltiples ocasiones que hasta la Constitución ampara el derecho a la vivienda. Lo que habrán leído menos son las palabras textuales con las que lo articula: “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho [de la vivienda], regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. La ciudadanía asiste impávida al fracaso de la política en materia de vivienda a lo largo de toda la democracia.