En las últimas semanas se ha generado un movimiento entre periodistas catalanas que marcará un antes y un después en las redacciones. Las redes sociales y los medios se han llenado de testimonios de colegas que han decidido hacer públicos los abusos y agresiones machistas que han sufrido en el ámbito laboral. Esta avalancha de relatos comenzó después de la denuncia de Ana Polo, colaboradora del programa L’Entrellat, de RNE-Radio 4, quien expuso una agresión sexual que sufrió hace 10 años cuando era becaria en un programa de radio presentado por Quim Morales. La valentía de Ana Polo ha abierto un debate profundo sobre las dinámicas de poder, el machismo y la cultura del silencio en las redacciones.
El caso de Ana no es aislado, ya que muchas otras mujeres periodistas han levantado la voz, compartiendo sus propias experiencias bajo la etiqueta #JoTambé. Periodistas como Mar Bermúdez, cuyo agresor, Saül Gordillo, fue condenado a un año de prisión por agredirla sexualmente en una discoteca tras una cena de empresa; y otras compañeras como Elena Parreño, Alba Carreras, Gina Tost o Llucia Ramis también han relatado las situaciones de abuso y acoso que vivieron. Algunos de los testimonios culminan en agresiones físicas, otros reflejan comentarios sexuales inapropiados, tocamientos no deseados, y otras formas de humillación y desprecio que forman parte de la cotidianidad en muchos medios de comunicación. Casi todas ellas han tardado en dar a conocer su experiencia por varios factores, entre ellos el miedo a no ser creídas y el temor a perder el empleo.
Mar Bermúdez ha sido de las pocas que se ha atrevido a acudir a los tribunales. Su denuncia contra Saül Gordillo, exdirector del digital El Principal, tuvo gran impacto. En los últimos días hemos visto claramente por qué tan pocas mujeres denuncian, gracias a Adolfo Carretero, el juez del caso Errejón. La falta de pruebas, el juicio social, el desembolso de dinero nada desdeñable de un proceso judicial y el abordaje patriarcal al que podemos ser sometidas por parte de determinados jueces hacen titánica la tarea de denunciar. Por otro lado, según datos de El País, ocho de cada diez agresiones sexuales se archivan sin llegar a juicio y solo una acaba en condena.
Pero los casos son espantosos. Como el del jefe que elegía a las becarias por su físico. Elena Parreño decidió explicarlo públicamente. A Alba Carreras la despidieron al explicar el acoso que sufría. El programa sorpresivamente no tuvo continuidad. A Gina Tost su acosador estuvo tres años persiguiéndola con una cascada incesante de mails, tras negarse a dejar a su novio. Llucia Ramis se encontró invitaciones inadecuadas y besos indeseados en diferentes medios por los que pasó. Al no aceptar, se la degradó de categoría. A Eva Piquer, su jefe de redacción, de 50 años, se abalanzó sobre ella cuando ella tenía 19. La lista es interminable.
En cuanto a la protección legal, las periodistas coinciden en que la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que obliga a las empresas a implementar medidas para prevenir el acoso sexual en el trabajo, no siempre se cumple. Muchas empresas tienen los protocolos exigidos por la ley para abordar estas situaciones, pero no los aplican. Un estudio reciente de Mèdia.cat sobre violencias machistas en el periodismo, reveló que, aunque el 54% de las mujeres encuestadas dijeron haber sufrido acoso sexual en algún momento de su carrera, solo en el 5% de los casos se activaron los protocolos contra el acoso.
El testimonio de todas estas mujeres pone de manifiesto la necesidad urgente de cambiar las dinámicas laborales en muchos ámbitos, también el del periodismo, que se hagan cumplir los protocolos contra el acoso y garantizar que las víctimas reciban el apoyo necesario. Es fundamental que las mujeres no tengan que elegir entre su bienestar o su carrera profesional.