En 2024, 43 mujeres han sido asesinadas en España a causa de la violencia de género, dejando tras de sí a 32 menores huérfanos de momento. En 2023 fueron 56 menores. En los últimos diez años, la violencia machista ha dejado más de 400 menores huérfanos, muchos de los cuales han presenciado cómo sus propios padres asesinaban a sus madres. A pesar de la magnitud de esta crisis, la sociedad y las instituciones han invisibilizado durante años el sufrimiento de estos niños y niñas, relegando sus historias a un segundo plano.
La gravedad de esta situación no solo radica en la pérdida irreparable de sus madres, sino también en el profundo impacto psicológico que acarrea. Los menores enfrentan traumas severos: estrés postraumático, ansiedad, miedo constante, e incluso culpa por lo ocurrido. En muchos casos, el sistema no provee apoyo psicológico suficiente, lo que provoca que estos jóvenes crezcan con cicatrices emocionales profundas que afectan su desarrollo personal y social.
A este dolor se suma un calvario económico y burocrático. Aunque existen ayudas económicas para huérfanos de violencia de género, estas son insuficientes y limitadas. Un problema recurrente es el tiempo que se tarda en administrarlas y que las ayudas directas se suspenden al cumplir los 25 años, independientemente de si el joven ha logrado o no su independencia económica. Además, el proceso de cambio de patria potestad o apellidos es lento y complicado, y a menudo los huérfanos, una vez cumplen la mayoría de edad, se enfrentan a la carga de deudas heredadas, como hipotecas o préstamos.
Esta situación ha sido documentada en el reportaje Huérfanos tras el silencio, realizado por las periodista Anna Grimau y la realizadora Sara Boldú para el programa Repor de TVE. Este trabajo ha sido reconocido con el Premio de Periodismo contra la Violencia de Género otorgado por la Fundación Aliados y el Premio Joan Gomis.
El reportaje se nutre principalmente de testimonios desgarradores, como el de Paquita, quien desde 2015 cuida a su nieto tras el asesinato de su hija, o Lucy, que en 2013 asumió la responsabilidad de cuidar a los tres hijos de su hermana, también víctima de violencia de género. Ambas mujeres relatan las enormes dificultades que enfrentan: desde procesos legales interminables que les impide la gestión del duelo.
Paquita cuenta cómo, tras el asesinato de su hija, decidió junto a su esposo cambiar el orden de los apellidos de su nieto para protegerlo, pero enfrentaron un proceso burocrático arduo y prolongado. Por su parte, Lucy, además de hacerse cargo de sus sobrinos, fundó la asociación “Todos somos Guacy”, dedicada a ayudar a familias que atraviesan procesos similares. Lucy explica cómo, en su caso, conseguir la custodia fue un proceso complicado, cargado de trabas legales que no consideraban la urgencia emocional de los menores.
Otro testimonio impactante es el de David, quien presenció cómo su padre asesinó a su madre delante de toda la familia. Hasta hace pocos años, en España no se retiraba automáticamente la patria potestad al progenitor homicida. Incluso, en casos extremos, el asesino podía llegar a cobrar una pensión de viudedad. Esto cambió en 2022 con la aprobación de la Ley Orgánica de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género, que garantiza que el asesino pierda todos los derechos parentales y que las ayudas lleguen directamente a los menores afectados.
Aunque esta ley ha supuesto un avance, sigue siendo insuficiente. Es urgente ampliar el alcance de las ayudas económicas más allá de los 25 años, especialmente cuando los huérfanos no son económicamente independientes. También se necesitan reformas para agilizar los procesos burocráticos, ofrecer un acompañamiento psicológico constante y crear mecanismos para aliviar las cargas económicas que estas familias deben asumir.